La reunión se desarrolla en instalaciones del COED y cuenta con la participación de autoridades departamentales y nacionales, además de representantes de organizaciones sociales y otras instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana.
Fuente: Red Uno
Charles Muñoz Flores
El Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana se instala este miércoles 19 de agosto en Santa Cruz con una prioridad definida: enfrentar el avance del crimen organizado y la violencia que afecta a distintas poblaciones del departamento, especialmente en zonas fronterizas con Brasil.
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La sesión está prevista para las 09:00 en instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) y contará con la participación de autoridades departamentales y nacionales, además de representantes de organizaciones sociales y otras instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana.
Entre las autoridades que confirmaron su participación están el ministro de Gobierno, el viceministro de Seguridad Ciudadana, el alcalde municipal, el comandante departamental de la Policía y el comandante de la Octava División del Ejército, cuya incorporación al Consejo también será planteada durante la jornada.
Así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, quien adelantó que el principal tema de discusión será la lucha contra el crimen organizado.
“La prioridad al crimen organizado, porque es la que está azotando precisamente a varias poblaciones del departamento”, afirmó Santistevan.

El funcionario sostuvo que la problemática no puede ser abordada como hechos aislados en municipios como San Matías, San Ignacio o Puerto Quijarro, sino como un fenómeno que requiere una respuesta coordinada entre los diferentes niveles del Estado.
Según explicó, la presencia de organizaciones criminales también puede derivar en otros delitos, entre ellos hechos violentos, asesinatos vinculados al sicariato y conflictos relacionados con avasallamientos de tierras.
Santistevan advirtió que esta situación no solamente representa un problema de seguridad ciudadana, sino que también puede tener consecuencias sobre la actividad productiva y la seguridad alimentaria del departamento.
“Proteger a la población ahora se hace necesario y prioritario”, sostuvo.
Buscan cortar el ciclo entre captura y liberación
Otro de los puntos que serán debatidos está relacionado con el funcionamiento de la cadena de justicia y lo que ocurre después de la captura de presuntos delincuentes.
Santistevan planteó la necesidad de que Policía, Ministerio Público y órganos jurisdiccionales cumplan de manera efectiva las funciones que les corresponden para evitar que los procesos queden inconclusos.