Los efectivos son investigados tras la intervención de un vehículo que transportaba bidones con precursores químicos. La denuncia señala que habrían exigido $us 15.000 al conductor para devolverle el motorizado.
Fotografía referencial de un agente de la Policía. Foto: El Deber
Fuente: El Deber
Cuatro efectivos policiales fueron aprehendidos e ingresaron a una investigación por un presunto caso de extorsión en Montero, luego de que una denuncia señalara que habrían exigido $us 15.000 al conductor de una vagoneta que transportaba bidones con acetato para devolverle el vehículo y evitar acciones legales. El comandante del Norte Integrado de la Policía, coronel Marco Antonio Enríquez, negó cualquier vínculo con el hecho y aseguró que no existirá tolerancia frente a actos de corrupción dentro de la institución.
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Los investigados son el capitán Rubén Ch. F., el sargento primero Sandro Ch. H., el sargento mayor Rómulo M. S. y el sargento segundo Franklin C. Ch., quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), mientras avanzan las investigaciones.
Según explicó Enríquez, el caso fue conocido cerca de la 01:00 de la madrugada del viernes, luego de una llamada telefónica que alertó sobre presuntas irregularidades en la actuación de personal de Radiopatrulla 110 durante la retención de un vehículo con precursores químicos usados en la producción de cocaína.
La autoridad indicó que, tras recibir la denuncia, se trasladó junto a personal de la Unidad de Transparencia, la Fiscalía Policial y otras instancias hasta las dependencias policiales para verificar la situación.
«Se verificó que el vehículo estaba en el frontis del comando y que en su interior existían bidones. Se convocó a personal de la Felcn para realizar las pruebas de campo, estableciéndose que la sustancia contenida era acetato», explicó el jefe policial.
Enríquez sostuvo que el procedimiento seguido por los uniformados nunca fue reportado a sus superiores, pese a que el vehículo había sido trasladado desde la zona de Guabirá hasta instalaciones policiales.
«Este hecho no fue reportado ni por el jefe de seguridad ni por los patrulleros. Fue a partir de una llamada telefónica que la Unidad de Transparencia tomó conocimiento y se activó todo el protocolo de investigación», afirmó.
De acuerdo con el informe preliminar, la vagoneta fue encontrada aparentemente abandonada en la zona de Guabirá y posteriormente remolcada hasta dependencias de Radiopatrulla 110. Sin embargo, las circunstancias en las que fue intervenida y el paradero del conductor forman parte de las investigaciones.
Las pesquisas también buscan establecer la veracidad de la denuncia presentada por el conductor, quien afirmó que los cuatro policías le habrían exigido $us 15.000 para devolverle el motorizado y no iniciar un proceso en su contra.
El comandante regional evitó referirse al fondo de esa acusación y señaló que será la investigación la que determine las responsabilidades. «Ya será el proceso investigativo el que permita verificar las declaraciones y la información proporcionada por los patrulleros comprometidos», indicó.
Asimismo, rechazó las versiones difundidas en redes sociales que lo vinculaban con el caso. «De ninguna manera estoy implicado. Apenas tomamos conocimiento del hecho nos trasladamos al lugar para coadyuvar con todas las actuaciones investigativas y garantizar que se cumpla el procedimiento correspondiente», sostuvo.
Enríquez aseguró que la institución actuará con firmeza frente a cualquier conducta irregular cometida por efectivos policiales. «Este comando va a proceder de la misma manera ante cualquier caso irregular. Todo mal policía deberá responder ante las instancias administrativas, la Fiscalía Policial y, si corresponde, ante el Ministerio Público», enfatizó.
En la investigación participan la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Fiscalía Policial, la Dirección de Investigación Policial (DIP), la Inspectoría General y el Ministerio Público, que deberán establecer si existieron responsabilidades penales y administrativas por la presunta extorsión.