“Se desploma a niveles críticos”: Bolivia podría importar gas desde 2028, advierte la Cámara de Hidrocarburos y Energía


En ese contexto adverso, la CBHE reiteró “la necesidad de aprobar un nuevo marco normativo que permita recuperar competitividad, atraer inversiones y garantizar el abastecimiento energético”.

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[Foto: YPFB] / Operadores de YPFB en un proyecto de hidrocarburos.

Fuente: Unitel

El panorama en el sector de los hidrocarburos no es nada favorable para Bolivia. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) advirtió este jueves que la producción de gas natural de Bolivia “se desploma a niveles críticos”.



Frente a ese escenario, la institución advirtió que el país podría importar gas desde 2028 porque está “al borde de perder su autosuficiencia y convertirse en importador”, por ello urge la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos.

“En la actualidad, la producción de gas natural se desploma a niveles críticos que rondan los 27 MMm3d, evidenciando la progresiva declinación de los campos y la crónica falta de nuevos descubrimientos”, se lee en un comunicado referido a sus 40 años de trayectoria.

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“Esta caída constante no solo es un golpe a las exportaciones y a la disponibilidad de divisas, sino que reduce los ingresos del Estado y evidencia un riesgo mayor: el país se encuentra al borde de perder su autosuficiencia y convertirse en importador de gas natural entre 2028 y 2030”, señala el comunicado de la institución.

CBHE reiteró “la necesidad de aprobar un nuevo marco normativo que permita recuperar competitividad, atraer inversiones y garantizar el abastecimiento energético”.

Renta

La cámara destacó que desde 2006, la renta petrolera ha generado aproximadamente 60.000 millones de dólares para el Tesoro General de la Nación (TGN), gobernaciones, municipios, universidades públicas y departamentos productores, además de generar divisas para el país.

En 2014 se logró el mayor nivel de producción de gas natural a través de proyectos desarrollados por operadoras privadas en el marco de los contratos de servicio suscritos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), alcanzando los 60,8 millones de metros cúbicos diarios (MMm3d).

Ese panorama ha cambiado con la declinación de la producción de hidrocarburos.

Una nueva ley

Ante este escenario, la CBHE reiteró la necesidad de contar con una nueva Ley de Hidrocarburos, “la que sólo será efectiva si se traduce en condiciones concretas para invertir”

Por ello, la institución considera que la nueva norma debe incorporar elementos básicos como contratos claros y estables, seguridad jurídica, reducción de la burocracia, permisos con plazos definidos, cumplimiento oportuno de las obligaciones estatales y reglas que eviten modificaciones unilaterales o discrecionales.

La institución sostiene que la seguridad jurídica no depende solamente de lo que establezca una norma. También requiere que el Estado respete los contratos, mantenga reglas previsibles, cumpla sus compromisos de pago y establezca mecanismos confiables para resolver controversias.

Régimen

Otro punto central del planteamiento de la cámara es el régimen económico. Con la norma actual, la participación estatal o government take puede alcanzar en Bolivia entre el 82% y el 95%, mientras en otros países de la región suele situarse entre el 50% y el 60%.

Por ello, la Cámara plantea encontrar un equilibrio que garantice una renta adecuada para el país y, al mismo tiempo, permita a los inversionistas obtener un retorno razonable frente al costo y al riesgo de la exploración.

La exploración es una actividad de riesgo. Un pozo exploratorio puede demandar alrededor de 100 millones dólares y, en promedio, solo dos o tres de cada diez perforaciones resultan exitosas. Por ello, Bolivia compite por esos recursos con países que ofrecen condiciones contractuales, tributarias y regulatorias más atractivas.

“Hoy la CBHE está expectante ante el proyecto de ley que el Gobierno anunció que enviará a la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo de ampliar la participación privada en exploración y explotación e introducir incentivos para el desarrollo de campos”, señala el pronunciamiento.

Además, consideró positivo que el proyecto de Ley de Inversiones, que ya está en trámite en el Legislativo, reconozca la necesidad de brindar mayor seguridad y protección a la inversión privada.

Sin embargo, reiteró que la norma, por sí sola, no será suficiente para recuperar la confianza. Para ello, “el Estado deberá acompañarla con señales consistentes, como el respeto a los contratos, el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, reglas previsibles y permisos otorgados dentro de plazos razonables”.

En este escenario, “la cámara ratifica su disposición a colaborar con los organismos de Gobierno en diferentes ámbitos para buscar las mejores alternativas para el desarrollo del sector, el cual requiere capital, tecnología y conocimiento”.