Tres proyectos ponen en agenda la reforma de la CPE con foco en economía y justicia


Jorge Tuto Quiroga (Libre) y Carlos Alarcón (Unidad) plantean ajustes para eliminar los “candados” que blindan el actual modelo económico del Estado y también proponen reformas al sistema judicial. El debate toma cuerpo.

Tres proyectos ponen en agenda la reforma de la CPE con foco en economía y justicia

Vista del Palacio Legislativo y del edificio de la Asamblea Legislativa, en la ciudad de La Paz. Foto: Yolanda Mamani/ElDeber

Fuente: El Deber



Por Yolanda Mamani Cayo

 

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El debate para modificar la Constitución Política del Estado (CPE) gana terreno en la Asamblea Legislativa con tres proyectos de ley que se presentaron, dos desde la alianza Unidad y uno desde Libre. Estas iniciativas surgen en medio de la creciente crisis energética que atraviesa el país y bajo la premisa de que si Bolivia no hace ajustes a su Constitución, nadie se animará a invertir.
Las propuestas también coinciden en que se debe priorizar las reformas constitucionales económicas y en materia de justicia, y esto puede realizarse por dos vías: mediante una iniciativa popular con la recolección de firmas del 20% del electorado o una ley aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa. Cualquier opción será sometida a un referéndum constitucional aprobatorio.

Las propuestas

Uno de los proyectos de ley es del diputado Carlos Alarcón de la bancada de Unidad, que plantea una ley corta de cuatro artículos que tiene el objetivo de “remediar el desastre económico, energético y judicial que nos ha dejado el MAS con esos candados que están en la Constitución”.

El núcleo de la propuesta consiste en incorporar un artículo, el 412 que permita “desconstitucionalizar” 30 artículos: 17 de los cuales son referidos a los “candados” que blindan el actual modelo económico, y 13 artículos relativos que sustentan el sistema de justicia, Ministerio Público y la elección de magistrados por voto popular y se sustituiría por un mecanismo de “designación meritocrática”.

“Estos artículos no desaparecen, pero quedan en rango de leyes especiales. Eso quiere decir que a través de verdaderas leyes estructurales, la Asamblea Legislativa va a poder regular el contenido de estos artículos en consonancia con la visión de la reforma del nuevo modelo económico”, explicó Alarcón a EL DEBER.

El segundo eje incorpora el artículo 413 que prohibiría constitucionalmente “todo tipo de expropiación, nacionalización, estatización y/o reversión” de inversiones nacionales y extranjeras. Permitiría, además resolver controversias mediante la justicia boliviana o arbitraje nacional o internacional.

La otra iniciativa parte del expresidente y líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, quien ayer desde Cochabamba, presentó un proyecto de ley de reforma parcial a la Constitución basada en cinco ejes: la apertura económica abriendo los candados para inversiones en materia energética, con seguridad jurídica y arbitraje internacional.

Asimismo, plantea la descentralización del Estado implementando las autonomías con la transferencia de competencias; la reforma judicial eliminando la elección de magistrados por voto popular y que sea la Asamblea la que elija a esas autoridades por dos tercios; el fortalecimiento de la Asamblea Legislativa para más labores de fiscalización y el quinto eje es la digitalización del Estado con inteligencia artificial.

Para Quiroga esta es una oportunidad histórica para que el país cambie su modelo de Estado. “Entre los que se modifican, abrogan, son cerca de 111 artículos para darle viabilidad a Bolivia”, dijo el exjefe de Estado.

Antes de estas dos propuestas, en abril, el diputado y abogado constitucionalista Juan Del Granado, de Unidad, presentó el primer proyecto de ley para modificar la Constitución Política que hace énfasis en una reforma del sistema de justicia cambiando la forma de elegir a los magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional y que esta tarea esté a cargo de una Comisión Nacional de Postulaciones formada por expertos de la sociedad civil y la Asamblea Legislativa.

Esta instancia también elegiría al Defensor del Pueblo y al Fiscal General del Estado, además se plantea eliminar la Procuraduría General, encargada de la defensa legal del Estado.