El vocal Carlos Alberto Goitia espera una reunión con el procurador para activar acciones destinadas a recuperar los recursos gastados en las elecciones anuladas.
La Procuraduría General del Estado. Foto: Archivo.
Fuente: La Razón
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Carlos Alberto Goitia pidió al procurador general del Estado asumir la defensa del patrimonio público y activar acciones para recuperar los recursos destinados a las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.
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Según Goitia, el proceso electoral representó un gasto superior a Bs 233 millones ($us 34 millones), pero sus resultados fueron anulados posteriormente, por lo que considera que el Estado debe buscar la recuperación de esos recursos.
“Hemos tomado contacto con la Procuraduría. El Procurador General nos ha mandado una carta diciendo que hay sobreseimientos”, afirmó el vocal, quien señaló que solicitó varias reuniones con la autoridad.
Goitia aclaró que su pedido no apunta a que la Procuraduría impulse procesos penales, sino a que cumpla con su atribución de defender los intereses económicos del Estado.
“No le estoy pidiendo acciones penales, le estoy pidiendo que asuma el rol de defensa del patrimonio del Estado”, sostuvo.
El vocal explicó que espera concretar una reunión con el procurador para definir el mecanismo mediante el cual se podría encaminar la recuperación de los recursos públicos.
“Se le está pidiendo que impulse la recuperación económica que implica una elección en la que se han gastado más de 233 millones de bolivianos que ha dado como resultado nada”, señaló.
El antecedente de 2019
Las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 fueron anuladas después de la crisis política y social que se produjo tras los cuestionamientos al proceso de cómputo electoral.
Goitia vinculó el pedido de recuperación económica con las conclusiones de la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que identificó irregularidades y manipulación informática durante el proceso electoral.
Según el vocal, existen personas identificadas como responsables del manejo de los recursos y de las irregularidades denunciadas en ese proceso.
“Claramente hay una víctima, que es el pueblo boliviano, que ha visto cómo se han gastado sus recursos en una elección que no sirvió para nada”, afirmó.
Goitia también hizo referencia a las conclusiones de la OEA sobre la alteración del sistema informático utilizado en el cómputo electoral y sostuvo que esos antecedentes deben ser considerados para establecer responsabilidades económicas.
La auditoría de la OEA, realizada después de las elecciones de 2019, reportó irregularidades graves en el sistema de cómputo y señaló que existió una manipulación informática que afectó la integridad de los resultados.
El vocal afirmó además que existen referencias internacionales sobre esas irregularidades y mencionó al Departamento de Estado de Estados Unidos.
Pedido a la Procuraduría
Goitia insistió en que el objetivo del TSE es recuperar recursos públicos y diferenció esa pretensión de cualquier eventual responsabilidad penal.
“¿Quién es el abogado para recuperar dinero del Estado? La Procuraduría General del Estado”, afirmó.
El vocal señaló que el proceso avanza mediante contactos con la institución y que está a la espera de una respuesta para concretar la reunión solicitada.
El pedido coloca nuevamente bajo análisis el costo económico de las elecciones de 2019 y la posibilidad de establecer mecanismos legales para recuperar los recursos públicos utilizados en un proceso electoral que posteriormente quedó sin efecto.
Goitia sostuvo que el TSE continuará impulsando las gestiones correspondientes y espera que la Procuraduría asuma su papel en la defensa del patrimonio estatal.
Fuente: La Razón
