El fallecido había salido de prisión en abril tras un proceso por robo agravado. Días después fue aprehendido por una denuncia de presunta violación, pero un juez le otorgó medidas sustitutivas
Por Ariel Melgar Cabrera y Soledad Prado
Fuente: El Deber
Uno de los dos hombres hallados decapitados en el municipio de Yapacaní había recuperado su libertad por decisión judicial pese a registrar antecedentes penales y afrontar un proceso por una denuncia de presunta violación, según la información recabada por EL DEBER y los avances de la investigación policial.
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Se trata de Bismar Ademar Gámez Vaca, de 25 años, quien fue encontrado sin vida junto a Matías Andy Tapia Esteves en un camino de la comunidad Central San Salvador, en Yapacaní. Ambos presentaban las manos atadas y signos de extrema violencia, en un crimen que continúa siendo investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público.
El director de la Felcc de Santa Cruz, Jhonny Coca, confirmó este sábado que las investigaciones establecieron que las dos víctimas registraban antecedentes por robo agravado de motorizados.
«Se ha establecido que estas personas tenían antecedentes por robo de vehículos. Una de ellas ingresó al penal de Cochabamba durante la gestión 2025 por este delito y recuperó su libertad en abril de este año», informó la autoridad.
Salió de prisión y volvió a ser aprehendido
De acuerdo con los antecedentes del caso, Gámez Vaca salió del penal de Cochabamba en abril, donde permanecía recluido por un proceso relacionado con robo agravado.
Poco tiempo después fue nuevamente aprehendido en Yapacaní tras ser denunciado por una joven universitaria, quien aseguró que la madrugada del 20 de abril fue trasladada en motocicleta hasta una parada de transporte público del municipio, donde presuntamente fue agredida física y sexualmente.
La denunciante también afirmó que recibió amenazas para impedir que acudiera ante las autoridades.
Tras su captura, el investigado fue presentado ante una audiencia cautelar. Sin embargo, el juez del Juzgado Penal Primero de Yapacaní, Ricardo Zegarra Coca, resolvió otorgarle medidas sustitutivas a la detención preventiva, disponiendo detención domiciliaria, arraigo y la prohibición de acercarse a la víctima. La decisión fue apelada por el Ministerio Público.
La joven manifestó públicamente su desacuerdo con la resolución judicial y aseguró que durante la audiencia cautelar se sintió revictimizada al ser interrogada sobre los hechos denunciados en presencia del imputado y de sus familiares.
Asimismo, sostuvo que las amenazas recibidas la obligaron a abandonar sus estudios, salir de Yapacaní y posteriormente dejar el país por temor a represalias.
Lo investigan por otro crimen
Las investigaciones policiales ahora también ubican a Gámez Vaca como uno de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del dirigente Édgar P. S., ocurrido en junio en la comunidad de San Germán, una hipótesis que aún se encuentra en etapa preliminar.
El director de la Felcc señaló que existen elementos que vinculan a los dos fallecidos con ese hecho y que las pesquisas continúan para confirmar o descartar esa línea investigativa.
En cuanto a la segunda víctima, Matías Andy Tapia Esteves, el Ministerio Público realiza gestiones para verificar si registra antecedentes penales en Brasil, como parte de la cooperación internacional activada tras el doble crimen.
Los cuerpos de Gámez Vaca y Tapia Esteves fueron hallados decapitados y con las manos atadas en un camino rural de Yapacaní.
Las autopsias determinaron que ambos murieron a causa de un shock hemorrágico provocado por múltiples heridas de arma blanca y que fueron sometidos a una agresión extrema antes de fallecer.
Durante el levantamiento de evidencias, los investigadores encontraron una nota con el mensaje: «Para todo secuestrador, va a acabar así y lo mismo para los roba-autos», indicio que forma parte de la investigación y que refuerza una de las principales hipótesis sobre el móvil del doble asesinato.
Mientras tanto, la Fiscalía y la Felcc continúan reuniendo elementos para establecer quiénes perpetraron el crimen y determinar si las muertes estuvieron relacionadas con represalias entre organizaciones delictivas o con otros hechos investigados en el norte integrado de Santa Cruz.
Fuente: El Deber
