La Comisión de Justicia Plural aprobó una propuesta que reúne ocho iniciativas y plantea hasta cinco años de cárcel para quienes, durante una protesta, vulneren el derecho a la libre circulación. El proyecto pasará ahora al pleno de la Cámara Baja..
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“El nomen iuris (nombre jurídico) de ‘ley antibloqueo’ ha sido totalmente modificado. Ahora ese proyecto de ley se denomina ‘Ley del derecho para garantizar la libre protesta y la libre transitabilidad’. Se han recogido todas las propuestas de todas las fuerzas y bancadas”, informó a EL DEBER el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, Manolo Rojas.
Según el legislador, alrededor de ocho proyectos llegaron a esa instancia con distintas denominaciones, pero con un objetivo común: establecer reglas para evitar que se repita un escenario como el vivido entre mayo y junio, cuando los bloqueos y el cerco a La Paz se prolongaron durante casi dos meses.
“Se han dado los informes de viabilidad. Esperamos sesionar de manera inmediata y que esto pueda ser tratado en la Cámara de Diputados”, señaló Rojas.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la incorporación de sanciones penales. El proyecto establece penas de hasta cinco años de cárcel para quienes, en el marco de una protesta, vulneren el derecho constitucional de otras personas a circular libremente por el territorio nacional.
La urgencia para avanzar en la aprobación de la norma está vinculada también con la proximidad del fin del estado de excepción y con la necesidad, según sus impulsores, de contar con una regulación específica para las protestas sociales. El debate se produce además en medio de advertencias de algunas organizaciones y sectores radicales sobre nuevas movilizaciones y medidas de presión contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Rojas informó que impulsa reuniones con jefes de bancada y legisladores para socializar el contenido de la propuesta y buscar respaldo político antes de su tratamiento en el pleno. El texto aprobado en comisión reúne los elementos centrales de los ocho proyectos que fueron presentados por diferentes actores políticos.
Entre ellos figura la denominada “Ley antibloqueos”, una de las primeras iniciativas presentadas por el diputado Carlos Alarcón.
También fue incorporado el proyecto de ley para regular la protesta social legítima y garantizar la libre transitabilidad, presentado por el diputado Luis Rodrigo Fuenzalida, además de la propuesta de “Ley de responsabilidad y protección de la libre circulación, infraestructura y orden público”, impulsada por los asambleístas Carmen Ruelas, Salma Tobías, María Soruco y Romel Mercado.
A ellos se suman el “Proyecto de ley de garantías para la protesta pacífica, protección del patrimonio y resarcimiento por actos de vandalismo”, presentado por el diputado Filiberto Butrón, y el proyecto de “Ley de garantía del derecho a la protesta pacífica y de protección de los derechos fundamentales de la población”, presentado por el alcalde de La Paz, César Dockweiler.
Beni y Santa Cruz avanzaron con normas propias
En el ámbito regional, Beni fue el primer departamento en aprobar una ley destinada a garantizar la libre transitabilidad en caminos y carreteras. La norma fue sancionada a mediados de junio y actualmente la Gobernación trabaja en su reglamentación.
La pasada semana, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz también aprobó la Ley Departamental de Prevención, Coordinación Institucional y Atención de Contingencias ante los Bloqueos de Vías, que posteriormente fue promulgada por el gobernador Juan Pablo Velasco.
Velasco afirmó que la normativa departamental pretende convertirse en una “punta de lanza” para “erradicar la cultura del bloqueo e instalar el respeto a los derechos de terceros”.
Mientras las normas departamentales comienzan a avanzar, el proyecto nacional deberá superar ahora su siguiente prueba política en el pleno de Diputados, donde se definirá si la propuesta que reemplazó la etiqueta de “ley antibloqueos” logra reunir los votos necesarios para continuar su trámite legislativo.
