protestas por vulneración de derechos indígenas. Foto: ANA
Un informe del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) registró 31 vulneraciones de los derechos a un medioambiente sano y de los pueblos indígenas, además de 20 ataques contra defensores ambientales entre enero y abril.
La conflictividad vinculada a la explotación de recursos naturales y la protección de los territorios se mantuvo elevada en Bolivia durante los primeros cuatro meses de 2026, según una publicación de la Agencia de Noticias Ambientales.
El reporte, denominado “Situación de los derechos a un medioambiente sano y de los pueblos indígenas”, identifica a la minería, los hidrocarburos y el agronegocio como los principales sectores asociados a los conflictos y advierte que las decisiones adoptadas durante este periodo podrían profundizar un modelo económico basado en actividades extractivas.
De los 31 casos documentados, el 52% estuvo relacionado con la actividad minera, mientras que los hidrocarburos representaron el 29% y el agronegocio y la mercantilización de tierras el 23%. CEDIB señala que estos tres sectores mantienen el peso principal dentro de las vulneraciones monitoreadas en comparación con periodos anteriores.
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Los territorios indígenas fueron los espacios más afectados, con el 48% de los casos, seguidos por las áreas protegidas, con 39%; las tierras de comunidades campesinas, con 29%; y los bosques nativos y primarios, con 13%.
Vulneraciones
El informe pone como ejemplo la situación del Territorio Indígena Multiétnico TIM II, cuyos habitantes denunciaron afectaciones a la salud, tierras productivas y bosques por contaminación con mercurio atribuida a actividades mineras auríferas en el río Madre de Dios.
Para CEDIB, este tipo de situaciones muestra que el avance de las actividades extractivas continúa generando presión sobre territorios donde viven comunidades indígenas y campesinas.
El sector hidrocarburífero también aparece entre los principales focos de conflictividad, particularmente por proyectos de exploración gasífera en la zona de Chiquiacá y el conflicto en Tariquía.
Ley 1720
Uno de los episodios que marcó el periodo fue la aprobación y promulgación de la Ley 1720, referida a la conversión de la pequeña propiedad en mediana o empresarial.
Según CEDIB, la norma genera preocupación porque podría flexibilizar salvaguardas ambientales y afectar el derecho a la consulta previa, libre e informada. El centro sostiene además que la norma podría facilitar una mayor mercantilización de tierras de pequeños propietarios campesinos y debilitar la protección de la propiedad colectiva.
La organización recuerda que una iniciativa similar había sido impulsada en 2023 durante la gestión de Luis Arce, pero no prosperó. En 2026, su aprobación avanzó con mayor rapidez y, según el informe, estuvo vinculada a la influencia que el sector agroindustrial habría adquirido tanto en el Ejecutivo como en determinadas instancias de la Asamblea Legislativa.
La Ley 1720 fue promulgada el 10 de abril durante un evento del sector empresarial agroindustrial, pese al rechazo expresado por organizaciones indígenas y campesinas y a las observaciones de especialistas en materia agraria y ambiental, señala el documento.
Ataques
La situación de quienes cuestionan o denuncian impactos ambientales también aparece como una de las principales señales de alerta.
CEDIB registró 20 ataques contra defensores ambientales en el primer cuatrimestre, seis más que en el mismo periodo de 2025, cuando contabilizó 14 casos, y cinco más que en 2024, cuando registró 15.
El sector hidrocarburífero concentró el 55% de las agresiones, mientras que el agronegocio y la mercantilización de tierras representaron el 40%.
Dentro del primer grupo, el informe identifica 11 hechos vinculados al conflicto en Tariquía y los proyectos de exploración gasífera en Chiquiacá. En el segundo, la disputa alrededor de la Ley 1720 generó siete casos, que involucraron principalmente a organizaciones indígenas y ONG especializadas en asuntos ambientales y agrarios.
Asesinato
Otro de los hechos que CEDIB incorpora entre los acontecimientos críticos del periodo es el asesinato de Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental.
El informe sostiene que existen sospechas sobre una posible relación entre el crimen y decisiones adoptadas por el juez en casos vinculados con la defensa del medioambiente y los derechos territoriales de comunidades frente a actividades extractivas ilegales.
CEDIB considera que el caso constituye un precedente intimidatorio para quienes intervienen institucionalmente en conflictos ambientales y cuestiona que, pese a los llamados de organismos internacionales de derechos humanos para acelerar las investigaciones, todavía no se hayan identificado responsables.
