Un recuento realizado examinó 23 organismos estatales. La interinidad alcanza a entidades fundamentales para el Estado y debilita su independencia, continuidad e institucionalidad. El retraso se cuenta por décadas
Fuente: El Deber
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En Bolivia, las instituciones que administran el petróleo, las carreteras, la moneda, el comercio exterior y las jubilaciones tienen autoridades, pero siguen esperando institucionalidad. YPFB, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el Banco Central de Bolivia (BCB), la Aduana y la Gestora Pública acumulan años —y hasta décadas— bajo mandos interinos.
El caso más visible es YPFB. Desde la nacionalización de 2006, la petrolera estatal tuvo cerca de 17 presidentes ejecutivos, todos interinos, según Raúl Velásquez, analista de la Fundación Jubileo. Algunas gestiones duraron apenas seis meses. En los primeros diez meses del Gobierno de Rodrigo Paz ya pasaron tres: Yusseff Akly, Claudia Cronenbold y Sebastián Daroca.
La rotación no fue el único problema. Durante los gobiernos de Evo Morales ejercieron, entre otros, Manuel Morales Olivera, sin título profesional; Guillermo Aruquipa, contador público; Santos Ramírez, maestro, y Carlos Villegas, economista. Velásquez aclara que no se requería un ingeniero petrolero, sino experiencia gerencial, corporativa y sectorial. Muchas designaciones, afirma, no respondieron a ese perfil.
El patrón llegó a la infraestructura vial. José María Bakovic fue el único presidente titular identificado del antiguo Servicio Nacional de Caminos. Después de la creación de la ABC volvieron los interinos. Durante el Gobierno de Luis Arce, la entidad fue presidida por Henry Nina, dirigente intercultural posteriormente aprehendido por una investigación sobre presuntas irregularidades en la doble vía El Sillar. La investigación aún está en curso, pero el caso pone bajo examen los criterios utilizados para cubrir un cargo técnico.
Juan Antonio Morales fue el único presidente titular del BCB, desde 1995 hasta 2006; sus sucesores ejercieron interinamente. La entidad encargada de la moneda, las reservas y la política cambiaria quedó así bajo autoridades provisionales.
En la Aduana, Amparo Ballivián fue la única presidenta titular. Fue posesionada en 1999 junto con un directorio surgido de ternas legislativas y renunció en 2002. Desde entonces, la entidad que recauda tributos aduaneros y combate el contrabando no consolidó otra conducción titular
La Gestora presenta una variante más delicada. La Ley de Pensiones dispone un directorio integrado por un presidente y cuatro directores, designados de ternas aprobadas por dos tercios de Diputados. Ese cuerpo define políticas y estrategias de inversión. Sin embargo, la entidad que administra los ahorros previsionales continúa bajo un régimen transitorio, sin directorio titular acreditado.
Los casos tienen normas diferentes, pero comparten un resultado: autoridades removibles por el poder que las designó. El constitucionalista Óscar Barrientos, al recuperar el pensamiento de Pablo Dermizaky, primer presidente del Tribunal Constitucional, advierte que un funcionario sin estabilidad queda expuesto a la discrecionalidad política. Los interinatos, sostiene, debilitan los contrapesos democráticos, la carrera pública y la seguridad jurídica. También se debe verificar si cada autoridad cumple el perfil profesional del cargo.
Velásquez recuerda que a comienzos de este siglo el BCB, Impuestos, la Aduana y Caminos avanzaron en reformas orientadas a seleccionar autoridades legalmente, contratar personal según perfiles y consolidar funcionarios de carrera. Esos procesos fueron truncados durante el ciclo del MAS, afirma.
La falta de consensos legislativos explica solo una parte del problema. Durante varios años el oficialismo tuvo esa mayoría y tampoco institucionalizó las entidades. La pregunta es si los gobiernos no pudieron nombrar titulares o prefirieron el control que proporciona la provisionalidad.
El constitucionalista José Luis Santistevan sostiene que la primera medida contra la corrupción es institucionalizar los cargos conforme a la Constitución y las leyes. Advierte que la Contraloría, el Banco Central, la Gestora, el INRA, YPFB y ASFI, entre otras entidades, siguen bajo autoridades interinas. Intervenir no equivale a institucionalizar.
Bolivia dejó bajo mandos provisionales el petróleo, las carreteras, la moneda, la Aduana y las jubilaciones. Lo transitorio sobrevivió a presidentes, mayorías legislativas y crisis. Las instituciones tienen jefes; todavía no tienen la independencia necesaria para servir al Estado y no al gobierno de turno.
