Una obra de construcción en territorio nacional. Foto: Construmarket
El sector constructor planteó al Gobierno cinco medidas para evitar la paralización de obras públicas, proteger las fuentes de empleo y dar sostenibilidad a las empresas frente al fuerte incremento de los costos de ejecución.
Juan Marcelo Zubieta, presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba (Cadeco) y secretario general de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), explicó que las propuestas surgieron ante el impacto acumulado de la caída de la inversión pública, la falta de dólares, el encarecimiento de los materiales, el desabastecimiento de combustibles y el incremento del precio del diésel.
Según el dirigente, alrededor del 80% de las empresas constructoras del país trabaja en obras públicas, por lo que cualquier reducción de la inversión estatal afecta directamente al sector y al empleo.
“El 80% de nuestras empresas constructoras en Bolivia están abocadas a construir para el Estado, es decir, hacen obras públicas”, señaló a Radio Pío XII.
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1. Reajuste de precios
La primera propuesta apunta a modificar la normativa de contratación pública para permitir un reajuste de precios cuando los costos de ejecución registren variaciones extraordinarias.
Zubieta explicó que actualmente las empresas adjudican una obra con un monto determinado y luego deben cumplir ese contrato aunque aumenten significativamente los precios de los materiales, combustibles o transporte.
“Nosotros adjudicamos un proyecto con un monto y tenemos una cláusula de contrato por la que nos prohíben hacer cualquier tipo de reajuste de precios”, afirmó.
El sector busca que el mecanismo funcione en ambos sentidos: que el Estado reconozca los incrementos extraordinarios, pero que también pueda beneficiarse cuando los precios bajen.
“No le vamos a reajustar al constructor su utilidad. Le vamos a reajustar lo que garantice que pueda concluir la obra”, explicó.
2. Contratos
La segunda medida consiste en encontrar una salida para los contratos que ya se encuentran en ejecución y que quedaron desfasados por el aumento de los costos.
Zubieta señaló que algunas obras adjudicadas entre septiembre y noviembre del año pasado enfrentan ahora incrementos de entre 60% y 70%.
“En una obra que nosotros adjudiquemos de 10 millones de bolivianos, para poder concluir, el constructor tendría que poner de su bolsillo 6 millones de bolivianos”, sostuvo.
El dirigente advirtió que las empresas no pueden asumir indefinidamente esas diferencias sin comprometer su patrimonio.
3. Evitar la paralización de obras
La tercera propuesta busca establecer mecanismos de emergencia que permitan garantizar la continuidad de los proyectos que enfrentan dificultades financieras por el incremento extraordinario de costos.
“Si no tenemos el instrumento, son obras paralizadas”, alertó Zubieta.
El dirigente puso como ejemplo el centro de radioterapia de Cochabamba, cuya ejecución se encuentra paralizada, y advirtió que las obras inconclusas terminan retrasando la entrega de servicios a la población y pueden convertir inversiones públicas millonarias en proyectos sin utilidad.
4. Empleo
La cuarta medida apunta a proteger los puestos de trabajo que genera la construcción. Zubieta destacó que el sector representa cerca del 27% del empleo nacional, por lo que una paralización generalizada de proyectos tendría un impacto que trasciende a las empresas.
“Los más afectados es el profesional que trabaja con nosotros y también el trabajador”, señaló.
Por ello, Caboco impulsó un espacio de coordinación denominado bloque de la industria de la construcción, que reúne a empresarios, profesionales y trabajadores del sector.
En este espacio participan representantes de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, el Colegio de Arquitectos, además de organizaciones de trabajadores.
5. Reactivar la inversión pública
La quinta medida plantea recuperar progresivamente la inversión pública y definir proyectos estratégicos que permitan generar actividad económica y empleo en las regiones.
Zubieta considera que Cochabamba debe definir una agenda de proyectos y coordinar con sus autoridades para canalizar recursos hacia infraestructura, logística, agua, energía y otros sectores con potencial de crecimiento.
“Si como Cochabamba nosotros no estamos unidos y no pedimos que esa inversión pública venga a Cochabamba, vamos a quedar nuevamente rezagados”, advirtió.
Sector espera acuerdo con el Gobierno
Las cinco propuestas forman parte de las conversaciones que Caboco mantiene con el Gobierno. Zubieta informó que ya se instaló una primera mesa técnica y que el sector prevé continuar las reuniones durante los próximos días.
“Hemos tenido una primera reunión. Nosotros estábamos en el polo norte, el Gobierno con una propuesta en el polo sur, pero lo más importante de todo esto es que hay la apertura de poder escuchar”, afirmó.
El objetivo del sector consiste en alcanzar un mecanismo que permita actualizar los contratos afectados por la actual coyuntura, evitar nuevas paralizaciones y garantizar que las obras públicas puedan concluir sin trasladar todo el incremento de costos al patrimonio de las empresas constructoras.
