La presidenta encargada de Venezuela reconoció que la norma fue aplicada de manera abusiva durante los últimos años y planteó despenalizar algunas conductas, mientras organizaciones de derechos humanos y gremios de prensa reclamaron la derogación completa de la legislación
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó este martes una reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, una de las normas más cuestionadas del marco jurídico aprobado por el régimen chavista para perseguir a dirigentes opositores y periodistas. La iniciativa busca avanzar en la despenalización de conductas contempladas por la legislación y corregir la forma en que fue aplicada durante los últimos años.
Rodríguez formalizó el pedido mediante una carta dirigida al titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en la que reclamó que el proyecto sea tratado con carácter de urgencia. Según explicó, la modificación forma parte de las medidas destinadas a transformar el sistema de justicia penal y abrir espacios para la “convivencia democrática”.
También sostuvo que el cambio podría contribuir a recuperar la confianza en las instituciones y a “favorecer el reencuentro y convivencia democrática” en Venezuela.
Horas después de formalizar el pedido de reforma, Rodríguez se refirió a la aplicación de la legislación y admitió que hubo abusos. “Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley”, declaró durante un acto en Portuguesa, aunque aclaró que sigue defendiendo los principios que dieron origen a la norma.
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“Yo creo en los principios de esa ley. El principio de la tolerancia, el principio del amor en el relacionamiento, que no se imponga el odio”, manifestó. También llamó a “sustituir el odio por el amor, la intolerancia por la convivencia”.
La norma fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo y presidida en ese momento por la propia Delcy Rodríguez, quien ahora impulsa su reforma. La entonces jefa de la Constituyente defendió públicamente el proyecto y acompañó su aprobación en medio de la ofensiva del chavismo contra la oposición tras las protestas de ese año. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han denunciado que la legislación fue utilizada como una herramienta para perseguir la disidencia y restringir la libertad de expresión.
El texto estableció como delito la promoción o incitación al odio, la discriminación o la violencia. Para determinadas conductas fijó penas de 10 a 20 años de prisión, además de sanciones aplicables a medios de comunicación y otras medidas administrativas.
La norma también incorporó disposiciones relacionadas con los medios y las plataformas electrónicas. Entre sus mecanismos aparecen medidas como el bloqueo de portales y la posibilidad de aplicar sanciones administrativas a prestadores de servicios de radio y televisión.
Lo que dijo la Asamblea Nacional electa en 2015
La delegación de la Asamblea Nacional elegida en 2015, que participa actualmente en el proceso de diálogo con el chavismo, recibió el anuncio con cautela y reclamó que cualquier modificación produzca garantías concretas para los ciudadanos.
Mediante un comunicado, sostuvo que desde su aprobación la ley “fue utilizada como un instrumento de persecución y represión de la disidencia” y expresó solidaridad con quienes fueron afectados por su aplicación y con sus familiares.
El grupo señaló que permanecerá atento a que la reforma cumpla los objetivos planteados durante las conversaciones políticas.
“Estamos atentos a que la reforma anunciada cumpla con los fines democratizadores”, afirmó, al tiempo que vinculó el proceso con la “reinstitucionalización democrática del país y a la celebración de elecciones justas, libres y transparentes”.
La delegación también advirtió que la modificación de esta legislación no abarcará todos los instrumentos que, según su posición, han sido empleados para restringir derechos políticos y libertades civiles. “Trabajamos para desmontar los instrumentos que han restringido los derechos y las libertades de los venezolanos”, señaló.
Organizaciones de DDHH exigen su derogación
Entretanto, organizaciones venezolanas reclamaron que la legislación sea eliminada por completo y no solamente modificada para retirar las penas de prisión.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) sostuvo que la despenalización es insuficiente mientras continúen vigentes otras disposiciones que, según la organización, permiten aplicar sanciones contra medios y restringir la circulación de información. Entre ellas mencionó la posibilidad de revocar concesiones de radio y televisión, bloquear portales, imponer multas y ordenar el retiro de contenidos.
“Seguimos exigiendo la derogación”, expresó el sindicato, que pidió que cualquier revisión de la legislación alcance tanto las sanciones penales como los mecanismos que pueden afectar la libertad de prensa y de expresión.
El Colegio Nacional de Periodistas también reclamó la eliminación de la ley y cuestionó su alcance. La organización sostuvo que su aplicación tiene un “carácter punitivo y discrecional” y afirmó que la normativa afecta derechos constitucionales, entre ellos la libertad de expresión.
La ONG Espacio Público planteó igualmente la necesidad de una “derogación inmediata”. Según su posición, la legislación ha permitido utilizar mecanismos judiciales contra personas que expresan críticas al poder público, cuestionan la actuación del Estado o ejercen labores de contraloría sobre la gestión gubernamental.
El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, recordó que esa organización ha reclamado durante años la eliminación del conjunto de normas que, según su evaluación, permiten criminalizar el ejercicio de derechos ciudadanos. En ese contexto, incluyó a la Ley contra el Odio entre las disposiciones que deberían ser eliminadas.
“Exigimos cambios genuinos y creíbles. El país rechaza cualquier mecanismo de simulación”, afirmó Murillo.
El pedido de reforma ocurre después de que Jorge Rodríguez reconociera en febrero que la ley había sido utilizada de manera inadecuada y planteara entonces la posibilidad de modificarla. Ahora, el Parlamento deberá procesar la iniciativa presentada por Delcy Rodríguez y definir el alcance concreto de los cambios.