Advirtió que su éxito dependerá de que la estabilización sea acompañada por crecimiento económico, inversión, protección social y ejecución fiscal de alta calidad.
Fuente: ANF
Compensación social, inversión pública con retorno económico y social, seguridad jurídica a empresas con el fin de crear fuentes de empleo y política monetaria restrictiva gradual, son algunas de las recomendaciones que hizo el economista Fernando Romero para evitar que el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) cause presión en la población.
“Una regla fundamental: el ajuste fiscal debe recaer sobre el gasto improductivo y no sobre el ingreso real de las familias. El propio programa contempla mantener un piso de gasto social, por lo que la protección de los sectores vulnerables no debería considerarse un gasto residual, sino una condición para que el programa sea sostenible”, señaló el economista en declaraciones a la ANF.
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La semana pasada se conoció uno de los acuerdos entre el FMI y el gobierno de Rodrigo Paz para acceder al crédito de 1.900 millones de dólares, el cual consta de reducir el déficit fiscal, eliminar la subvención a los combustibles hasta la próxima gestión, aumentar los ingresos tributarios y otros.
Romero consideró que el crédito del organismo multilateral representa un programa de estabilización y es necesario, pero de alto riesgo en su etapa inicial. Advirtió que su éxito dependerá de que la estabilización sea acompañada por crecimiento económico, inversión, protección social y ejecución fiscal de alta calidad.
La propuesta
El primer aspecto que explicó el experto es que la eliminación de subsidios a los carburantes debe estar acompañada por una compensación social automática y temporal, que se aplique antes que aparezcan los efectos en las familias bolivianas.
Establecer un registro social unificado que funcione antes de los principales ajustes de precios y el cual permita identificar hogares pobres, trabajadores informales, pequeños productores y sectores altamente expuestos al costo del transporte.
Un segundo aspecto, consideró la necesidad de aplicar un “semáforo social” el cual servirá para activar llas medidas de apoyo social si la inflación de alimentos, desempleo, pobreza, cartera vencida o costo del transporte supera determinados umbrales. Dijo que eso permitiría que la disciplina fiscal sea compatible con la estabilidad social.
Tercero, consideró que no se debe ejecutar un ajuste como un recorte lineal, sino como una reingeniería del gasto público. Es decir, el Gobierno debe eliminar la inversión improductiva, duplicidades, privilegios, proyectos de baja rentabilidad económica y empresas públicas deficitarias.
Al contrario, debe destinar recursos para proteger la infraestructura crítica, salud, educación, alimentación y programas de generación de empleo.
Cuarto, recomendó que la política monetaria restrictiva sea gradual y dependiente de la inflación efectiva con el fin de evitar una contracción excesiva del crédito productivo. Es decir, que no se reduzca la base monetaria, sino lograr que la liquidez y sea compatible con la estabilidad de precios.
Quinto, sugirió priorizar la inversión pública con alto retorno económico y social, especialmente infraestructura logística, energía, agua, producción y conectividad.
Finalmente, con relación a la inversión privada, recomendó garantizar la seguridad jurídica, estabilidad tributaria, reglas claras y rapidez administrativa, especialmente para hidrocarburos, minería, agroindustria, energía y exportaciones.
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Fuente: ANF
