Washington revocó las visas vigentes de 12 ciudadanos bolivianos y aplicó una designación específica contra el fiscal general Róger Mariaca. La medida es migratoria y de política exterior estadounidense y no constituye, por sí misma, una condena judicial en Bolivia.
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Sin embargo, jurídicamente existen dos tipos de medidas.
En el caso de 12 bolivianos y sus familias, Estados Unidos revocó visas vigentes aplicando la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite impedir el ingreso de extranjeros cuando Washington considera que su presencia o sus actividades podrían tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense
La situación de Mariaca es diferente. El fiscal general recibió una designación pública bajo la sección 7031(c) de la legislación estadounidense por lo que el Departamento de Estado denomina “corrupción significativa”. Washington afirmó que Mariaca “solicitó y aceptó sobornos” para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. La disposición alcanza también a sus familiares inmediatos.
Mariaca rechazó los señalamientos y aseguró desde Sucre que continuará ejerciendo sus funciones. “No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”, afirmó después de conocer la decisión estadounidense.
Para los otros 12 bolivianos, el comunicado identifica nombres y cargos, pero no expone públicamente una imputación individualizada ni las pruebas atribuidas a cada persona. Por ello, la revocación del visado constituye una decisión administrativa y migratoria dentro de la jurisdicción estadounidense, y no establece por sí misma responsabilidad penal en Bolivia.
Ese criterio fue señalado también por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo. “Cada Estado tiene sus propias políticas en cuanto a las leyes migratorias”, afirmó al ser consultado sobre las restricciones y señaló que cuestionar esa potestad significaría ingresar en decisiones soberanas de otro país.
El Gobierno boliviano, sin embargo, consideró graves los señalamientos y anunció que solicitará formalmente a Estados Unidos información complementaria y elementos probatorios. “Las declaraciones y señalamientos de Estados Unidos son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad”, declaró el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, al anunciar investigaciones sobre las personas alcanzadas por la medida.
La decisión estadounidense alcanza además a otros nueve ciudadanos bolivianos cuyos nombres no fueron divulgados y que actualmente no poseen visa. El Departamento de Estado informó que ellos y sus familias quedaron, en términos generales, impedidos de obtenerla. Así, la acción estadounidense involucra a por lo menos 22 bolivianos, aunque solo 13 fueron identificados públicamente.
Los mencionados
1. Frans William Cabrera Quispe — coronel de la Policía
Coronel en servicio activo de la Policía Boliviana. Estuvo al frente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) durante las gestiones 2025 y 2026. En agosto pasó a ocupar la Inspectoría General de la Policía y posteriormente fue relevado. Actualmente la Felcn está dirigida por el coronel Marcelo Andrés Núñez Rojas.
2. Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco — fiscal superior
Fue fiscal departamental de Chuquisaca y actualmente ejerce como fiscal superior del Ministerio Público con sede en Sucre. Hasta abril de este año representaba a la Fiscalía General en encuentros internacionales como la Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur. Posteriormente dejó la Fiscalía Departamental de Chuquisaca.
3. Iván Ramiro Campero Villalba — exmagistrado suplente del TSJ
Fue decano del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia. En junio de 2025 fue aprehendido dentro de la investigación por el denominado caso Consorcio, relacionado con una acción judicial que pretendía apartar de su cargo a la magistrada Fanny Coaquira. La Fiscalía abrió investigaciones por presuntos delitos vinculados a tráfico de influencias y consorcio de servidores judiciales.
4. Alberto Samuel Soto de la Vía — expresidente interino de la Aduana
Asumió la Presidencia Ejecutiva interina de la Aduana Nacional en noviembre de 2025. Durante su administración impulsó una agenda de modernización, facilitación del comercio exterior y lucha contra el contrabando. El presidente Rodrigo Paz dejó sin efecto su designación mediante una resolución del 17 de septiembre de 2026.
5. Martín Daniel Irusta Flores — fiscal superior
Actualmente es fiscal superior del Ministerio Público. Antes de incorporarse a la Fiscalía ejerció como abogado y representó, entre otros, al expresidente Evo Morales y al exministro Juan Ramón Quintana. En 2025 fue candidato a diputado por La Paz por Alianza Popular. También fue investigado después de que la Policía reportara una operación para adquirir en efectivo un vehículo Audi valuado en $us 95.000; la investigación por legitimación de ganancias ilícitas fue desestimada por la Fiscalía en noviembre de 2024.
6. Alberto Zeballos Flores — fiscal departamental de Santa Cruz
Es fiscal departamental de Santa Cruz. Antes se desempeñó como fiscal de materia en unidades especializadas contra la corrupción. Asumió la conducción departamental del Ministerio Público después de que Róger Mariaca, quien ocupaba ese cargo, fuera elegido fiscal general del Estado en octubre de 2024.
7. Rodrigo Aldo Vedia Espinoza — juez de La Guardia
Se desempeña como juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia, Santa Cruz. Registros judiciales muestran que ha afrontado procesos disciplinarios ante instancias del Consejo de la Magistratura; una denuncia de 2022, por ejemplo, fue presentada por supuestas faltas gravísimas en el ejercicio de sus funciones.
8. Albania Chane Caballero Saavedra — jueza anticorrupción
Es jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primera de Santa Cruz. Intervino en el proceso por legitimación de ganancias ilícitas derivado del caso de las 32 maletas. En junio concedió detención domiciliaria a la exdiputada Laura Rojas después del vencimiento del plazo de su detención preventiva y ante la ausencia de una solicitud fiscal para ampliarla.
9. Israel Ramiro Campero Méndez — vocal constitucional
Es vocal constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. También integra desde 2019 el Tribunal Administrativo de la Organización de los Estados Americanos (OEA); fue reelegido para el periodo enero de 2025-diciembre de 2030. Es docente universitario y cuenta con formación de posgrado en derecho constitucional, procesal y arbitraje.
10. José Luis Iriarte Cussi — empresario
Empresario vinculado a la comercialización de combustibles en La Paz. Un reportaje de investigación publicado por ANF y Mongabay identificó a las familias Iriarte Mercado e Iriarte Cussi con la propiedad o manejo de 13 estaciones de servicio en La Paz y Beni y recogió denuncias sobre presunto desvío de diésel hacia zonas mineras. En mayo de 2026, una petición de informe del Senado solicitó a la ANH datos sobre denuncias contra el surtidor Teoponte, de propiedad de Iriarte. Las denuncias no equivalen a una sentencia condenatoria.
11. Iván Manolo Lima Magne — exministro de Justicia
Fue magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia y posteriormente ministro de Justicia y Transparencia Institucional durante el gobierno de Luis Arce. Antes ejerció como abogado de Evo Morales y, tras dejar el gabinete, participó en la organización política Morena.
12. Rosario Ximena Flores Paniagua — jueza
Es jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz. Intervino en actuaciones vinculadas al denominado caso Maletas. En agosto emitió el mandamiento de libertad del exjuez Hebert Zeballos, en cumplimiento de un Auto de Vista que dispuso la aplicación de medidas cautelares personales.
13. Róger Rider Mariaca Montenegro — fiscal general del Estado
Fue fiscal departamental de Santa Cruz y el 21 de octubre de 2024 fue elegido fiscal general del Estado por la Asamblea Legislativa con 115 votos, para un mandato de seis años. A diferencia de los otros 12 nombres, Washington lo incluyó en una designación pública específica por “corrupción significativa”. El Departamento de Estado sostiene que Mariaca solicitó y aceptó sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a eludir la justicia. Mariaca rechazó las acusaciones y aseguró que no retrocederá en las investigaciones que dirige el Ministerio Público. Las afirmaciones de Washington constituyen una acusación administrativa del Gobierno estadounidense y no una sentencia penal.
