La Corte Suprema de Estados Unidos concedió el martes 29 de septiembre un nuevo respiro al gobierno de Trump en uno de los temas más delicados de su política migratoria: la deportación de migrantes a terceros países. La máxima instancia judicial aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, pero autoriza que se reanuden estos traslados a la espera de una decisión definitiva.
La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, pero otorga un nuevo respiro a la administración de Trump en uno de los temas más delicados de su política migratoria: la expulsión de inmigrantes ilegales a terceros países. Los magistrados de más alto rango de Estados Unidos consideraron, en el marco de un procedimiento de emergencia, que el gobierno estadounidense puede, en esta etapa, continuar con esta práctica controvertida, vigente desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Tras una solicitud de la administración, la Corte suspendió las decisiones de los tribunales inferiores que habían impuesto mayores garantías a las personas afectadas. Los tres jueces progresistas, de un total de nueve, se opusieron a esta decisión.
La Corte Suprema también decidió ocuparse del caso en cuanto al fondo. Escuchará los argumentos de las partes en diciembre y deberá pronunciarse, en particular, sobre la legalidad de las nuevas directrices adoptadas en 2025 por el Departamento de Seguridad Nacional.
Un derecho de recurso cuestionado
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Esto supone un motivo de satisfacción para la Casa Blanca, que podrá reanudar sus operaciones a la espera de esta decisión, informa nuestro corresponsal en Washington, Vincent Souriau. Tanto en primera instancia como en apelación, la justicia estadounidense había exigido que las personas sujetas a una expulsión hacia un tercer país fueran informadas de su destino y contaran con un plazo suficiente para impugnar su traslado si consideraban que corrían el riesgo de ser perseguidas o torturadas allí. En febrero, un juez federal de Boston había declarado ilegales las nuevas directrices del Ministerio de Seguridad Interna. Su decisión fue confirmada por un tribunal de apelación el 18 de septiembre.
La administración de Trump, por el contrario, defiende un sistema más ágil. Según estas directrices, una expulsión puede llevarse a cabo siempre que el país de acogida brinde garantías de que las personas trasladadas «no serán perseguidas ni torturadas» y que el Departamento de Estado considere que esas garantías son creíbles.
El gobierno presenta estas expulsiones como una «herramienta esencial» para alejar a ciertos extranjeros, especialmente cuando su país de origen se niega a aceptarlos de vuelta. Las asociaciones de defensa de los inmigrantes responden que no buscan impedir estas expulsiones, sino garantizar un recurso efectivo antes de la salida.
Más de 25.000 expulsiones
Hasta la fecha, más de 25.000 personas habrían sido deportadas de Estados Unidos a terceros países, según una investigación publicada el 21 de septiembre por el consorcio Forbidden Stories, en la que participó RFI.
Washington ha multiplicado los acuerdos con Estados que aceptan recibir a personas que no son sus ciudadanos. Forbidden Stories informa de acuerdos firmados con 35 países, entre ellos México, Panamá y Uruguay, así como varios países africanos e islas del Pacífico. Se estima que Washington habría destinado al menos 410 millones de dólares para financiar estas medidas, ya sea directamente a los países de acogida o a través de agencias de las Naciones Unidas.
Las ONG de defensa de los derechos humanos denuncian que se están eludiendo las protecciones previstas por el derecho internacional y temen, en particular, detenciones arbitrarias o traslados a países donde las personas expulsadas podrían estar expuestas a persecuciones o malos tratos.
El pulso judicial se remonta a 2025. La Corte Suprema ya había autorizado a la administración de Trump a expulsar a un grupo de migrantes, en su mayoría originarios de Asia, hacia Sudán del Sur. En esta ocasión, los jueces deberán determinar hasta dónde puede llegar el gobierno estadounidense cuando decide expulsar a una persona hacia un país que no sea el suyo.
