La minería aurífera en Bolivia no sólo se sostiene con el trabajo y los aportes de los cooperativistas. Detrás de las operaciones existe una red de capitales privados nacionales y extranjeros, empresas comercializadoras y, según especialistas, recursos cuyo origen podría estar vinculado con actividades ilícitas.
Fuente: ANF / La Paz
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Alfredo Zaconeta, sostuvo que el financiamiento de la minería ilegal se ha desarrollado en un contexto marcado por las limitaciones del Estado para atender las necesidades económicas del sector. El analista minero y expresidente de la Corporación Minera de Bolivia, Héctor Córdova, coincidió en que los recursos provienen de diversas fuentes y que la estructura de financiamiento no es homogénea.
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Para Zaconeta, una de las raíces del problema está en la falta de financiamiento estatal suficiente. Aunque existe el Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofim), considera que este mecanismo no logró responder a la demanda de las cooperativas.
“Los cooperativistas le temen al Fofim”, afirmó Zaconeta a ANF, al referirse a la burocracia administrativa y a las medidas aplicadas para recuperar los créditos. Según el investigador, cerca del 80% de la cartera del fondo correspondía en determinado momento a cooperativas auríferas, muchas de ellas en mora y algunas con procesos judiciales para el remate de sus bienes.
Ante las dificultades para acceder a recursos públicos, las cooperativas recurren a aportes de sus socios o a inversionistas privados. Sin embargo, Zaconeta advirtió que esta segunda modalidad puede vulnerar la legislación minera. “La capacidad de aporte del cooperativista es limitada”, explicó, por lo que las organizaciones terminan buscando inversión externa, pese a que el artículo 151 de la Ley Minera prohíbe la asociación de cooperativas con capitales privados.
En este circuito aparecen inversionistas extranjeros. Zaconeta identificó capitales provenientes de China, Colombia, Chile y Perú, con modalidades diferentes, pero con un objetivo común: recuperar rápidamente el dinero invertido mediante la explotación aurífera.
Según el investigador, algunos inversionistas chinos incluso condicionan su participación a que las cooperativas no tengan sus documentos y permisos completamente regularizados. En otros casos, inversionistas colombianos dividen las áreas de explotación y buscan aportantes individuales, mientras que capitales chilenos y peruanos pueden alcanzar montos de hasta 10 millones de dólares y financiar operaciones altamente mecanizadas.
Para ocultar estas asociaciones, Zaconeta señaló que se utilizan contratos de prestación de servicios bajo la figura de “asesoramiento técnico”. Sin embargo, sostuvo que detrás de esos documentos existiría una relación económica diferente: “el inversor privado en realidad se queda con una tajada de entre el 70% y el 80% de las utilidades de la explotación”.
Las comercializadoras de oro constituyen otro eslabón financiero. De acuerdo con Zaconeta, grandes empresas exportadoras captan capitales en el extranjero, principalmente de destinos como Emiratos Árabes e India, y los canalizan mediante comercializadoras y rescatadores locales.
Estos compradores llegan hasta las comunidades mineras y adquieren el oro en efectivo y en la denominada “boca de mina”. El mecanismo resulta atractivo para los productores porque evita trámites, costos de transporte y riesgos vinculados con el traslado del metal.
Córdova explicó que las comercializadoras también pueden convertirse directamente en financiadoras. “Cuando una comercializadora detecta que un yacimiento aurífero es altamente prometedor, decide financiar directamente a los mineros otorgándoles capital por adelantado”, señaló en entrevista con ANF.
También identificó la presencia de capitalistas bolivianos capaces de invertir un millón de dólares o más en maquinaria y operaciones. Dentro de este grupo mencionó denuncias sobre la participación de exautoridades, parlamentarios y cooperativistas que acumularon grandes capitales.
Un actor menos visible en esta estructura son los llamados “gestores de los capitalistas”. Según Córdova, estos intermediarios buscan organizaciones campesinas que recién comienzan sus trámites mineros y les ofrecen facilitar procedimientos y conseguir maquinaria e inversionistas.
El resultado puede ser el establecimiento de contratos informales que comprometen hasta el 70% u 80% de la producción para el capitalista y obligan a vender el resto a una comercializadora determinada.
El vínculo con actividades ilícitas constituye la parte más delicada del circuito. Zaconeta advirtió sobre indicios de que recursos provenientes de actividades delictivas podrían ingresar a la minería aurífera. Mencionó, entre otros elementos, el ingreso de capitales procedentes de excedentes de la coca en el Chapare y la existencia de una ruta ilegal de mercurio.
Mientras Córdova, con una posición más cautelosa, afirmó que en Bolivia es sumamente difícil afirmar el origen de todos estos fondos, pero consideró que existe una “fuerte sospecha” de que la minería ilegal pueda estar recibiendo dinero ilícito. Su argumento se basa, entre otros elementos, en investigaciones realizadas en países vecinos donde el oro ha sido utilizado como mecanismo para lavar recursos de organizaciones criminales.
