La experiencia histórica de los últimos años en Bolivia sugiere una transformación profunda en los mecanismos de protesta y movilización social. El levantamiento de la subvención al diésel y la posibilidad teórica de un nuevo ciclo de grandes disturbios sociales evocan inevitablemente el fantasma de octubre de 2003.
La figura se impone en la percepción social cada vez que algún inconveniente o conflicto rememora ese acontecimiento, fecha en que un alzamiento popular derrocó a Sánchez de Lozada; empero, aunque los octubres parecen ser de mal augurio, no significa que contengan presagios nefastos.
Todos los acontecimientos que terminaron forjando una idea catastrófica, casi como una premonición, fueron las resultantes de procesos que se gestaron en años de dinámicas confusas y contradictorias que correspondían al desarrollo de un modelo estatal conocido en la jerga sociológica como el “Estado del 52”.
Aunque el detonante fue la Guerra del Gas como corolario de la Guerra del Agua en Cochabamba, estos eventos solo expresan el agotamiento de una estructura de poder en su fase final. El derrocamiento de Sánchez de Lozada constituye el inicio del último ciclo del nacionalismo revolucionario y el ocaso de lo “nacional-popular”.
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Es decir, nada de esto obedeció a oscuros designios del destino imposibles de explicar y comprender; obedeció a causas objetivas expresadas en la necesidad social de preservar recursos naturales nacionales, poner freno a las ambiciones de élites de corte neoliberal y cerrar la historia que el MNR había iniciado en 1952.
Las grandes movilizaciones que lograban derrocar un régimen hoy en día han sido neutralizadas por la emergencia de una conciencia ciudadana democrática mejor ajustada a los parámetros de la modernidad occidental, y el propio desarrollo de las fuerzas productivas del capitalismo tardío, lo que conlleva un repliegue de todo impulso al margen de las normas prevalecientes, o lo que es lo mismo, un repliegue mínimo frente a la posibilidad de violar la ley y las normas de convivencia pacífica que garantizan la producción y el desarrollo social.
Desde esta perspectiva, para comprender la imposibilidad de reproducir un escenario análogo al “Octubre Negro”, resulta imperativo analizar el agotamiento de las narrativas nacional-populares.
Esas estrategias de insurrección “popular” se inscribían en un imaginario fuertemente influenciado por el marxismo-leninismo y sus resabios soviéticos, donde el conflicto se articulaba primordialmente a través de la categoría de clase social y lucha de clases.
Hoy, frente a la evidencia de que esas formas de lucha social no produjeron los resultados esperados, la sociedad prefiere los horizontes de la democracia ciudadana, que no es perfecta ni cosa parecida, pero en todo caso superior a las ensoñaciones populistas que en los hechos no produjeron más que miseria y constituyeron la negación de los postulados libertarios del marxismo clásico pensado por Marx.
Por otro lado, la protesta contemporánea ya no responde a los viejos esquemas de representación corporativa y sindical del siglo XX que se ejecutaban guiados bajo consignas ideológicas en pugna. Hoy la protesta se ha ciudadanizado. La protesta de las multitudes (aquellas no pagadas) ha colapsado como consecuencia del declive definitivo de las grandes ideologías y la crisis de los viejos instrumentos de representación, como fueron los partidos.
En el siglo XXI, las fuerzas sociales operan dentro de los márgenes de una ciudadanía que prioriza la estabilidad institucional y el libre ejercicio de derechos por encima de las insurrecciones de corte subversivo; en consecuencia, la repetición de un “Octubre Negro” se torna inviable en los marcos de un ciclo histórico asentado en parámetros democrático-ciudadanos.
Seguramente una etapa de tensiones y disturbios, protestas y desacatos seguirá la promulgación de este tipo de disposiciones legales (como la liberación de los precios del diésel), pero en ningún momento se estructurarán y tomarán la fuerza y dimensiones de un octubre negro.
Renzo Abruzzese es sociólogo.