Reconfirmando el viejo adagio que dice: ”En todas partes se cuecen habas”, acaba de estallar en Brasil un megascándalo de inédita crisis institucional. El detonante es la guerra abierta entre dos magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF): Alexandre de Moraes, su vicepresidente y figura clave en las investigaciones contra el exmandatario Jair Bolsonaro por intento de golpe, y el también alto magistrado de dicho tribunal, André Mendonça. Esta disputa ha sacudido el panorama político del país a pocas semanas de las elecciones presidenciales.
La controvertida actitud de Moraes fue blanco de duras críticas internacionales, al punto de que sectores de la oposición conservadora invocan la necesidad de aplicar mecanismos como la Ley Magnitsky estadounidense, que permite sancionar graves violaciones a los derechos humanos y actos significativos de corrupción en cualquier parte del mundo, alineándose con la estrategia doctrinal “El Escudo de las Américas”, impulsada ideológicamente por Donald Trump.
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Al margen del debate sobre el origen de dicha polémica, lo cierto es que este alto estrado judicial se encuentra sumido en una crisis sin precedentes debido a acusaciones cruzadas de corrupción, abuso de autoridad e intereses electorales entre dos de sus jueces más influyentes. Los cargos surgen del escándalo en el caso “Banco Master”, cuyo personaje clave es Daniel Vorcaro, un banquero investigado por un millonario fraude financiero.
A raíz del decomiso del celular de Daniel Vorcaro, por parte de la Policía Federal brasileña, se estableció la existencia de mensajes entre el banquero y el grupo de Alexandre de Moraes, que sugieren una cercanía comprometedora que involucra al bufete de la esposa de De Moraes, en contratos multimillonarios.
A su vez, André Mendonça —nombrado en la Corte por el expresidente Bolsonaro y actual relator del caso Banco Master— levantó el secreto de sumario y liberó los chats que implican a De Moraes, abriendo el camino para pedir su suspensión.
La oposición, liderada en las calles por el senador Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente y actual candidato presidencial), ha capitalizado el conflicto convocando a marchas masivas y exigiendo la destitución inmediata de Alexandre de Moraes. Con ello, alimentan la narrativa de que el juicio contra su padre fue y es una persecución judicial.
Ante semejante escándalo, que inevitablemente salpica el entorno político del presidente Luiz Inácio Lula da Silva —creador, junto a Fidel Castro, del Foro de São Paulo y candidato a la reelección—, intentando mantener una prudente distancia y bajo una tensa neutralidad ha declarado: «la ley vale para todos y nadie puede usar su cargo para beneficio personal”, aunque presionó para que se destape la totalidad de la investigación para frenar las filtraciones selectivas.
A la luz de lo expuesto, el presidente del Tribunal, Edson Fachin, intenta ganar tiempo y contener los daños institucionales. Tras ordenar la apertura de los procesos pendientes, ha convocado a una sesión plenaria extraordinaria afirmando que el Poder Judicial actuará con firmeza ante la gravedad de las acusaciones. Empero, el daño ya está hecho: se detecta una enorme pérdida de credibilidad de la ciudadanía hacia el Poder Judicial, reflejada en encuestas con niveles históricos de desaprobación. El fallo final de esta disputa no solo marcará el destino de la Corte, sino que determinará el resultado de las próximas elecciones, demostrando que en Brasil también se cuecen habas.