Alarcón explica que el Gobierno debe presentar la solicitud antes del vencimiento de los 90 días y justificar que las causas que originaron la medida continúan vigentes
Operativos durante el Estado de excepción. Foto: ABI.
La eventual ampliación del estado de excepción que analiza el Gobierno no puede resolverse solo con un nuevo decreto supremo. Si el Ejecutivo pretende extender la vigencia de la medida, deberá solicitar autorización previa a la Asamblea Legislativa, que tendrá la última palabra sobre su continuidad.
Así lo explicó el diputado de Unidad Carlos Alarcón, quien detalló la ruta que tendría que seguir el Gobierno si decide solicitar una extensión del estado de excepción vigente desde el 20 de junio.
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“El único que podría pedir esa autorización de ampliación es el Gobierno, pero la que tiene que pronunciarse es la Asamblea”, afirmó el legislador en entrevista con La Razón.
Pues, el Ejecutivo analiza presentar una solicitud de ampliación ante las amenazas de nuevos conflictos sociales y movilizaciones. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó el viernes que existe una tendencia en el Gobierno a extender la medida. El actual estado de excepción rige por 90 días y concluye el 20 de septiembre.
Alarcón explicó que la solicitud debe presentarse antes de que concluya el estado de excepción vigente. Si los 90 días terminan sin una autorización para extenderlo, ya no podría hablarse de una ampliación de la medida original, sino de un nuevo estado de excepción.
“Tiene que ser antes del vencimiento, no hay un plazo específico para hacerlo antes”, precisó.
El parlamentario explicó que la eventual ampliación debía ser por un periodo menor a los 90 días que tuvo la declaratoria original. Aclaró que la Ley 1740, de Estados de Excepción, no establece de forma expresa ese límite, pero señaló que, desde una interpretación jurídica, la extensión no podía tener la misma duración ni superar el plazo inicial.
“Si el original ha sido de 90 días, el periodo de ampliación podría ser, por ejemplo, de 60, por decirlo. Es un tema que lo evalúa el Gobierno, pero no podría ser por 90 o por 100, o por 120”, indicó.
Como ejemplo, señaló que una extensión podría ser de 60 días, pero no de 90, 100 o 120 días.
La solicitud tampoco debería limitarse a expresar la intención de mantener la medida. El Ejecutivo tendría que justificar ante la Asamblea que las causas que dieron origen al estado de excepción todavía existen.
En este caso, Alarcón explicó que la declaratoria se produjo por razones de conmoción interior, por lo que el Gobierno debe demostrar que esas circunstancias continúan y tienen efectos sobre el orden público.
“Tienen que justificar que las causas de conmoción interior siguen presentes y vivientes en el país, ya sea local o nacionalmente, según el alcance del estado de excepción”, añadió.
Por ello, Alarcón evitó anticipar una posición sobre una eventual solicitud y señaló que primero será necesario conocer los argumentos que presente el Ejecutivo. “Tenemos que evaluar, no podemos dar una opinión anticipada a los fundamentos que se esgriman en el pedido de ampliación”.
La Asamblea deberá revisar cómo se aplicó el estado de excepción desde el 20 de junio y qué resultados produjo. “Cuando llegue formalmente este pedido, si es que llega de parte del Ejecutivo, tendremos que hacer un debate y un análisis minucioso en la Asamblea Legislativa”.
Entre los elementos que, según el diputado, deberán analizarse está el cumplimiento del decreto y la aplicación efectiva de la medida en el territorio nacional.
“El tema es si el actual decreto y el estado de excepción se han cumplido por parte del Gobierno. Hay que determinar si el estado de excepción existe solo de manera formal en las normas o si realmente se aplica en los hechos”, añadió.
Por su parte, el expresidente Jorge Tuto Quiroga aseguró en una conferencia de prensa que la medida excepcional no tuvo efectos. “Los bloqueos no se levantaron por el estado de excepción. ¿Hoy día funciona? No funciona”.
El análisis también tendrá que considerar la situación actual del país y las amenazas de nuevas movilizaciones. Al respecto, Justiniano señaló que los ministerios de Defensa y Gobierno realizan evaluaciones para justificar una eventual ampliación ante el presidente Rodrigo Paz y la Asamblea.
Otro elemento que podría pesar en el debate es la reforma de la Constitución Política del Estado. El artículo 140 establece que una reforma constitucional no puede iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción.
El diputado Juan del Granado, presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, advirtió en la semana que los proyectos de reforma que llegaron a esa instancia no pueden iniciar su tratamiento mientras continúe la medida.
“Mientras el estado de excepción se mantenga no pueden iniciarse las reformas a la Constitución”, afirmó.
Alarcón también incorporó este asunto al análisis que deberá realizar la Asamblea. Si el país necesita avanzar con una reforma constitucional mientras permanece vigente la medida excepcional, los legisladores tendrán que considerar las consecuencias de prolongarla.
“Si es que estuviera en este momento vigente un estado de excepción y la urgencia para el país ahora es llevar adelante una reforma constitucional, ¿cuáles son las situaciones de amenaza, de conmoción del orden público actual, real y vigente que las tendrá que explicar y demostrar el Gobierno?”, planteó.
Alarcón descartó que exista una traba jurídica para que el Ejecutivo solicite una ampliación. “No hay una traba jurídica”, afirmó.
La discusión, explicó Alarcón, estará en determinar si existen fundamentos suficientes para mantener una medida excepcional. “No porque hay o no hay una traba jurídica, sino que tiene que haber un debate a fondo si es conveniente, políticamente conveniente o no, ampliar el estado de excepción”, señaló.
El diputado consideró que la correlación de fuerzas en la Asamblea no necesariamente impedirá una decisión. Recordó que en anteriores determinaciones se alcanzaron acuerdos después de debates entre las distintas bancadas.
“Ha estado guiada por un debate a fondo, un debate racional, deliberativo y donde hemos logrado tomar decisiones por más de dos tercios, independientemente del color político de las bancadas”, dijo.
En su criterio, el voto debería definirse por los fundamentos que presente cada posición.
“Yo creo que la tendencia mayoritaria se va a definir por los fundamentos del debate y por aquellas razones que sean las razones que justifiquen más una decisión en relación a la otra”, indicó.
En otro punto de su análisis, el diputado advirtió sobre el riesgo de que una aplicación sin resultados suficientes termine por restarle fuerza a esta figura constitucional.
“Si es que con esa decisión vamos a hacer que se mantenga con mayor fortaleza para sus aplicaciones en el futuro o si más bien lo vamos a estar devaluando”, planteó.
La Central Obrera Boliviana (COB) también expresó reparos. La organización advirtió que una eventual ampliación podría ser “contraproducente” y pidió evaluar antes los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo.
Por el contrario, el diputado Manolo Rojas (PDC) anunció hace semanas la presentación de un proyecto de ley mediante el cual propone ampliar por seis meses el estado de excepción.
“En mi proyecto de ley estoy solicitando que sea por seis meses más (la medida)”, señaló Rojas.
Según el diputado, el proyecto es planteado ante las amenazas de protestas y bloqueos anunciadas por algunos sectores sociales y los posibles desastres naturales que podrían registrarse a causa del fenómeno de “El Niño”.
Al respecto, Alarcón aseguró que la ley no permite ese conducto de solicitud.
“No corresponde, pues ese es el Ejecutivo que tiene que pedir la ampliación, es el único que puede valorar las causas de seguridad y de orden público que justifican una ampliación del estado de excepción”, afirmó.
Con ello, la ruta para una eventual extensión queda delimitada. El Ejecutivo debe evaluar la situación, justificar que persisten las causas que dieron origen a la medida y presentar la solicitud antes del vencimiento. La Asamblea, por su parte, deberá debatir sus fundamentos, revisar los resultados de la primera etapa y decidir si autoriza o rechaza la ampliación.
El actual estado de excepción comenzó el 20 de junio y tiene vigencia hasta el 20 de septiembre. Hasta esa fecha, el Gobierno deberá definir si presenta la solicitud y, si lo hace, la decisión final quedará en manos de la Asamblea Legislativa.
