Los autores de la investigación calificaron a los cierres de vías como el impuesto más regresivo del país, debido a que no lo aprueba ningún congreso pero recae desproporcionadamente en las familias de menores ingresos.
Fuente: https://correodelsur.com
Un estudio elaborado por economistas del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Privada Boliviana (CIEE-UPB) reveló que la frecuencia y duración de los bloqueos de carreteras en Bolivia se incrementaron en las últimas dos décadas.
La investigación, titulada “The Cost of Disruption: Inflation and Real Income in Bolivia”, compara el quinquenio 2002-2006 con la coyuntura reciente, mostrando que el promedio mensual de días de bloqueo casi se triplicó, pasando de menos de un día al mes a entre dos y tres días en un año normal.
Asimismo, los picos mensuales se elevaron de 1,5 días a entre seis y siete días, mientras que la duración de las medidas más extensas pasó de un máximo de 18 días en eventos pasados a registrar registros de hasta 53 días consecutivos.
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Los autores de la investigación, Oscar Molina, Carlos Foronda e Ibhar Beramendi, calificaron a los cierres de vías como el impuesto más regresivo del país, debido a que no lo aprueba ningún congreso pero recae desproporcionadamente en las familias de menores ingresos.
Según el documento, los hogares más pobres son hasta 14,54 veces más sensibles a la inflación provocada por la interrupción de rutas. Este fenómeno afecta de forma directa a los productos no procesados, como alimentos agrícolas y cárnicos, los cuales representan cerca del 30% del gasto total de las familias vulnerables.
Durante la protesta de 53 días ocurrida entre mayo y junio de 2026, el 10% más pobre de La Paz perdió el 32,04% de su ingreso real, mientras que el sector más rico solo perdió un 3,15%. Una brecha similar se registró en Cochabamba, donde las familias vulnerables sufrieron una reducción del 12,38% de su ingreso frente a apenas un 1,24% en los estratos altos.
En La Paz, la inflación de productos agrícolas alcanzó un 68,46% y la de carnes un 59,01%. Entre tanto, en Santa Cruz el costo recayó sobre los productores, quienes perdieron alimentos perecederos al no poder trasladar su mercancía.
Este impacto económico se profundiza en un contexto caracterizado por diez trimestres consecutivos de contracción del Producto Interno Bruto (PIB) y una tasa de pobreza que alcanzó el 45% en 2025.
Los investigadores señalan que las distorsiones de precios provocadas por los bloqueos generan incertidumbre, paralizan la actividad económica informal y derivan en la postergación o cancelación de proyectos de inversión privada en urbes como El Alto.
Ante este escenario, los especialistas apuntan a la urgencia de reevaluar el uso de las medidas de presión y buscar mecanismos alternativos para encauzar las demandas sociales. Según las proyecciones del estudio, por cada día de bloqueo los sectores de menores recursos pierden aproximadamente un 1% de su ingreso real, acumulando una pérdida anual promedio del 9%.
Por ello, el análisis invita a reflexionar sobre la viabilidad de mantener un instrumento que erosiona de forma sistemática el bienestar de la población más desfavorecida.
