Hay momentos en los que un país tiene que detenerse. No para quedarse paralizado, sino para mirar lo que ha vivido y preguntarse, con honestidad, qué funciona, qué no funciona y qué debe cambiar, aún en medio de tanta incertidumbre, desazón, frustración y crisis de todo tipo.
Sabemos que acudimos a las elecciones para solucionar nuestras crisis. Por eso, después de más de una década de vida de las leyes 018 del Órgano Electoral Plurinacional y 026 del Régimen Electoral, y después de la aprobación de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, es necesario reflexionar seriamente en lo que significa una verdadera reforma electoral.
El Órgano Electoral ha abierto esta discusión y ha anunciado la revisión de estas tres normas después de haber demostrado capacidad operativa para conducir procesos electorales, pero no necesariamente con transparencia o seguridad jurídica. Entre los temas identificados por el OEP están la representación política, la democracia interna de las organizaciones políticas, la administración y justicia electoral, el padrón y la gestión electoral. Pero vistos desde la mirada técnica e institucional dirigida a modificar artículos de estas 3 leyes. ¿Es suficiente esta mirada? ¿Debemos pensar sólo en cambiar artículos?
Reformar no puede ser simplemente cambiar artículos, porque una norma no es un hecho aislado, es parte de una arquitectura que define cómo se distribuye el poder, quién puede participar, cómo se representa a los ciudadanos, cuáles son las competencias de las instituciones o cómo se resuelven los conflictos.
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La presencia de la MOE de Jubileo en los últimos 5 procesos electorales ha logrado un diagnóstico sobre el funcionamiento del sistema electoral y sobre la institucionalidad del OEP. Y esta evidencia es la base de la construcción participativa de una agenda de fortalecimiento institucional y electoral desde la sociedad civil. Este proceso, que ahora se encuentra en la fase de entrevistas a expertos y a representantes de diferentes sectores, dura como mínimo 18 meses para realizar mesas nacionales de diálogo y debates territoriales. Al momento, este trabajo ya muestra que la normativa electoral tiene peligrosas zonas grises, conflictos de competencias, interpretaciones distintas y problemas que reaparecen elección tras elección.
Veamos. La Ley 018 asigna al Órgano Electoral demasiadas responsabilidades, como administrar el régimen democrático, las bases de datos, ejercer la jurisdicción electoral y fiscalizar a las organizaciones políticas, entre otras. La Ley 026, por su parte, organiza el ejercicio de la democracia intercultural, articulando democracia directa y participativa, representativa y comunitaria. ¿Estas normas han fortalecido la democracia? ¿Existe en su interrelación un equilibrio de competencias y atribuciones entre el nivel central y departamental? ¿Han logrado fortalecer a las organizaciones políticas?
¿El ejercicio de la democracia intercultural (si es que realmente hay uno) está siendo discutido por las mismas naciones y pueblos indígenas? o ¿quiénes están discutiendo por ellos? ¿Están las propias naciones y pueblos debatiendo sobre cómo quieren ser representados?
Algo parecido ocurre con las mujeres. Bolivia ha avanzado de manera importante en materia de paridad y alternancia, pero no confundamos la presencia de mujeres en las listas con una participación política plena. Entonces, ¿qué condiciones reales existen para que las mujeres participen, sean candidatas, ejerzan liderazgo y puedan permanecer en la política? ¿El problema está solamente en las normas? ¿Está en las organizaciones políticas? ¿Está en la cultura política? ¿En la educación? ¿En las condiciones sociales y económicas? ¿En la violencia y las dificultades que muchas mujeres enfrentan cuando deciden participar? ¿O está en el interés de las propias mujeres por ocupar espacios de representación?
Si no hacemos estas preguntas, podemos terminar reformando la forma sin modificar el fondo. Por eso también debemos hablar de la responsabilidad del Órgano Electoral. El OEP posee un conocimiento técnico e institucional importante; ha administrado procesos electorales durante años, conoce las dificultades que aparecen en el padrón, en la organización de las elecciones, en el cómputo, en la justicia electoral y en la relación con las organizaciones políticas. Pero hay una diferencia entre conocer técnicamente el funcionamiento de una elección y reflexionar sobre veinte años de democracia. Por eso, socializar una propuesta (el TSE ha anunciado eventos departamentales en octubre para presentar su propuesta a la Asamblea Legislativa en noviembre de este año) no es necesariamente deliberar sobre una reforma. Su responsabilidad debe ir más allá de su capacidad técnica y no debe confundir su experiencia institucional con la totalidad del debate democrático. Tampoco debería pensar que con una propuesta técnicamente solvente solucionará los problemas de confianza y credibilidad.
Y aquí aparece la otra gran responsabilidad: la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es responsabilidad de la Asamblea dotarse de apoyo técnico para estudiar, investigar, escuchar, contrastar, y convocar a expertos y actores sociales. Además, la ALP debe generar espacios de deliberación para revisar qué ocurrió durante los últimos veinte años y preguntarse qué democracia queremos construir para los próximos veinte.
La idea no es solamente modificar las normas electorales; necesitamos debatir sobre los problemas que están detrás de ellas. Si no, ¿En qué momento se discutirá la calidad de las organizaciones políticas? ¿Dónde se discute la representación indígena? ¿Dónde se discute la participación efectiva de las mujeres? ¿Dónde se discute la educación democrática? ¿Dónde se discute la confianza ciudadana? ¿Dónde se discute la posibilidad de contar con una sala administrativa y otra jurisdiccional para fortalecer la independencia de las decisiones del OEP? ¿Dónde se discuten los mecanismos para resolver las controversias electorales con seguridad jurídica? ¿No será que la reforma electoral es solamente uno de los ladrillos de una arquitectura institucional construida durante los últimos veinte años? Si es así, no podemos limitarnos a cambiar algunos artículos y eso requiere responsabilidad y ética.
Y requiere también la capacidad de pensar más allá de la próxima elección. Una reforma electoral no debería hacerse para favorecer al gobierno de turno, a la oposición de turno, a un partido o a un candidato. Tampoco debería hacerse solamente para resolver una crisis inmediata. Las reglas de la democracia no pueden escribirse pensando en quién ganará la próxima elección. Deben escribirse pensando en qué ocurrirá cuando cambien los gobiernos, los partidos y los protagonistas. Por eso esta reforma necesita tiempo, debate y participación. No podemos darnos el lujo de hacer una reforma apresurada. La reforma necesita reflexión, capacidad técnica, deliberación, voluntad política, pero también ética y responsabilidad para decidir qué tipo de democracia queremos dejar a las próximas generaciones.