El exministro de Justicia y Transparencia Institucional Álvaro Coimbra sostuvo que Bolivia enfrenta una crisis estructural en su sistema judicial y planteó una transformación que combine independencia, meritocracia, mayores recursos, controles institucionales y una modificación de los mecanismos de selección de jueces. En entrevista con Al Punto, también habló sobre su experiencia como exautoridad y privado de libertad y dirigió un mensaje al presidente Rodrigo Paz.
Fuente: https://elpopularnoticias.com
INFORME. CYNTHIA DURÁN G.
Álvaro Coimbra, quien ejerció como ministro de Justicia y Transparencia Institucional entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020 durante el gobierno de Jeanine Áñez, volvió a poner sobre la mesa uno de los debates pendientes de Bolivia: la necesidad de una reforma estructural de la justicia.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En entrevista exclusiva con el programa Al Punto, de TVU (Televisión Universitaria), Coimbra sostuvo que la transformación del sistema no puede limitarse a un cambio de autoridades, sino que debe involucrar la estructura institucional, la formación y selección de jueces, los recursos económicos y los mecanismos de control.
Uno de los aspectos centrales de su planteamiento fue la meritocracia. Recordó que durante su gestión se trabajó sobre mecanismos de evaluación para el acceso a cargos judiciales y cuestionó que una persona pueda llegar a administrar justicia únicamente por superar una prueba con una calificación mínima.
“No todos los abogados tenemos las condiciones para ser jueces”, afirmó.
A su juicio, la selección debería considerar no solamente conocimientos jurídicos, sino también experiencia, capacidades y evaluaciones que permitan determinar la idoneidad de quienes aspiran a ejercer como jueces o fiscales.
Coimbra incluso planteó incorporar evaluaciones psicológicas dentro de los procesos de selección, bajo criterios objetivos y transparentes, con el propósito de determinar si los postulantes cuentan con las condiciones necesarias para asumir una función que implica tomar decisiones que afectan directamente los derechos y la libertad de las personas.
Recursos y condiciones para la justicia
Otro de los puntos destacados por el exministro fue el presupuesto destinado al Órgano Judicial. En su criterio, una reforma profunda requiere recursos para infraestructura, tecnología, capacitación y mejores condiciones laborales.
Coimbra recordó que durante su gestión se gestionaron conversaciones con agencias de cooperación internacional para buscar financiamiento destinado al fortalecimiento de la justicia, aunque señaló que el proceso quedó afectado por la pandemia de COVID-19.
Para el exministro, la discusión presupuestaria no puede separarse de la reforma institucional.
“No se puede reformar la justicia sin recursos económicos”, sostuvo durante la entrevista.
También consideró necesario mejorar las condiciones de trabajo de jueces y funcionarios, aunque acompañando cualquier incremento de recursos con mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.
Independencia y lucha contra la corrupción
Coimbra afirmó que la justicia boliviana arrastra problemas de corrupción e influencia política y sostuvo que una reforma constitucional debería conducir a cambios estructurales que garanticen una mayor independencia de los órganos encargados de administrar justicia.
En su lectura, no basta con cambiar magistrados o autoridades. El desafío consiste en construir un sistema en el que los jueces puedan tomar decisiones sin presiones externas y donde existan mecanismos eficaces para investigar y sancionar irregularidades.
El exministro también cuestionó las estructuras de poder que, según su versión, pueden permanecer dentro de las instituciones independientemente del gobierno de turno.
En ese sentido, sostuvo que el actual Gobierno tiene la oportunidad de impulsar una transformación institucional y evitar repetir prácticas que él considera perjudiciales para el país.
Su experiencia como exautoridad y privado de libertad
Durante la entrevista, Coimbra también abordó uno de los capítulos más personales de su trayectoria: los procesos judiciales que enfrentó después de dejar el Ministerio de Justicia y su permanencia en el penal de San Pedro.
En marzo de 2021 fue aprehendido en Beni dentro de una investigación relacionada con los hechos de 2019 y fue sindicado por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, según información difundida entonces por la Fiscalía y la agencia estatal ABI.
Coimbra sostiene que fue víctima de persecución política y que su privación de libertad estuvo vinculada a decisiones políticas. Esta es su versión sobre los procesos que enfrentó y no constituye, por sí misma, una determinación judicial sobre las responsabilidades involucradas.
Desde esa experiencia, afirmó que uno de los principales desafíos de la reforma consiste en garantizar que ninguna persona pueda ser utilizada como instrumento de presión política mediante el sistema judicial.
Un mensaje al presidente Rodrigo Paz
Hacia el cierre de la entrevista, Coimbra expresó que observa con expectativa la gestión del presidente Rodrigo Paz y consideró que el actual Gobierno tiene una oportunidad para impulsar cambios institucionales después de años de cuestionamientos al funcionamiento del Estado.
Su planteamiento incluye una reforma judicial vinculada a una eventual reforma constitucional, una revisión del tamaño y funcionamiento del Estado, mayor transparencia y un nuevo esquema de distribución de recursos entre los distintos niveles de gobierno.
También mencionó el pacto fiscal 50/50 planteado por el Gobierno como uno de los elementos que, en su opinión, podrían contribuir a fortalecer la gestión territorial.
El exministro pidió que las reformas no se queden en discursos y que exista capacidad de ejecución.
“Tiene una oportunidad de cambiar su país”, fue uno de los mensajes centrales que dejó al referirse al presidente Rodrigo Paz.
La entrevista de Coimbra deja así sobre la mesa una discusión que trasciende a una gestión gubernamental: cómo construir una justicia independiente, profesional, con recursos suficientes y mecanismos de control, capaz de responder a la ciudadanía sin convertirse en instrumento de intereses políticos o particulares.
Para el exministro, el momento exige decisiones y velocidad. Para que una eventual reforma tenga legitimidad, sin embargo, deberá traducirse en reglas institucionales, procesos transparentes y resultados verificables para quienes acuden diariamente a los tribunales en busca de justicia.
