El vocero presidencial sostiene que las investigaciones sobre diferentes personas deben concentrarse en hechos concretos y posibles delitos. También negó que cuatro personas cuestionadas formaran parte del Gobierno de Rodrigo Paz.
eju.tv / Video: LHP
El vocero presidencial José Luis Gálvez afirmó que la lucha contra la corrupción debe concentrarse en hechos concretos y no convertirse en un mecanismo de persecución o estigmatización política. Sostuvo que el Gobierno debe evitar reproducir prácticas que cuestiona del anterior periodo y respetar los derechos de las personas y la presunción de inocencia.
“El mayor peligro que tenemos es hacer lo mismo que ha hecho el MAS”, señaló Gálvez al referirse al riesgo de que, en el proceso de transformación del Estado, se utilicen mecanismos similares a los que el actual Gobierno cuestiona. Afirmó que la recuperación de la democracia debe estar acompañada por el respeto al derecho de las personas.
El vocero sostuvo que la preferencia política, la procedencia regional o cualquier otra característica personal no son razones suficientes para descartar a una persona de la función pública. A su criterio, si existen elementos que vinculen a alguien con un delito, estos deben ser presentados y sometidos a investigación por las instancias correspondientes.
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La posición fue expresada en medio de cuestionamientos por la situación de Manuel Canelas, Leila Rocío Medinaceli, Pablo Ciangolani y Walter Chávez, mencionados durante la entrevista por sus vínculos políticos anteriores.
Sobre esos casos, Gálvez afirmó que, de acuerdo con la información que tiene disponible, ninguna de esas personas trabaja como funcionario del Estado boliviano, fue contratada por el Gobierno, forma parte de su estructura o asesora al presidente Rodrigo Paz.
Sin embargo, aclaró que no conoce en detalle las funciones que eventualmente hubieran desarrollado para organismos internacionales ni tiene información completa sobre las instituciones que podrían haberlas contratado. Por ello, señaló que las preguntas sobre esos vínculos deberían ser dirigidas a los organismos correspondientes.
Jorge Robles, el vocero presidencial José Luis Gálvez y María Belén Mendivil. Foto: captura de pantalla
Gálvez trasladó ese mismo criterio a los casos de presunta corrupción detectados en la administración pública. En particular, se refirió a funcionarios vinculados con el desvío de combustibles en YPFB y sostuvo que quienes hayan cometido delitos deben enfrentar los procesos correspondientes hasta que, cuando corresponda, existan sentencias ejecutoriadas.
“Aquí se trata de luchar contra los corruptos y los pícaros”, afirmó, al diferenciar la investigación de posibles delitos de cualquier criterio basado en la procedencia política o regional de los funcionarios.
El vocero informó además que el Gobierno amplió las responsabilidades del Viceministerio de Transparencia, encabezado por Yamil García, para desarrollar una política preventiva contra la corrupción, con capacidad de intervenir incluso sin una denuncia previa y coordinar el trabajo de las oficinas de transparencia de las distintas instituciones públicas.
En el caso de YPFB, afirmó que existe una intervención en curso con participación del Viceministerio de Transparencia y que algunos casos están siendo denunciados y procesados ante el Ministerio Público y la Justicia. Al mismo tiempo, remarcó que no todos los funcionarios de la empresa pueden ser considerados corruptos y que deben diferenciarse las responsabilidades individuales.
Gálvez sostuvo que el reto del Gobierno es transformar el Estado sin repetir prácticas que considera dañinas para la institucionalidad. En ese proceso, planteó mantener la lucha contra la corrupción junto con el respeto a los derechos y las garantías democráticas.