Con los decretos supremos 5697 y 5699, que esta semana dispusieron intervenir Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la estatal petrolera suma al menos dos intervenciones en los últimos 20 años.
Fuente: https://correodelsur.com
Raykha Flores Cossío
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Con los decretos supremos 5697 y 5699, que esta semana dispusieron intervenir Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la estatal petrolera suma al menos dos intervenciones en los últimos 20 años, sin contar otras acciones anunciadas en este Gobierno, militarizaciones y las tres nacionalizaciones a lo largo de su historia. Ninguna termina de resolver su compleja problemática.
Las tres nacionalizaciones (1937, 1969 y 2006) también supusieron intervenciones a la empresa estatal petrolera, pero ellas son motivo de otra nota y, de acuerdo con un estudio de la Fundación Jubileo, los resultados hablan por sí solos.
Una revisión de la Gaceta Oficial de Bolivia muestra una serie de decretos que dispusieron intervenciones en diferentes instituciones del Estado e, incluso, en entidades privadas. Una de las más recordadas: la intervención administrativa-financiera, técnica operativa al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (DS N° 2274, del 24 de febrero de 2015), a raíz del escándalo de malos manejos y proyectos fantasmas, con investigaciones que siguen hasta este 2026.
En lo que toca a YPFB, en archivos periodísticos quedó registrada la intervención de 2009, aunque no hay ninguna norma al respecto en la gaceta. Según consultas realizadas a exservidores públicos, tampoco es una obligatoriedad ya que las intervenciones a instituciones más bien deben ejecutarse bajo el sistema regulatorio.
El 27 de enero de ese año, el empresario Jorge O’Connor D’Arlach, de Catler Uniservice, firmante de un contrato para construir la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, fue asesinado en La Paz. Le robaron 450 mil dólares que, según la investigación, estaban destinados a un soborno para el entonces presidente de YPFB y hombre fuerte del MAS, Santos Ramírez.
Tras el destape del escándalo, el presidente Evo Morales rompió con Ramírez, que después entraría a la cárcel, y posesionó en su lugar a Carlos Villegas, hasta entonces ministro de Planificación. Morales pidió a Villegas intervenir la petrolera y esclarecer las denuncias.
Hubo una toma policial de las instalaciones en la sede central de YPFB en La Paz y en dependencias regionales como Santa Cruz para precintar oficinas técnicas, contables y administrativas con el fin de resguardar pruebas; quedaron cesantes un viceministro, una directora, cuatro gerentes, un vicepresidente, un jefe y otros dos funcionarios.
El Ejecutivo ejecutó auditorías y reestructuró los mecanismos de contratación. No obstante, los sucesivos escándalos de corrupción ocurridos después de que se demostró que no hubo resultados y al finalizar ese año, Villegas admitió una drástica caída en la ejecución de inversiones hidrocarburíferas programadas, producto de la paralización de procesos de contratación y el endurecimiento preventivo de los controles internos.
EN ESTE PERIODO
Durante la actual gestión de Rodrigo Paz, hubo acciones previas a las intervenciones.
El 5 de agosto, el Ejecutivo anunció una intervención “integral, técnica y ejecutiva” para investigar el envío de combustibles, el favorecimiento en los despachos y los cobros irregulares. La acción finalmente se concretó este mes, en medio de la molestia creciente por las filas de gasolina y diésel.
Ya el 15 de diciembre de 2025, Paz había conformado la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos para investigar más de 140 denuncias y revisar el manejo de inversiones, impuestos, regalías, subvenciones, empresas públicas y plantas de industrialización durante los 20 años anteriores.
Ese mes, tras la denuncia de desvío de diésel y gasolina al contrabando, se intervinieron oficinas centrales, distritos comerciales, plantas operativas en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, y dependencias de la Unidad de Logística, lo que derivó en el secuestro de servidores y destitución y aprehensión de gerentes y mandos medios.
Le siguió el informe presentado en marzo de este año por el ahora expresidente de Yacimientos Yussef Akly, quien reportó la desvinculación de 410 funcionarios, una “reestructuración técnica”; presuntas designaciones irregulares, indicios de nepotismo y movimientos de funcionarios de cargos jerárquicos a puestos inferiores para evitar su retiro.
Ese mes el Ejecutivo también ordenó un despliegue militar a refinerías y plantas de almacenamiento de YPFB –ya lo había hecho su antecesor, Luis Arce–, con el fin de auditar la trazabilidad del combustible y evitar manipulaciones ante las denuncias de la gasolina contaminada.
En medio, hubo dos informes parlamentarios: el primero sobre las operaciones entre YPFB y su subsidiaria, la cuestionada Botrading y el segundo sobre la gasolina contaminada; ambos arrojaron presuntas responsabilidades.
UNA REFORMA
Hace un par de semanas, la Fundación Jubileo planteó un programa de reforma institucional para la estatal petrolera e insistió en retirar el subsidio a los combustibles.
Su analista en Hidrocarburos Raúl Velásquez remarca que no solo se requiere un cambio de estructura o de autoridades.
Proponer modificar normativas, nombrar al directorio de una terna propuesta por el Órgano Legislativo; institucionalizar todos sus cargos; reducir las instancias jerárquicas y reordenar el organigrama.
VOZ EXPERTA
«Es una intervención tardía. Va a resolver el asunto de algunos manejos irregulares que todavía hay en YPFB y en la ANH, pero esto es temporal. Yo creo que el problema de fondo de Bolivia está en la subvención, sobre todo en los dólares que necesita el país para importar», opina en Correo del Sur Radio el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos.
Advierte que no habrá control efectivo si en los países vecinos un litro de gasolina cuesta el equivalente a 21 o 22 bolivianos, cuando aquí se vende a Bs 9,80; es decir, Bs 12 de ganancia por litro para quien se decide por el negocio irregular. “Las mafias se van a reorganizar y se van a readecuar”, avisa.
Remarca que Bolivia está importando un producto con los dólares que no tiene, para su salida vía contrabando o su destino a finos ilícitos como el narcotráfico o la minería ilegal.
«Hay que quitar el subsidio. El Gobierno tiene que buscar en dos o tres meses una manera de compensar a ciertos segmentos vulnerables de la población boliviana. Pero creo que Bolivia no tiene salida, porque en los próximos tres o cuatro años la producción de hidrocarburos va a seguir cayendo, los precios probablemente sigan altos y las importaciones al 2035 van a ser de 5.500 millones de dólares. ¿Y vamos a querer seguir subsidiando y sacando nuestro producto por la frontera?», pregunta.
Descarte que la venta privada de combustible prospere ya que todos buscarán el más barato mientras siga el subsidio.
Refiriéndose concretamente a la intervención de YPFB y no solo al problema de la importación, venta y distribución de combustible, propone —como ya lo planteó Jubileo y el mismo Ministerio de Hidrocarburos— contratar una consultora internacional que defina cuál será el futuro de la petrolera en los próximos 15 o 20 años.
“Esa empresa no puede seguir como está: tiene casi todos los gasoductos vacíos, apenas refina el 20% en las refinerías, la planta de Gran Chaco ya no va a producir GLP en breve, la planta de urea se prendía y se apagaba por problemas técnicos, la planta de mini GNL, las plantas de biodiésel… y todo un aparato de 5.000 a 6.000 empleados para que básicamente importan combustible”, manifiesta.
