Rossy percibe cada mes alrededor de Bs. 2.800. Es su renta de jubilación, para lo cual ahorró durante toda su vida de actividad laboral. Tenía esperanzas recibir un poco más. Se jubiló en los tiempos de las AFP Futuro y Previsión, las cuales administraron el fondo de pensiones desde 1996 hasta el 2024, sin duda, con bonitas y enormes ganancias por concepto de comisión de cada aporte que el trabajador de las empresas privadas y públicas lo hacía de su propio sueldo.
Hernando, otro jubilado, hace un año, le dijeron que su renta sería de Bs. 3.200 y que lo tomaba o lo dejaba, cuenta furibundo. Porque durante más de 25 años de trabajos en diferentes empresas aportaba de su sueldo entre Bs. 1.200 a 1.600. Dinero suyo que ahora no lo percibe en la expectativa que realmente le corresponde.
“Tendré que vivir hasta los 100 años para que mis aportes también mueran conmigo, pero al parecer primero me iré yo y esos ahorros se quedarán en las cajas de la Gestora Publica”, se lamenta el jubilado, en una charla informal que sostuvimos mientras nos atendían.
La situación de los millones de jubilados cada vez se torna más difícil, cuesta arriba debido a los costos en alza de forma permanente que están teniendo los productos alimenticios, farmaceúticos, médicos, de transporte y otros insumos que son necesarios para afrontar y vivir una existencia más justa, más digna, más hermosa, más armónica.
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Sin duda, ahora el panorama de los jubilados de los dos sistemas del Senasir y de las AFP, ahora Gestora Pública se presenta sombrío y lleno de carencias. Aunque en el caso de los Senasir cada año el Estado les hace ajustes a sus rentas. Por ejemplo, Florencia, hoy recibe Bs. 4.457, como producto de su renta de jubilación de hace más de 20, que heredó de su esposo, un trabajador petrolero de YPFB.
El dieselazo y quizás muy pronto el gasolinazo van a golpear duro a este amplio sector de personas mayores que ya no están en condiciones de trabajar, ni tampoco les ofrecerán un puesto laboral digno, sino que tienen que ir busçándole a la vida para sobrevivir de diferentes maneras: vender ropa usada, comida rápida, trabajar de serenos en condominios y urbanizaciones, y tantas otras alternativas de sobrevivencia.
Pero no es justo, es un atropello a sus derechos humanos fundamentales, es un golpe a la Constitución Política del Estado, que les garantiza a “todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la ley”.
No se ha determinado ninguna medida integral que se enfoque a aliviar el golpe del dieselazo para los jubilados de Bolivia, ya que sus rentas están congeladas y no sufrirán ni un solo punto de incremento, pero serán golpeados por los ajustes en los costos de los pasajes urbanos, interdepartamentales, tarifas de agua, de energía, productos de la canasta familiar, medicamentos que a esa edad ya casi todos los jubilados necesitan de uno o dos, sino de muchos remedios, por cuanto las dolencias son variadas y demasiadas.
“Eso es lo que el Estado está recaudando producto de este salto de precios de los combustibles. Dicho de otra manera, es dinero que se le está quitando a la población, se le está transfiriendo desde la población, desde el poder adquisitivo del bolsillo de los bolivianos hacia las cuentas fiscales, hacia el sector público”, afirmó el economista Omar Velasco, a Visión 360.
El dieselazo tendrá un impacto de primera mano a los asalariados y a los jubilados, ya que sus ingresos mensuales no contemplan ajustes inmediatos para mejorarlos y compensar el alzo de los precios en la cadena de productos, insumos, transporte y que el Gobierno no tomó en cuenta el rostro social de su medida de shock.
Lamentablemente este sector de los jubilados es uno de los más desprotegidos y lo ha sido siempre: en todos los gobiernos de Bolivia, que no han cumplido ni con la CPE ni con sentencias constitucionales que garantizan una serie de derechos humanos, como por ejemplo, la SCP 0280/2012 de 4 de junio, que estableció que: “En nuestro país, el beneficio de jubilación que recibe un adulto mayor, es un derecho en razón de poder cubrir sus necesidades básicas, puesto que con su pago se sustenta a sí mismo, y eventualmente a los familiares que sigan bajo su dependencia, más aun tomando en cuenta que las personas de la tercera edad, constituyen un grupo de atención prioritaria en aumento.
El Estado y la sociedad en su conjunto por los riesgos a los que están expuestos, tiene la obligación de dar prioridad a la prevención y el cuidado de la calidad de vida de los adultos mayores, quienes en su momento aportaron a la construcción y mantenimiento del Estado desde el sector activo, correspondiendo que ahora pertenecen al sector pasivo, se reconozca las consecuencias de su trabajo y la calidad de grupo de atención prioritaria” (las negrillas nos corresponden”.
El Estado está en la obligación de garantizar a todos una jubilación con carácter universal, solidario y equitativo. Para que los años que les quedan, la vida no se les presente cuesta arriba.
Hernán Cabrera M