Hay una verdad que todos sentimos, pero pocos dicen: en Bolivia no creemos en los partidos políticos, pero seguimos dependiendo de ellos para sostener la democracia. Los miramos como agencias de empleo o feudos familiares y, sin embargo, cada tanto volvemos a depositar en ellos la esperanza de que esta vez sí nos salven. ¿Por qué nos cuesta tanto construir organizaciones serias y duraderas?
Si revisamos los últimos 74 años, la historia se repite con una terquedad asombrosa. Todo empieza con una gran promesa transformadora, sigue con la concentración del poder alrededor de un líder fuerte y termina mal, porque ese caudillo no deja que nadie ni nada crezca a su sombra.
Pasó después de la Revolución de 1952. El MNR no fue solo un partido, fue la maquinaria que estructuró la Bolivia moderna mediante el voto universal, la reforma agraria y la nacionalización de las minas. Intentó cobijar a todos bajo el sombrero del nacionalismo revolucionario. Pero la soberbia del poder único y las disputas internas fracturaron al partido, abriéndole la puerta de par en par a las dictaduras militares.
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Volvimos a la democracia en 1982 con la UDP de Hernán Siles Suazo. Se recuperó la libertad, pero la economía colapsó bajo una hiperinflación brutal. De esa crisis nació la «democracia pactada»: durante casi dos décadas, el MNR de Paz Estenssoro, la ADN de Banzer y el MIR de Jaime Paz acordaron en el Congreso la gobernabilidad del país. Fue la época del pragmatismo puro, donde enemigos históricos se juntaron —a decir de Paz Zamora, «cruzando ríos de sangre»— para estabilizar la economía y crear instituciones. Sin embargo, esos pactos se hicieron de espaldas a la gente, terminaron manchados por la corrupción y explotaron en la crisis social de 2003.
Aquel vacío dio paso a la irrupción del MAS-IPSP y de Evo Morales. No se presentó como un partido convencional, sino como el instrumento político de las organizaciones sociales y campesinas, logrando la inclusión definitiva de las mayorías indígenas en el centro del Estado. Con los años, el modelo reincidió en la vieja dolencia nacional: la sustitución de las ideas por el culto a la personalidad y el afán de perpetuación.
Hoy los datos confirman el desencanto. Según Latino barómetro, menos de dos de cada diez bolivianos confía en los partidos, situándonos en los niveles de reputación partidaria más bajos de América Latina. No es un prejuicio: es una realidad estadística.
¿Por qué no cambia esta inercia? Porque en Bolivia controlar un partido significa tener la llave del empleo público. En un Estado que históricamente ha vivido de la renta del gas o los minerales, quien controla la sigla administra los cargos, los contratos y las aduanas. Bajo esa lógica rentista, no conviene formar nuevos cuadros ni abrir debates internos; conviene cerrar filas y repartir el botín.
Se intentó transparentar el sistema con la Ley de Organizaciones Políticas (Ley N° 1096) de 2018, que promovía primarias obligatorias. Pero el mecanismo fue neutralizado en la práctica: en 2019 los partidos presentaron candidaturas únicas y las primarias se convirtieron en un simulacro costoso e inútil.
Hay tres momentos recientes que explican por qué llegamos a este nivel de desconfianza:
El 21 de febrero de 2016 (21F): La ciudadanía votó «No» a la reelección indefinida y el poder desconoció la decisión popular. Ahí se quebró la confianza en las reglas del juego.
La crisis de 2019: Evidenció el agotamiento de un modelo que utilizó a las organizaciones sociales y las instituciones estatales como extensiones operativas de un partido.
La coyuntura actual: La pugna entre evistas y arcistas no responde a una discusión de proyectos de país, sino a una batalla de palacio por la sigla legal del MAS y la habilitación candidatural ante el Tribunal Supremo Electoral. Frente a esto, encontramos a una oposición atomizada que tampoco propone doctrina y se refugia en siglas prestadas.
En este terreno fértil de fragilidad institucional floreció el fenómeno de los taxi partidos o franquicias de alquiler. Como bien han advertido analistas como María Teresa Zegada y Víctor Perales, son siglas que solo existen en los papeles del Órgano Electoral. No tienen militancia, no forman cuadros ni sostienen convicciones ideológicas. Funcionan como empresas de servicios: el dueño pone el vehículo legal y el candidato de ocasión aporta el capital financiero o la imagen mediática. Tras la elección, la alianza coyuntural se rompe y el elegido no le debe lealtad ni a un programa ni a la ciudadanía.
A este panorama se suman dos dinámicas contemporáneas. Por un lado, la polarización territorial: la política ya no se define únicamente sobre el eje izquierda-derecha, sino sobre las tensiones entre oriente y occidente, donde el peso económico y demográfico de Santa Cruz exige esquemas de representación que las viejas estructuras nacionales no logran procesar. Por otro lado, la mutación digital: la deliberación en asambleas y sindicatos se ha desplazado hacia las dinámicas de TikTok. Los militantes formados en debate han sido reemplazados por seguidores digitales, y un seguidor no cuestiona programas, solo reacciona con un like.
El problema de fondo no es la existencia de los partidos; son indispensables para la democracia. El problema es que seguimos confundiendo la acción política con el seguimiento ciego a un caudillo o el abordaje de un taxi alquilado a última hora.
Salir de este círculo vicioso exige hacer más difícil y costoso alquilar una sigla que construir un partido de verdad. Ello requiere tres acciones institucionales concretas:
Transparencia financiera condicionada: Restablecer mecanismos de financiamiento público, pero sujetos estrictamente a la auditoría de padrones, democracia interna real y programas permanentes de formación política.
Fiscalización punitiva del árbitro electoral: El Órgano Electoral debe aplicar la norma con firmeza para cancelar la personería jurídica a las franquicias fantasma que solo reaparecen en época comicial.
Revalorización del trabajo orgánico: Fomentar escuelas de formación ciudadana, debate de ideas y renovación generacional para que las organizaciones no dependan de la suerte personal de un líder.
Si no encaramos estas reformas, la democracia continuará siendo un escenario vacío donde cambian las siglas en alquiler y los nombres en la papeleta, pero el libreto del desencanto ciudadano sigue siendo exactamente el mismo.
Por: Ramiro Sánchez Morales