La clasificación no implica sanciones ni el cierre de las operaciones financieras con Europa, pero obliga a las entidades financieras europeas a aplicar un mayor nivel de control sobre las operaciones vinculadas con Bolivia. La medida deriva de la permanencia del país en la “lista gris” del GAFI.
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La Unión Europea (UE) incorporó a Bolivia a su lista de “terceros países de alto riesgo” en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, una decisión que aumenta el nivel de escrutinio sobre las operaciones financieras vinculadas con el país y coloca presión sobre el Gobierno para acelerar las reformas exigidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La decisión está contenida en el Reglamento Delegado (UE) 2026/83, aprobado por la Comisión Europea el 4 de diciembre de 2025 y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 9 de enero de 2026. El documento modifica la normativa europea de prevención del lavado de capitales y añade expresamente a Bolivia y a las Islas Vírgenes Británicas a la lista de jurisdicciones de alto riesgo.
La Comisión Europea sostiene que Bolivia registró avances desde la evaluación mutua del GAFI de diciembre de 2023, particularmente en la comprensión de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, la producción de inteligencia financiera, el decomiso de ganancias provenientes de delitos y la capacidad para investigar delitos de financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, Bruselas considera que esos avances todavía no son suficientes para corregir las deficiencias estratégicas que llevaron a Bolivia a ser incorporada a la lista de jurisdicciones bajo vigilancia reforzada del GAFI.
¿Qué significa para Bolivia?
La clasificación europea no equivale a una sanción económica contra Bolivia. No establece un bloqueo financiero, no prohíbe el comercio con el país y tampoco dispone el congelamiento general de activos bolivianos.
El efecto más importante se produce en el sistema financiero. Las instituciones financieras europeas deberán aplicar medidas reforzadas de diligencia y análisis de riesgo frente a operaciones que involucren a Bolivia. En la práctica, esto puede significar más controles sobre el origen y destino de los fondos, mayores exigencias de información, procesos de verificación más largos y mayores costos de cumplimiento para determinadas operaciones.
El impacto puede alcanzar a bancos, empresas, inversionistas y otros operadores que mantengan relaciones financieras entre Bolivia y la Unión Europea.
Por ello, aunque la medida no representa un cierre de los canales financieros, sí aumenta la fricción para determinadas transacciones y puede afectar la percepción de riesgo asociada al país.
El GAFI, cuya evaluación sirve de base para la decisión europea, mantiene a Bolivia bajo vigilancia reforzada desde junio de 2025. La organización aclara que los países incluidos en esta categoría están trabajando para corregir deficiencias estratégicas y que la inclusión no significa, por sí misma, que el país deba ser objeto de una prohibición general de operaciones financieras.
Las tareas pendientes
La propia normativa europea identifica las áreas en las que Bolivia todavía debe avanzar.
Entre ellas están permitir el uso de técnicas especiales de investigación en casos de lavado de dinero; establecer una supervisión basada en riesgos para agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de metales y piedras preciosas; garantizar que la información sobre los verdaderos propietarios o beneficiarios finales de las empresas sea exacta y esté actualizada; sancionar los incumplimientos y aumentar las investigaciones y procesos judiciales por lavado de activos.
El GAFI volvió a señalar estos objetivos en sus evaluaciones de 2026 y precisó que Bolivia debe incrementar las investigaciones y los procesos por lavado de dinero de acuerdo con los riesgos existentes en el país.
Una señal de alerta para el sistema financiero
La decisión europea tiene además un componente reputacional. La inclusión de Bolivia como “tercer país de alto riesgo” significa que una de las principales jurisdicciones financieras del mundo considera que persisten deficiencias estratégicas en los mecanismos bolivianos para prevenir y perseguir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Esto puede convertirse en un problema especialmente sensible para Bolivia en un momento en que el país necesita recuperar el acceso a financiamiento externo, atraer inversión y facilitar el ingreso de divisas.
La salida de esta clasificación depende fundamentalmente de que Bolivia demuestre resultados concretos en el cumplimiento de su plan de acción con el GAFI y GAFILAT.
La experiencia de otros países muestra que permanecer en la vigilancia reforzada no es necesariamente permanente. En la misma decisión, la UE retiró de su lista a Burkina Faso, Mali, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania, después de que el GAFI determinara que habían avanzado suficientemente en sus respectivos planes de acción.
Por tanto, el mensaje de Bruselas para Bolivia no es solamente una advertencia financiera, sino también institucional: el país debe demostrar que sus normas contra el lavado de activos funcionan en la práctica, que identifica a los verdaderos beneficiarios de las empresas, que controla sectores considerados vulnerables y que investiga y procesa efectivamente los casos de lavado de dinero.
La UE reconoce que Bolivia ya ha avanzado en algunos de estos ámbitos, pero considera que el proceso aún está incompleto.
En términos económicos, el riesgo principal no es un “bloqueo” de Bolivia, sino un aumento del costo de hacer determinadas operaciones financieras internacionales y una mayor percepción de riesgo mientras el país permanezca bajo vigilancia reforzada.
