Fuente: Infobae
Por Wilmar Iglesias
Más de 200 dirigentes políticos, parlamentarios, defensores de derechos humanos, intelectuales, académicos, artistas y activistas de distintos países hicieron un llamado a las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda de América Latina para que rechacen al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y exijan la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades públicas y las condiciones necesarias para que los nicaragüenses puedan decidir libremente su futuro.
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El pronunciamiento, titulado “Autodeterminación y soberanía para Nicaragua” y divulgado este 30 de septiembre, está encabezado por el expresidente chileno Gabriel Boric y sostiene que la defensa de los derechos humanos y la democracia no debe confundirse con el respaldo a intervenciones extranjeras.
“No pedimos que nadie decida por Nicaragua. Pedimos precisamente lo contrario, que sea el pueblo nicaragüense quien decida su futuro”, señala el documento.
Entre los firmantes aparecen también Mario Bergara, intendente de Montevideo y dirigente del Frente Amplio de Uruguay; los exdiputados costarricenses Ariel Robles y Jonathan Acuña, del Frente Amplio; la diputada costarricense Claudia Dobles; la ex relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Antonia Urrejola; el exsecretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrão; el presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Breno Bringel; el expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador Alberto Acosta; el exprocurador de Derechos Humanos de Guatemala Jordán Rodas; la expresidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica Carolina Hidalgo y el escritor peruano Santiago Roncagliolo, entre otros.
2018: punto de ruptura
La declaración parte de una reivindicación de la Revolución Sandinista de 1979 y de los principios de democracia, libertad, justicia social y soberanía nacional que, según los firmantes, acompañaron el derrocamiento de la dictadura de los Somoza.
Sin embargo, sostiene que el FSLN se fue alejando progresivamente de esos principios mediante acuerdos entre élites políticas, reformas electorales y la subordinación de las instituciones al control partidario después del regreso de Ortega al poder en 2007.
Los suscriptores señalan las protestas de abril de 2018 como un punto de ruptura y atribuyen a la respuesta gubernamental 355 muertes, miles de heridos y el inicio de un nuevo ciclo de encarcelamiento, persecución y exilio. El documento menciona la cancelación de más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil, el cierre o confiscación de universidades y medios de comunicación, la persecución contra movimientos sociales y la eliminación de partidos políticos.
La declaración plantea además una discusión dirigida particularmente hacia sectores de la izquierda latinoamericana que continúan asociando al actual gobierno nicaragüense con la Revolución Sandinista.
“Las banderas de Sandino y de la Revolución Sandinista no pueden utilizarse para justificar” la concentración del poder en una familia, la subordinación de las instituciones y la persecución política, advierte. Para los firmantes, la solidaridad con una revolución no puede convertirse en “lealtad incondicional” hacia quienes alguna vez participaron en ella.
Crisis de Nicaragua en debate
El pronunciamiento aparece precisamente cuando la crisis nicaragüense ha regresado al centro del debate regional después de las últimas reformas constitucionales impulsadas por Ortega y Murillo. La propia declaración señala que esos cambios profundizaron la concentración del poder en la copresidencia, ampliaron la influencia de la familia gobernante y, con la reforma aprobada el 1 de septiembre, prohibieron la participación política de sectores opositores y pusieron fin formalmente a la competencia electoral.
La situación de Nicaragua será examinada este miércoles 30 de septiembre por el Senado de Estados Unidos. El Subcomité para el Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores convocó una audiencia titulada “La crisis política de Nicaragua: el asalto de Ortega a la democracia”, en la que comparecerán, entre otros, Eddy Acevedo, de la National Endowment for Democracy; Deborah Ullmer, del National Democratic Institute, y el dirigente opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro.
Dos días después, el viernes 2 de octubre, la crisis llegará a la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA). La convocatoria establece que los cancilleres deberán considerar “la situación en Nicaragua y las acciones apropiadas” dentro de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.
La reunión fue convocada después de que el organismo considerara los acontecimientos recientes en Nicaragua como “un problema de carácter urgente y de interés común” para los países del continente.
Para esa reunión circula un primer proyecto de resolución presentado por Perú y respaldado por Colombia y Estados Unidos, que exige la liberación incondicional de los presos políticos, información sobre el paradero de los desaparecidos, la restitución de la nacionalidad a 452 personas despojadas de ella, el restablecimiento de las libertades públicas, la revocación de las reformas constitucionales de 2025 y 2026 y la devolución de los bienes confiscados.
También reclama retirar de Nicaragua personal de seguridad, tecnología, capacidades e instalaciones de origen extrahemisférico cuya presencia pueda constituir una amenaza para la seguridad regional.
El borrador propone además constituir un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, integrado por países designados por la presidencia de la OEA, que intentaría establecer un diálogo directo con las autoridades nicaragüenses, incluso mediante una eventual visita al país.
Ese grupo tendría también la tarea de preparar opciones para una “acción colectiva gradual y coordinada” en los ámbitos diplomático, político, económico, financiero e institucional y presentar un primer informe y recomendaciones en un plazo de 30 días.
Contrapropuesta de Brasil
Brasil, sin embargo, ha planteado una contrapropuesta que reduce algunos de los componentes de presión contemplados en el texto original. Según el documento conocido por NTN24, Brasil propone eliminar tanto la demanda de retirar de Nicaragua personal y capacidades de seguridad extrahemisféricas como la creación del grupo ministerial facultado para preparar posibles acciones económicas y financieras.
En lugar de ese mecanismo, Brasil plantea que el secretario general de la OEA constituya un grupo de entre tres y cinco “personas eminentes”, preferiblemente exjefes de Estado, encargado de promover un nuevo proceso de diálogo con las autoridades nicaragüenses, la oposición y representantes de la sociedad civil.
La diferencia entre ambas propuestas deberá negociarse antes de la reunión del viernes: mientras el primer borrador deja abierta la posibilidad de medidas coordinadas si Ortega y Murillo incumplen las demandas, la fórmula brasileña privilegia una nueva instancia de mediación.
La posición de Brasil ha sido cuestionada por Mónica Baltodano, excomandante guerrillera del FSLN y una de las figuras históricas de la Revolución Sandinista que rompieron con Ortega. Baltodano reclamó al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva una posición más firme y sostuvo que Brasil debería condenar “expresa y claramente” al gobierno de Ortega y Murillo.
“Creo que es un asunto de principios que los gobiernos progresistas muestren empatía por un pueblo que está sufriendo la negación de las más elementales libertades y derechos”, afirmó en una entrevista con el diario brasileño O Globo.
Baltodano ha cuestionado también la lectura de sectores de la izquierda internacional que mantienen su respaldo a Ortega por su retórica antiestadounidense.
En entrevistas anteriores ha señalado que esa visión confunde el discurso con las políticas concretas del régimen y lleva a considerar revolucionario a quien se presenta como adversario de Washington.
Para la exguerrillera, la reforma constitucional y el anuncio de Ortega de que en Nicaragua no volverá a haber elecciones terminaron de cerrar ese debate: su propósito, sostiene, es “transmitir el poder por herencia”, mientras el sistema político que surgió de una revolución contra una dictadura familiar ha terminado concentrado nuevamente alrededor de una familia.
