Bolivia enfrenta una verdad incómoda: el subsidio a los combustibles ya no compra estabilidad; compra filas, escasez y mercados paralelos. Durante años, el precio bajo pareció proteger a la población. Pero cuando el Estado vende un litro por debajo de su costo y más barato que en los países vecinos, no solo abarata el transporte. También crea un negocio para sacar combustible del país.
Ese mecanismo desordena el mercado. Una parte de la demanda de combustible responde a necesidades reales de la economía boliviana. Otra existe porque el precio subsidiado convierte al contrabando y la reventa en actividades rentables. Mientras más grande sea la brecha entre el precio interno y el externo, mayor será el incentivo a comprar aquí para vender allá. Ningún control anula indefinidamente un precio mal puesto.
El ajuste de diciembre de 2025 fue un paso, pero no cerró la distorsión. La gasolina especial quedó en Bs 6,96 por litro y el diésel oil en Bs 9,80. Aun así, al cierre de agosto de 2026 Bolivia seguía entre los precios más bajos de la región. La ANH publicaba para agosto un precio referencial de importación de diésel de USD 1,72 (Bs 20 aproximado con tipo de cambio oficial), mientras el precio regulado seguía en Bs 9,80.
Los decretos 5676 y 5698 reconocen el problema. El primero fijó Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores y mantuvo Bs 9,80 para transportistas y particulares. El segundo permite a pequeños productores agropecuarios comprar entre 121 y 2.500 litros mensuales a Bs 9,80, con cédula, RAU o Tarjeta de Control, trazabilidad y prohibición de reventa. Son alivios parciales. Pero no resuelven el abastecimiento mientras persistan precios distintos para un mismo producto. Si el diésel es el punto crítico, ahí debería empezar el sinceramiento pleno.
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La literatura económica es clara. Los subsidios generalizados a combustibles son caros, distorsivos y regresivos en términos absolutos: en países en desarrollo, el quintil más rico captura varias veces más beneficio que el quintil más pobre. También protegen mal a los vulnerables, porque subsidian litros consumidos por todos, no necesidades de quienes realmente requieren apoyo.
Eso no significa ignorar el costo social de sincerar precios. La evidencia muestra que retirar subsidios sin compensación puede golpear el poder adquisitivo, especialmente por efectos indirectos sobre transporte, alimentos y otros bienes. Por eso, la alternativa técnicamente correcta no es eliminar el subsidio y abandonar a la gente. Es levantar el subsidio al precio, empezando por el diésel si esa es la urgencia, y usar parte del ahorro fiscal para transferencias focalizadas, vinculadas a salud, educación y protección de ingresos.
Bolivia no tiene todavía un sistema de protección social maduro, pero tampoco parte de cero. Existen registros administrativos en SEGIP, SIN, Aduana, ASFI, seguridad social, salud y educación que podrían interoperar usando un identificador único, como la cédula de identidad. Con gobernanza, protección de datos, actualización periódica y criterios técnicos de elegibilidad, el país puede construir un Registro Social Integrado y focalizar mejor que con la arquitectura actual de bonos, reduciendo errores de inclusión y exclusión.
Además, el BID ya aprobó apoyo para fortalecer la protección social boliviana y crear un registro social. Pero el financiamiento no sustituye la decisión política. La interoperabilidad de registros no requiere descubrir una tecnología inexistente; requiere una instrucción de alto nivel para que las instituciones compartan información bajo reglas verificables. La pregunta central es si el Estado seguirá gastando recursos escasos en abaratar combustibles para todos, o si usará esos recursos para proteger mejor a los hogares vulnerables.
El precio debe decir la verdad económica. La política social debe corregir sus efectos distributivos. Esa es la diferencia entre una ilusión cara y una reforma sostenible: el subsidio al precio protege litros; la focalización protege hogares.
Osman Bolívar
Jefe de Asuntos Económicos – CAINCO