El retraso en la renovación de la infraestructura de riego de San Jacinto y las dificultades para contener la intermediación vuelven a generar preocupación entre los sectores productivos de Tarija.
Fuente: El Periodico
La situación del sector agropecuario de Tarija vuelve a generar cuestionamientos por la falta de avances concretos en problemas que afectan directamente la capacidad productiva del departamento. Entre los principales reclamos aparecen la necesidad de modernizar el sistema de riego de San Jacinto, fortalecer los mecanismos de apoyo al productor y establecer mayores controles sobre la cadena de comercialización de alimentos.
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El debate adquiere especial importancia por la relación existente entre producción agrícola, disponibilidad de agua y abastecimiento de los mercados. Para los productores, cualquier retraso en la ejecución de obras destinadas a garantizar el riego termina repercutiendo en la superficie cultivada, los costos de producción y, posteriormente, en la cantidad y el precio de los alimentos que llegan al consumidor.El Proyecto Múltiple San Jacinto constituye uno de los principales puntos de preocupación.
La infraestructura de conducción de agua tiene varias décadas de funcionamiento y desde hace años se analiza su renovación y ampliación. En enero de 2026, los regantes plantearon nuevamente la necesidad de concretar el cambio de la tubería principal y buscaron articular esfuerzos con otros sectores productivos y empresariales para gestionar financiamiento.Un estudio mencionado en ese proceso estableció una inversión aproximada de 500 millones de bolivianos para ejecutar el proyecto, mientras que anteriores propuestas habían manejado montos diferentes.
La magnitud de la inversión y la falta de una solución definitiva han convertido el recambio de la tubería en uno de los asuntos pendientes de mayor impacto para la producción del valle central.La ampliación del sistema también está vinculada con la posibilidad de incrementar significativamente la superficie bajo riego.
Datos difundidos por representantes de los regantes señalan que actualmente se atienden alrededor de 3.000 hectáreas y unas 1.500 familias, mientras que una infraestructura ampliada permitiría llevar el área cultivable hasta aproximadamente 10.000 hectáreas y beneficiar a más de 3.500 familias.La dimensión del problema no se limita a la infraestructura.
En los últimos meses, organizaciones de productores también han advertido sobre el encarecimiento de insumos agrícolas, las dificultades para acceder a productos necesarios para las campañas productivas y la presión que ejercen los costos sobre los pequeños y medianos agricultores.En el caso de la cadena vitivinícola, por ejemplo, se reportaron dificultades para adquirir agroquímicos y fungicidas destinados a la preparación de las plantaciones, además de incrementos considerables en sus precios.
Estas condiciones pueden afectar la planificación de nuevas campañas y reducir el margen económico de los productores.Otro frente de preocupación está relacionado con la intermediación. Productores campesinos han denunciado en distintos momentos diferencias importantes entre los precios que reciben en origen y los valores que terminan pagando los consumidores en los mercados.
En 2024, organizaciones del sector pidieron controles sobre los intermediarios y una mayor utilización de mecanismos de referencia como el Consejo Regional de Abastecimiento y Mercadeo Agropecuario (CRAMA).Este problema adquiere mayor relevancia en un escenario de dificultades económicas, debido a que una cadena de comercialización extensa puede elevar el precio final de los alimentos sin que ese incremento necesariamente represente mayores ingresos para quienes producen. La discusión, por tanto, plantea la necesidad de fortalecer los canales de comercialización directa y mejorar los mecanismos de información y control de precios.
A la preocupación por la intermediación se suma el desafío de garantizar el abastecimiento de agua en un contexto climático que puede aumentar la presión sobre las reservas disponibles.
En septiembre de 2026, representantes de los regantes plantearon la necesidad de avanzar en proyectos de almacenamiento y obras destinadas a enfrentar posibles periodos de menor disponibilidad hídrica, advirtiendo que una reducción del agua para riego podría repercutir en la producción y en los precios de los alimentos.La infraestructura de San Jacinto tiene además un peso económico considerable para el valle central. La Gobernación informó anteriormente que el sistema permite irrigar miles de hectáreas destinadas a cultivos como vid, papa, cebolla y hortalizas, y que su funcionamiento tiene incidencia directa sobre numerosas familias dedicadas a la actividad agropecuaria.Con este panorama, los productores demandan que las políticas de apoyo al agro pasen de los compromisos generales a decisiones con resultados verificables. La discusión abarca desde la renovación de los sistemas de riego y el acceso a insumos hasta la comercialización y el control de los factores que inciden en el precio final de los alimentos.Para Tarija, el desafío trasciende a un sector específico.
La capacidad de mantener e incrementar la producción local está vinculada con el empleo rural, el movimiento económico de las comunidades productoras y el abastecimiento de los mercados urbanos. Por ello, los reclamos apuntan a que las instituciones responsables definan prioridades, aseguren financiamiento y establezcan mecanismos de seguimiento que permitan conocer el avance efectivo de las soluciones planteadas.El debate también coloca sobre la mesa la necesidad de una política agropecuaria departamental coordinada entre los diferentes niveles de gobierno y las organizaciones productivas.
Sin una infraestructura de riego adecuada, acceso oportuno a insumos y mecanismos que reduzcan las distorsiones en la comercialización, los productores enfrentan mayores dificultades para planificar sus campañas y los consumidores quedan expuestos a variaciones en la oferta y los precios.El caso de San Jacinto se mantiene así como uno de los principales pendientes para consolidar la producción agrícola del valle central, mientras la discusión sobre intermediación, costos e infraestructura vuelve a exigir respuestas articuladas para garantizar que el crecimiento de la producción tenga también un impacto directo en el abastecimiento y en la economía de las familias tarijeñas.
