El analista, ecologista e investigador de la Fundación Solón, Pablo Solón, advirtió que Bolivia atraviesa un “laberinto” en materia de derechos mineros, debido a la existencia de distintas figuras legales que dificultan establecer con precisión quiénes están autorizados a explotar minerales y si cumplen con los requisitos ambientales y sociales.
Fuente: ANF
En entrevista con el programa Sin Concesiones de Radio Fides, Solón explicó que existen aproximadamente 12.500 solicitudes de derechos mineros, mientras que desde la aprobación de la Ley 535, en 2014, la Asamblea Legislativa habría aprobado alrededor de 400 contratos administrativos mineros. “Hay muchas formas de llegar a obtener una suerte de autorización para trabajar, para hacer actividad minera que escabullen la normativa y lo que manda la Constitución”, afirmó.
El analista cuestionó especialmente la situación de las denominadas Autorizaciones Transitorias Especiales (ATEs). Señaló que originalmente existían alrededor de 4.400 y que la Ley Minera permitió que continúen realizando actividad mientras tramitaban su adecuación. Según sus datos, apenas cerca del 10% se habría regularizado. “¿Para qué cumplir el requisito si es que pueden operar sin cumplirlo?”, cuestionó.
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Solón también alertó sobre la falta de información respecto al cumplimiento de las licencias ambientales. Señaló que ni siquiera existe claridad sobre cuántos operadores cuentan con ese requisito y mencionó estudios que estiman que solo entre el 5% y el 10% cumpliría con las exigencias ambientales. “Para que pueda haber una fiscalización, primero tenemos que saber cuántos son, a quiénes tenemos que fiscalizar”, sostuvo.
Por ello, planteó que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y las autoridades ambientales transparenten, municipio por municipio, cuántas operaciones existen, qué tipo de autorización poseen y cuáles cuentan con licencia ambiental. “El primer paso es la información”, remarcó.
El analista también alertó sobre la expansión de la frontera minera y señaló que existirían aproximadamente 6,7 millones de hectáreas solicitadas para esta actividad. A esto se sumaría la intención de poner a disposición 1,5 millones de cuadrículas adicionales, equivalentes a más de 37 millones de hectáreas. “Hay una expansión impresionante”, afirmó.
Finalmente, Solón cuestionó los bajos ingresos que recibe el Estado por la explotación del oro y planteó elevar las regalías de acuerdo con el precio internacional de los minerales. También cuestionó que algunas operaciones privadas se beneficien del régimen destinado a las cooperativas. “Dejemos el engaño de cooperativas. Son chinos, son empresarios que se están llevando el oro sin pagar”, sostuvo.
Según Solón, Bolivia vive un nuevo auge de la minería tras la caída de los ingresos hidrocarburíferos, pero esa bonanza no se estaría traduciendo en mayores recursos para el país. Por ello, planteó revisar el régimen tributario, transparentar las operaciones y fortalecer los controles. “Hay que poner orden a esto”, concluyó.
