La abogada Gina Castellanos, representante legal del exgobernador de Tarija, Mario Cossío, planteó que el asambleísta departamental Rodrigo Delgado deberá retractarse públicamente de las declaraciones que emitió en su contra, en las que lo calificó de “corrupto” y lo vinculó con una presunta fuga del país.
Fuente: El Periódico
Según la profesional, de no producirse esa retractación, el legislador podría enfrentar un proceso judicial por delitos contra el honor, con una eventual condena que llegaría hasta los tres años de privación de libertad.
El planteamiento se enmarca en la denuncia que Cossío presentó recientemente contra Delgado, luego de que este último cuestionara públicamente el manejo de la gestión departamental y pusiera en duda la conducta del exgobernador durante su paso por la administración de Tarija. Delgado, por su parte, ha sostenido que sus declaraciones se referían a acusaciones de corrupción que en su momento fueron de conocimiento público y que estarían vinculadas a procesos judiciales que enfrentó Cossío en años anteriores, entre ellos el denominado caso Imbolsur, relacionado con presuntas irregularidades en la provisión de material para una obra vial durante su gestión al frente de la entonces Prefectura de Tarija.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En el ordenamiento penal boliviano, los delitos contra el honor están contemplados de manera diferenciada. La difamación, tipificada en el artículo 282 del Código Penal, sanciona a quien de forma pública, tendenciosa y reiterada revele o divulgue un hecho capaz de afectar la reputación de una persona, con penas que van de trabajo comunitario a privación de libertad de hasta un año. La calumnia, prevista en el artículo 283, castiga a quien impute falsamente a otro la comisión de un delito, con una sanción de privación de libertad de seis meses a dos años, además de una multa. A ello se suma la figura de la injuria, que protege el honor frente a expresiones ofensivas sin que medie necesariamente la atribución de un hecho delictivo concreto. La combinación de estas figuras, en casos donde se acumulan varios tipos penales, puede derivar en penas más elevadas que las previstas de forma individual para cada delito.
La normativa boliviana contempla además la figura de la retractación como una salida procesal para quien haya emitido declaraciones cuestionadas. El artículo 289 del Código Penal establece que quien sindique a otra persona de un delito contra el honor queda exento de pena si se retracta antes o al momento de prestar su declaración informativa ante la autoridad correspondiente, lo que explicaría por qué la parte denunciante habría optado por exigir públicamente ese paso antes de que el proceso avance a instancias judiciales más formales.
El episodio se inscribe en una relación de larga data entre ambos dirigentes, marcada por cuestionamientos cruzados en distintos momentos de la política tarijeña. Delgado, quien ejerce como jefe de bancada de la alianza Patria en el órgano legislativo departamental, ha mantenido una postura crítica hacia distintas figuras vinculadas al sector político de Cossío, mientras que este último ha buscado en las últimas semanas recomponer su presencia pública tras la inhabilitación de su candidatura en los pasados comicios subnacionales, decisión que en su momento generó cruces de acusaciones sobre su origen y sus responsables.
Hasta el momento, no se conoce si Delgado dará curso a la retractación exigida por la defensa de Cossío ni si el proceso derivará en una acusación formal ante los tribunales. El asambleísta, en declaraciones previas, ya había señalado su disposición a asumir cualquier responsabilidad legal derivada de sus dichos, aunque insistió en que estos correspondían a información de dominio público y no a una imputación infundada. El caso continúa generando expectativa en el ámbito político regional, en momentos en que ambas partes mantienen posiciones irreconciliables sobre el fondo de la controversia.
