La Defensoría del Pueblo advierte riesgos de malos tratos, falencias de infraestructura y debilidades en los mecanismos de denuncia dentro de unidades militares de varias regiones
Por Yolanda Mamani Cayo
Fuente: El Deber
Las explosiones en el Regimiento Bolívar de Viacha no solo dejaron muerte, heridos y una investigación sobre el almacenamiento de material explosivo. La tragedia también reabrió una discusión que el país arrastra desde hace años sobre si el servicio militar debe continuar siendo obligatorio para los varones o avanzar hacia un modelo voluntario o de servicio alternativo.
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Un relevamiento realizado por EL DEBER, a partir del cruce de comunicados institucionales, investigaciones fiscales, reportes de autoridades y publicaciones periodísticas, identificó 22 conscriptos fallecidos en seis departamentos desde 2025. De ese total, por lo menos 13 corresponden a 2026 (Infografía).
Viacha agravó el saldo. De los nueve fallecidos confirmados después de las explosiones, uno era un sargento instructor y ocho eran jóvenes que prestaban servicio militar. Además, cinco cuerpos permanecen pendientes de identificación mediante pruebas de ADN, un proceso que demandará varias semanas.
La Constitución Política del Estado establece en su artículo 249 que todo boliviano está obligado a prestar servicio militar de acuerdo con la ley. Cambiar esa disposición requiere una reforma constitucional, mientras en la Asamblea Legislativa se discute una reforma parcial.
El diputado Rudy Pantaleón (PDC) considera que la obligatoriedad debe mantenerse, aunque señaló que cualquier discusión debe involucrar a los sectores relacionados con el tema. “Yo creo que tiene que haber un debate, que se lo haga de manera consensuada”, afirmó. Luego precisó: “Para mí debe seguir siendo obligatorio”
La presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de Diputados, Catherine Pinto, recordó que actualmente existen otras vías. “Para el servicio militar hay varias propuestas. El premilitar, por ejemplo, es una salida (…) hay el tema del servicio voluntario para obtener la libreta, el tema del SAR y otro tipo de voluntariados”, explicó.
Pinto señaló que “habrá que ver algún mecanismo” para mejorar la protección de los jóvenes. Sobre Viacha afirmó que “sí que hay responsabilidades de por medio”.
Obligaciones
El debate coincide con las advertencias del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente de la Defensoría del Pueblo. En su Informe Anual 2025, el organismo describe los cuarteles y centros de instrucción militar como espacios de “alto riesgo institucional” para la ocurrencia de malos tratos o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Entre los factores de riesgo identifica la subordinación jerárquica absoluta, el aislamiento de algunas unidades y una cultura institucional que históricamente normalizó el sufrimiento físico o la humillación.
El MNP examinó 12 registros de visitas. En el puesto militar “Lucio Guzmán”, de Puerto Quijarro, constató que solo uno de cinco baños funcionaba. En el Regimiento “General Lanza”, de Guaqui, encontró un pozo séptico rebalsado cerca de la cocina y dormitorios sin iluminación.
En la Base Naval de Guaqui observó buzones de denuncia sin identificación y ausencia de paneles informativos sobre derechos humanos. El informe señala que los conscriptos “deben conocer explícitamente que tienen derecho a denunciar malos tratos” y disponer de un mecanismo confidencial.
En el Regimiento “Apóstol Santiago”, de Chimoré, constató falta de capacitación en derechos humanos para soldados e instructores. Advirtió que, sin formación sobre la prohibición de castigos físicos o humillaciones pueden aplicarse métodos de disciplina basados en violencia verbal o física como “prácticas normales de instrucción”.
El 9 de septiembre, la Defensoría intervino en el Regimiento “Tarapacá”, en Coro Coro, después de que una madre denunciara presuntas agresiones contra su hijo durante el servicio militar. Un sargento es investigado por la Inspectoría General del Ejército y el joven requirió tratamiento médico especializado.
Según la denuncia, personas presuntamente involucradas habrían intentado promover una conciliación para evitar que el caso llegara a las instancias correspondientes. La madre también expresó dudas sobre si la baja de su hijo fue realmente voluntaria.
Voluntario
Para el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín la discusión debe alcanzar a la propia obligatoriedad. Recordó que durante la Asamblea Constituyente instalada entre 2006 y 2007 planteó mantener el servicio militar, pero bajo un esquema voluntario y acompañado por una modalidad civil o comunitaria.
“¿Por qué le tienen miedo al servicio militar voluntario?”, cuestionó Albarracín. Citó como referencias a Estados Unidos y Perú y sostuvo que quienes quieran recibir formación militar deben poder hacerlo. “Y los que no lo hacen (…) se podrá también plantear un servicio comunitario a través de la vía civil, pero hay que modificar la Constitución”, afirmó
El exdefensor también cuestionó la normalización del maltrato. “Se dice que hay que hacerlos sufrir al soldado para prepararlo para la guerra. Otra cosa es que te preparen mentalmente, físicamente, tecnológicamente, técnicamente”, señaló.
Fuente: El Deber
