Santiago Moratorio, abogado uruguayo de Sebastián Marset, se contactó con EL DEBER para fijar la posición de su defendido frente a las acusaciones que lo vinculan con Mariaca. Además, no negó ni confirmó la autenticidad del video en el que Marset dice que Mariaca es su «amigo»
El abogado Santiago Moratorio se pronunció sobre el caso Mariaca
Fuente: El Deber
Por Ariel Melgar Cabrera
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El abogado uruguayo Santiago Moratorio, defensor de Sebastián Marset, rompió el silencio sobre las acusaciones que surgieron en Bolivia contra el ex fiscal general Róger Mariaca y otros funcionarios, luego de que la Fiscalía los vinculara con una supuesta estructura de protección al narcotráfico relacionada con el uruguayo.
A través de un comunicado enviado a EL DEBER, Moratorio sostuvo que su representado no forma parte de la investigación penal boliviana contra Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y Rubén Aparicio y señaló que cualquier elemento de prueba que eventualmente involucre a Marset deberá ser discutido ante la autoridad judicial competente.
Respecto a los audios y videos que fueron difundidos durante la investigación, en el que se escucha Marset decir que Mariaca es su «amigo» y que le había dado medio millón de dólares para protegerlo, el abogado adoptó una posición cautelosa. “No corresponde que esta defensa confirme, niegue o interprete su autenticidad (del video)”, señaló.
Moratorio explicó que no conoce el origen ni la cadena de custodia de ese material y que no le corresponde pronunciarse sobre un proceso penal boliviano en el que su representado no es parte. La Fiscalía boliviana, sin embargo, incorporó material audiovisual dentro de los elementos de su imputación contra Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio.
“Mi representado no es parte de la investigación a la que hace referencia esa nota”, afirmó el abogado al referirse a la imputación fiscal que sostiene que Marset habría entregado hasta $us 500.000 mensuales por una supuesta estructura de protección.
Uno de los elementos mencionados por el Ministerio Público es una grabación de Marset realizada el 13 de marzo, antes de su entrega a la DEA, en la que el uruguayo hace referencia a Mariaca y a supuestos pagos por protección e información anticipada sobre operativos.
La Fiscalía sostiene, además, que Marset habría recibido protección institucional y que esa estructura habría permitido el desarrollo de actividades vinculadas con el narcotráfico. Esas afirmaciones corresponden a la hipótesis del Ministerio Público y deberán ser demostradas durante la investigación y el proceso penal. Moratorio agregó que tampoco corresponde a su defensa pronunciarse sobre imputaciones formuladas contra terceros en un proceso penal boliviano ajeno al de su cliente.
Marset niega, a través de su defensa, estar negociando en EEUU
Uno de los puntos centrales del comunicado está relacionado con la situación procesal de Marset en Estados Unidos. Moratorio rechazó las versiones que circulan sobre una supuesta negociación de su defendido con la Fiscalía estadounidense y explicó que, en el sistema federal de ese país, existen distintas alternativas procesales para un acusado.
Según el abogado, una de ellas consiste en declararse culpable y eventualmente cooperar con la Fiscalía a cambio de una posible reducción de pena; otra es declararse culpable sin cooperar y asumir la condena correspondiente; y una tercera es acudir a juicio ante un jurado.
“Para que mi representado estuviera ‘negociando’, como he visto circular, el primer paso habría sido declararse culpable. No lo ha hecho: ha optado por ir a juicio”, afirmó Moratorio.
El abogado sostuvo que la decisión de ir a juicio y una eventual negociación basada en una declaración de culpabilidad son caminos procesales diferentes. Además, Moratorio también puso en duda el procedimiento utilizado para sacar a Marset de Bolivia y entregarlo a agentes de la DEA el 13 de marzo de 2026.
Según su comunicado, ningún fiscal boliviano habría sido notificado del operativo y la carta que permitió la salida de Marset fue firmada el 12 de marzo, un día antes de su detención. “¿Cómo se entrega a una persona sin que intervenga un solo fiscal ni un solo juez de este país?”, cuestionó el abogado.
La defensa de Marset ya había cuestionado ante la justicia estadounidense aspectos relacionados con la forma en que fue detenido, trasladado e interrogado después de su captura en Santa Cruz.
La respuesta sobre los $us 500.000 y la fuga de 2023
EL DEBER consultó específicamente a Moratorio sobre dos de los principales señalamientos contenidos en la imputación fiscal: la acusación de que Marset habría entregado hasta $us 500.000 mensuales por protección y la hipótesis de que Mariaca habría facilitado o favorecido la fuga del uruguayo durante el operativo del 29 de julio de 2023.
La respuesta del abogado fue breve. “Lo único que tengo para decir al respecto es lo siguiente: mi representado no es parte de la investigación a la que hace referencia esa nota y no corresponde a esta defensa pronunciarse sobre imputaciones formuladas contra terceros en un proceso penal boliviano ajeno al suyo”, respondió.
El abogado añadió que cualquier cuestión de prueba que pudiera vincular a Marset será abordada, si corresponde, ante la autoridad judicial competente y no a través de los medios de comunicación. “Las fallas institucionales” están en el centro del cuestionamiento
Moratorio sí planteó una reflexión más amplia sobre el caso y cuestionó lo que considera una fragilidad institucional en Bolivia. “Un Fiscal General detenido en el mismo aeropuerto por el que mi cliente salió del país sin orden judicial”, señaló el abogado, al comparar la situación actual de Mariaca con la salida de Marset hacia Estados Unidos.
En su opinión, los acontecimientos recientes exponen problemas institucionales que no serían exclusivos de Bolivia, sino que forman parte de una discusión regional sobre los mecanismos de control.
La declaración de la defensa de Marset se conoce este sábado durante el desarrollo de la audiencia cautelar de Mariaca, Zeballos, Irusta y Aparicio.
La Fiscalía sostiene que los cuatro investigados habrían formado parte de una estructura de protección institucional vinculada con Marset. La defensa de los acusados cuestiona las imputaciones y el proceso continúa bajo investigación.
Mientras tanto, en Estados Unidos, Marset mantiene su decisión de enfrentar un juicio.