El abogado presentó reclamos ante Interior y Cancillería y denunció la difusión del documento que busca usar en juicio en Estados Unidos.
Fuente: https://www.montevideo.com.uy
La defensa de Sebastián Marset presentó este jueves peticiones ante los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores para conocer dónde está su certificado de antecedentes judiciales y reclamar que se retome el trámite para apostillar la documentación del narcotraficante que afronta un juicio en Estados Unidos. Además, denunció ante la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales la difusión del documento.
En el comunicado, al que accedió Montevideo Portal, el abogado Santiago Moratorio explicó que solicitó el certificado como apoderado, mediante un poder notarial, ante la Dirección Nacional de Policía Científica. El objetivo, según señaló, es presentarlo como prueba en el juicio que Marset enfrenta, previsto para enero de 2027. “No hubo nada reservado ni irregular en ese pedido”, afirmó.
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El abogado sostuvo que el documento fue expedido por el organismo competente, sobre la base de sus registros y la normativa vigente. “La defensa no redacta certificados ni decide lo que dicen”, expresó. En ese sentido, planteó que si alguna autoridad entiende que contiene un error, corresponde revisarlo mediante “un acto fundado del organismo que lo emitió”, un procedimiento que, según aseguró, no se siguió.
Sobre la negativa de Cancillería para apostillarlo, Moratorio argumentó que ese trámite certifica únicamente la autenticidad de la firma y el sello de un documento público. “No avala su contenido. No existe ninguna norma que permita negarla en razón de quién es el titular del documento”, sostuvo.
“Si lo publicado es exacto, un documento público expedido por el Estado fue retenido, trasladado entre ministerios en un vehículo oficial y entregado en el despacho del ministro del Interior, sin que existiera una resolución escrita ni fundada”, señaló.
“Esto no es una discusión sobre Sebastián Marset. Es una discusión sobre cómo actúa el Estado y sobre si las reglas valen igual para todos”, cuestionó.
Moratorio denunció, además, que el certificado fue difundido en redes sociales con los datos personales de su defendido, pese a que la defensa nunca lo recibió. “Respeto plenamente el trabajo de la prensa. Lo que corresponde investigar es qué funcionario con deber de reserva lo entregó”, manifestó.
En las peticiones presentadas, solicitó que se informe dónde está el certificado, que se lo restituya al trámite y que se expida la apostilla o se dicte una resolución fundada. También realizó solicitudes de acceso a la información pública sobre lo actuado. “Si las vías administrativas no dan respuesta en tiempo útil, acudiré a la Justicia”, advirtió.
“El derecho de defensa no depende del nombre de quien lo ejerce”, expresó el abogado, quien anunció que no hará otras declaraciones sobre el asunto mientras los trámites estén en curso.
