La Cámara Automotor calcula pérdidas superiores a $us 50 millones anuales por subfacturación y denuncia posibles operaciones de lavado de dinero. Pide investigar los pagos realizados en Iquique y cuestiona las normas que facilitaron las importaciones.
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La CAB investigó rutas de importación y comparó vehículos idénticos adquiridos por el canal oficial y mediante intermediarios grises. Encinas aseguró que hay diferencias en valores facturados y conservan videos de esas operaciones para acciones penales.
El problema, explicó, surge cuando un motorizado adquirido en el exterior ingresa a Bolivia con una factura inferior a su precio real. Así se reduce la base sobre la cual se calculan los impuestos, con una menor recaudación fiscal y ventajas frente a los concesionarios que están autorizados. En 2022, EL DEBER documentó ofertas de camionetas facturadas por montos inferiores a sus precios reales. El dirigente también advirtió que estos mecanismos pueden facilitar el ingreso de fondos de procedencia ilícita. Mencionó sospechas relacionadas con el narcotráfico y el contrabando, aunque no presentó en una cuantificación comprobada del dinero presuntamente blanqueado ni identificó sentencias que acrediten esas conexiones.
La ruta de Iquique
Encinas apuntó a la Zona Franca de Iquique (Zofri), en Chile, como uno de los centros de provisión de vehículos para el mercado boliviano. Cuestionó que ciertas ventas aparezcan en áreas de extensión de la zona franca y pidió rastrear el origen de los recursos empleados en esas compras.
Las cifras muestran la magnitud del negocio. Zofri informó ventas legales totales por $us 4.624 millones en 2025. Bolivia fue su principal destino extranjero, con $us 655 millones, mientras que el rubro automotor sumó $us 539 millones entre todos los destinos.
La CAB espera que la información presentada a las autoridades prosperen. “Nos hemos cansado de hacer causas penales; nada prosperaba”, lamentó Encinas, quien también cuestionó la actuación de fiscales y jueces.
El ejecutivo atribuyó parte de las distorsiones a modificaciones normativas y señaló al exministro de Obras Públicas Édgar Montaño por la Resolución Ministerial 064 de 2022, relacionada con los requisitos de importación.
A esa preocupación se suma el proyecto para regularizar vehículos indocumentados. Encinas calcula que circulan 1,5 millones de “autos chutos” en el país y se opone a su nacionalización.
El diputado Reynaldo Seas, impulsor de la propuesta, sostiene que beneficiaría a productores rurales, excluiría unidades robadas y permitiría destinar recursos a caminos, salud y educación.
El proyecto está en proceso de socialización y hasta el momento no ha incorporado a los importadores legales de vehículos.
PARA SABER
¿Qué es el mercado gris?
El mercado gris reúne vehículos importados por intermediarios ajenos a la red oficial de las marcas. Pueden ingresar legalmente, pero no siempre cuentan con garantía, repuestos ni apoyo técnico local. Además de corrupción pública.
¿Cómo afecta al estado?
El negocio aprovecha diferencias de precios entre países. La Cámara Automotor denuncia que ciertos importadores declaran facturas por debajo del valor real, reduciendo los tributos y logrando ventaja. “Hay normas distorsionadas”.
