En el Informe del World Justice Project (WJP) 2026 sobre el Estado de Derecho, Bolivia presenta un deterioro que alcanza el 16% en relación a la evaluación 2025.
El Estado de Derecho según Víctor Martínez Bullé Goyri, citado por Víctor García Toma: «Estado de Derecho no es sino la vigencia real efectiva del derecho en la sociedad, en donde las conductas tanto públicas como privadas se someten a la norma jurídica». Así, el Estado de Derecho significa en sí mismo: la efectiva vigencia y la jerarquía normativa superior de la Constitución, el respeto del principio de legalidad, la vigencia de la ley igual para todos los hombres de la sociedad, y el respeto y garantías cotidianas de los seres humanos. También es respetar los derechos humanos que establecen los instrumentos internacionales y el cumplimiento de los derechos fundamentales que consagra la Constitución.
Sí esta gama de derechos, principios y valores está afectada, es probable que la escalada de la corrupción, la injerencia política y la penetración del narcoterrorismo están haciendo marca en la justicia y, la impunidad resulte ser, la partitura de la sinfónica desafinada.
En el mundo, Bolivia de acuerdo a el WJP se ubica en el puesto 130 de 143 países que fueron evaluados en 2026; es decir, a escasos 13 escalones en el grupo del hoyo oscuro. En los tres últimos lugares con déficit total del Estado de Derecho se hallan: Haití (141.), Afganistán (142.) Y Venezuela (143.). Esto es algo así como qué, admitir que la atmósfera está contaminada por dióxido de carbono, mercurio y cianuro o qué el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis. Se imaginan un Estado sin justicia, sin libertades, con medios de prensa controlados y sin seguridad jurídica, claro que en estas circunstancias la población se convierte en rehén de dictaduras, grupos islámicos fundamentalistas y el terrorismo se expande como virus incontenibles, porque para ellos no hay ley ni estado, sino solo el poder de la fuerza desalmada.
Profunda preocupación causa conocer que Bolivia en el ámbito penal en el derecho de última ratio, se encuentra en el puesto 141 de 143 países del mundo, lo que explica que el sistema en su estructura orgánica, funcional y competencial está retorcido por malos jueces, fiscales, policías y defensorías que con preferencia aplican: la presunción de culpabilidad, la condena moral anticipada, el tarifario en decisiones, cobros escalonados para acceder algún cargo público, tráfico de influencias en procesos de designación, nepotismo cruzado interórganos, libertad de presuntos narcotraficantes; protección a organizaciones criminales, encubrimientos en lavados de dinero y ganancias ilícitas e impunidad para esferas de poder.
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El Informe resalta que Bolivia en la esfera penal en los países de América Latina y el Caribe se ubica en el puesto 31 de 32 Estados, rematando el penúltimo lugar de la escala mundial. Pensamos que la nueva administración gubernamental podría en casi un año cambiar esta paupérrima imagen de la justicia, pero hasta cuándo tendremos que seguir esperando al Alto Comisionado y, por ahora, la voluntad transformadora de las reformas constitucionales tan coreadas desde la esfera palaciega, que al parecer viene como a remolque, cuando debería ser un tema de altísima prioridad política de todos los órganos del Estado e instituciones vinculadas al derecho.
En el ámbito de la corrupción Bolivia a nivel mundial ocupa el puesto 132 y se ubica en el 31 en la región de América Latina y el Caribe. La libertad a delincuentes peligrosos, a presos con condena ejecutoriada en las calles, jueces, fiscales y policías que protegen a narcoterroristas, cohecho activo y pasivo, ganancias ilícitas, financiadores de campañas en elecciones para legisladores y magistrados según redes sociales y compra de cargos públicos sin investigaciones en fortunas no declaradas, parecen indicar la cascada de factores que fueron determinantes en la evaluación.
Sin incluir las restricciones de visas a los Estados Unidos contra dos exfiscales generales, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, jueces, fiscales de sustancias controladas, exjefes de la FELCN y FELCC, exjefe de migración de Viru Viru, legisladores electos y otros, con estos casos que desestabilizan la democracia y los vinculan a actividades ilícitas, estaríamos seguramente aspirando a ser los primeros a contar del último, que solo una nave de Orión podría salvarnos. Los desvisados en número de 15 personas deberán ser desvinculados de sus cargos públicos y ser denunciados ante el ministerio público por las máximas autoridades por presuntos delitos de protección al narcotráfico y crimen organizado, a efecto de activar la competencia a los Tribunales especializados en corrupción y crimen organizado.
En el campo del poder gubernamental, Bolivia ocupa el puesto 125 a nivel global y el puesto 30 a nivel de países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Siguiendo los datos del Informe Bolivia en el tema referido a los derechos fundamentales se halla en el puesto 118 a nivel global y en el 28 en América Latina y el Caribe. Estas cifras nos muestran que los mecanismos y procedimientos de las garantías constitucionales no son suficiente y oportuna tutela para ser efectivos los derechos fundamentales de las personas, tal vez por la falta de cobertura judicial en municipios, excesivo formalismo o, bien, porque los operadores no aplican adecuadamente los estándares más altos desarrollados por la jurisprudencia constitucional y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Informe del World Justice Project indica que los países en el mundo han sufrido deterioros en el último año, que se traduce en una «recesión del Estado de Derecho» que afecta al 77% de los Estados desde 2016.
Entre los países que ocupan los cinco mejores puestos en Estado de Derecho a nivel mundial están: Dinamarca (1.), Noruega (2.), Finlandia (3.), Suecia (4.) y Luxemburgo (5.).
El Informe del WJP entre los siete mejores ubicados en el mundo, en relación al Estado de Derecho de países de la región, sitúa en el puesto a: Uruguay (22.), Costa Rica (31), Chile (34.), Argentina (64.), Brasil (76.), Perú (93.) y México (125.).
Sobre la base del Informe del WJP que mide el cumplimiento del Estado de Derecho mediante ocho dimensiones: los límites del ejercicio del poder gubernamental, la ausencia de corrupción, la transparencia institucional, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, la aplicación de las regulaciones y el funcionamiento de la justicia civil y penal, se concluye que: 1) El Gobierno presenta debilidad relacionada con la transparencia de casos, acceso a la información y participación ciudadana, 2) La debilidad se concentra en el acceso a los mecanismos de resolución de conflictos, la eficacia de los procedimientos judiciales y el funcionamiento transparente de las instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos de crimen organizado, narcotráfico y estructuras de protección, 3) La impunidad y la seguridad jurídica son problemas a resolver y
4) Bolivia enfrenta desafíos importantes en corrupción judicial, legislativa en determinados grupos y, asimismo, existe una baja considerable en la existencia y eficacia de los mecanismos institucionales destinados a controlar el ejercicio del poder público.
Finalmente, la desmejora acelerada y baja a nivel regional y mundial del país, estuvo asociada al decrecimiento significativo de los ocho indicadores evaluados por World Justice Project, que en gran medida podría enfrentarse con las reformas constitucionales con carácter prioritario en la Asamblea Legislativa Plurinacional y leyes que establezcan requisitos especiales de mayor rigor académico profesional en especialidad para el acceso, ejercicio o desempeño del cargo público electo o por designación a todo órgano del Estado.
El director ejecutivo del World Justice Project, Alejandro Ponce, destacó: «La existencia de erosión arraigada por la expansión de prácticas autoritarias, y el Estado de Derecho retrocedió en el 62% y las causales centrales son la influencia gubernamental indebida en la justicia y la extralimitación del poder ejecutivo”. Reseñó que la libertad de opinión y expresión tuvo un retroceso en el 64%, la libertad de reunión y asociación en el 67% y la participación ciudadana en el 65%.
Martin Luther King premio Nobel de La Paz 1964 dijo: «La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes».
Pedro Gareca Perales
