El Decreto Supremo 5755 permite comprar gas natural y gas natural licuado en el exterior para consumo propio o generación eléctrica. La medida busca garantizar el abastecimiento, pero expone a las empresas a mayores costos y a la volatilidad de los precios internacionales.
Durante años, el gas natural fue uno de los principales motores de la economía boliviana. Sus exportaciones a Brasil y Argentina generaron ingresos fiscales, aportaron divisas y convirtieron a los hidrocarburos en una de las principales fuentes de financiamiento del Estado. As por ejemplo en 2013, el país le vendió gas natural al mercado argentino y brasileño, por un valor de $us 6.113 millones. Así, Bolivia construyó parte de su estabilidad económica sobre esa riqueza energética y llegó a ser un proveedor relevante para sus vecinos.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Ahora, el escenario comienza a cambiar. El país que durante décadas exportó gas natural abre la puerta a la importación de este recurso para sostener su industria y garantizar la generación de electricidad. La decisión representa un giro histórico para el sector energético boliviano: ante la caída de la producción nacional, el abastecimiento externo empieza a perfilarse como una alternativa para evitar que la falta de combustible frene la actividad económica.
El cambio quedó plasmado en el Decreto Supremo 5755, promulgado el 26 de octubre, que autoriza excepcionalmente a personas y empresas, públicas o privadas, a importar gas natural (GN) y gas natural licuado (GNL) para consumo propio o generación eléctrica.
La norma no habilita un mercado libre de comercialización de gas importado. Los volúmenes adquiridos deben destinarse exclusivamente a las operaciones de quien los importa o a la generación de electricidad. La reventa y la transferencia a terceros están prohibidas y pueden derivar en la revocatoria de la autorización.
La medida busca responder a una dificultad que se ha vuelto cada vez más evidente: Bolivia dispone de menos gas para atender las necesidades de su mercado interno y cumplir sus compromisos externos. La disminución de la producción, el menor margen para exportar y la necesidad de garantizar el suministro energético han colocado al país ante una disyuntiva: encontrar nuevas fuentes de abastecimiento o asumir el costo económico de las interrupciones productivas.
Una década de retroceso
El trasfondo de la decisión está en la pérdida de capacidad productiva del sector hidrocarburífero. Bolivia llegó a producir cerca de 60 millones de metros cúbicos diarios de gas natural en 2015. Para 2025, la producción se situó en torno a los 27,34 millones de metros cúbicos diarios, de acuerdo con datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías. La comparación muestra una reducción superior a la mitad respecto al máximo de aquella etapa.
La caída no solo reduce el volumen disponible para exportar. También obliga a administrar un recurso que debe atender la demanda de hogares, industrias, comercios y generadores eléctricos.
El gas fue durante años una de las principales ventajas competitivas de Bolivia, tanto por su disponibilidad como por las condiciones de suministro al mercado interno. Pero la declinación de los campos productores y la falta de nuevos descubrimientos capaces de revertir esa tendencia han debilitado esa posición.
En este contexto, permitir que las empresas busquen combustible en el exterior supone reconocer que la oferta nacional puede resultar insuficiente para cubrir todas las necesidades de la economía.
La apertura, sin embargo, no significa que Bolivia vaya a dejar de exportar gas de inmediato ni que toda la demanda interna se abastecerá con importaciones. El decreto crea una vía para que determinados consumidores compren el combustible en el exterior cuando la operación sea técnica y económicamente viable.
El precio, la principal incógnita
La autorización puede ayudar a una industria a evitar una paralización, pero también puede obligarla a asumir costos energéticos mayores. La diferencia entre el precio del gas nacional y el importado será determinante para medir el alcance económico de la medida.
Durante años, las empresas bolivianas se beneficiaron de un mercado interno con precios subsidiados. El gas importado, en cambio, deberá adquirirse en función de las condiciones negociadas con los proveedores internacionales, a las que se sumarán los costos de transporte y, cuando corresponda, almacenamiento y regasificación.
Un análisis de la Fundación Jubileo situó en $us 1,30 por millón de unidades térmicas británicas (MMBTU) el precio de referencia del gas para el mercado interno y en $us 6,05 el precio de paridad de exportación. Estas cifras ayudan a dimensionar las diferencias entre los valores del mercado nacional y otras referencias, pero no representan el precio al que las empresas comprarán el gas importado.
El costo final dependerá del proveedor, el volumen contratado, la modalidad de transporte y las condiciones comerciales. Por ello, no se puede afirmar de antemano que todas las industrias pagarán el mismo precio ni calcular un incremento uniforme de sus costos.
Aun así, el riesgo es evidente: si importar gas resulta mucho más caro que adquirir el combustible nacional, las empresas tendrán que absorber la diferencia, reducir otros gastos o trasladar parte del costo a sus productos.
La consecuencia puede extenderse más allá de las fábricas. Un aumento de los costos de producción puede presionar los precios de los bienes y servicios, reducir los márgenes empresariales y postergar inversiones. En sectores que compiten con productos importados, el encarecimiento de la energía puede restar competitividad a la producción boliviana.
La electricidad también entra en juego
La decisión tiene implicaciones para el sistema eléctrico. Bolivia mantiene una importante dependencia de las centrales termoeléctricas, que utilizan gas natural como combustible.
Según las estadísticas del sistema eléctrico nacional, la generación termoeléctrica representó una proporción mayoritaria de la electricidad producida en 2025. Esto convierte al abastecimiento de gas en una variable relevante para garantizar la continuidad del suministro.
El Decreto Supremo 5755 permite que los agentes generadores importen directamente el combustible para utilizarlo en sus centrales. En teoría, esta alternativa puede reducir el riesgo de que la falta de gas nacional obligue a limitar la generación.
Pero la continuidad del suministro no es la única variable que importa. También está el costo de producir cada unidad de electricidad. Si el gas importado resulta más caro, será necesario determinar cómo se reconoce ese gasto dentro del mercado eléctrico y qué efectos podría tener sobre las tarifas.
Por ahora, la norma no dispone un incremento automático de las tarifas eléctricas. Su impacto dependerá de los contratos, las condiciones de operación y las decisiones regulatorias.
Del permiso a la operación
La autorización abre una posibilidad, pero convertirla en energético disponible exige resolver aspectos técnicos, comerciales y logísticos.
El decreto contempla la importación de gas natural por ductos y de gas natural licuado. En el primer caso, la operación dependerá de la disponibilidad de proveedores, las conexiones regionales y la capacidad de transporte. En el segundo, se requerirán servicios de transporte especializado y, según el destino, instalaciones de almacenamiento y regasificación.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías debe aprobar la reglamentación del procedimiento en un plazo de hasta 20 días hábiles desde la publicación del decreto. Posteriormente, el ente regulador deberá establecer los procedimientos de registro, control y prestación de los servicios de transporte y distribución.
Antes de ingresar el combustible al país, los importadores deberán registrar los volúmenes previstos, presentar documentación sobre la calidad del producto e informar el precio de compra. La autorización también estará sujeta a las condiciones técnicas y de seguridad correspondientes.
Otro factor será el acceso a divisas. Comprar gas en el exterior requiere pagar a proveedores internacionales, por lo que las empresas deberán contar con los recursos necesarios para financiar la operación. En una economía que enfrenta restricciones en la disponibilidad de dólares, esta necesidad puede convertirse en un obstáculo adicional.
Una salida para la emergencia, no para el problema estructural
La apertura de las importaciones privadas puede ofrecer una salida para las empresas que necesiten garantizar su abastecimiento. Si el costo de importar combustible es menor que el perjuicio de detener una planta industrial o interrumpir la generación eléctrica, la operación puede justificarse económicamente.
También puede generar oportunidades para desarrollar servicios de transporte de GNL e infraestructura especializada, además de ampliar las opciones de suministro para determinados consumidores.
Sin embargo, los beneficios no están garantizados. La viabilidad dependerá de los precios internacionales, la logística, el acceso a divisas y la capacidad de cada empresa para asumir los costos adicionales. Las compañías más grandes o con mayor capacidad financiera podrían tener más posibilidades de recurrir a esta alternativa que las empresas pequeñas.
El decreto tampoco sustituye la necesidad de recuperar la producción nacional mediante inversiones en exploración y desarrollo de nuevos campos, ni elimina la importancia de diversificar la matriz energética.
La dimensión histórica de la medida está en el cambio de posición de Bolivia: de proveedor de gas para sus vecinos a un país que necesita habilitar mecanismos para que sus propias empresas puedan comprar ese recurso en el exterior. No se trata todavía de una sustitución general del suministro nacional por gas importado, pero sí de una señal de la profundidad del problema energético.
El desafío será evitar que la escasez de gas se convierta en un freno para la producción y, al mismo tiempo, impedir que el costo de importar energía termine debilitando la competitividad de las empresas y encareciendo la vida de los hogares. La medida abre una puerta; su verdadero resultado se conocerá cuando las primeras operaciones permitan establecer cuánto cuesta importar gas, quiénes pueden hacerlo y qué efecto tiene sobre la economía boliviana.
