El analista minero Héctor Córdova sostiene que la Ley 535, vigente desde 2014, debe evaluarse antes de aprobar una nueva normativa.
El analista minero Héctor Córdova.
Fuente: Erbol
Iván Ramos – Periodismo que Cuenta
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El auge del oro contrasta con los escasos ingresos que deja al Estado y los daños ambientales de su explotación. El analista minero Héctor Córdova cuestiona que, por cada 3.000 millones de dólares exportados, el país reciba apenas unos 60 millones por regalías, mientras el exministro de Minería Jaime Villalobos advierte que la informalidad desplaza a las operaciones que cumplen la ley.
COOPERATIVAS BAJO LA LUPA
Córdova sostiene que la Ley 535, vigente desde 2014, debe evaluarse antes de aprobar una nueva normativa. Cuestiona los privilegios al sector cooperativo y advierte que las restricciones para asociarse con empresas privadas dificultan las inversiones y la modernización minera.
Villalobos considera que cooperativas y empresas privadas deben cumplir las mismas obligaciones tributarias, ambientales y de seguridad laboral. “El país merece una minería mucho más productiva, mucho más limpia, mucho más transparente”, afirmó, y atribuyó al Estado la responsabilidad de establecer las reglas y hacerlas cumplir.
ORO: INGRESOS LIMITADOS Y CONTAMINACIÓN
Según Córdova, las regalías representan en promedio alrededor del 2% del valor exportado, mientras que las organizaciones que registran la producción aurífera no pagarían impuestos. También denunció que algunas operaciones cancelan regalías por debajo de las tasas previstas.
El impacto no es solo económico. Córdova advirtió sobre la contaminación por mercurio, que puede llegar a las personas mediante el consumo de peces contaminados y provocar daños neurológicos. Afirmó que el 85% de las organizaciones auríferas opera sin licencia ambiental y reclamó atención médica para las comunidades afectadas.
EL DESAFÍO: CAMBIAR EL MODELO MINERO
Ambos especialistas plantean una transformación que combine tecnología, protección ambiental y controles efectivos. Córdova propone planificar el papel de la minería en la economía durante las próximas décadas e impulsar la investigación y la producción nacional de maquinaria e insumos.
Villalobos insiste en que el cambio requiere voluntad política para formalizar las operaciones y hacer cumplir la ley. El desafío para Bolivia es que la riqueza extraída del subsuelo se traduzca en mayores beneficios para el país, sin dejar a su paso comunidades contaminadas y trabajadores expuestos a condiciones inseguras.