Los actos al margen de las normas legales provocan daños económicos al Estado y a la sociedad, se reducen las obras y aumenta la pobreza.
Fuente: El Diario
La eficacia de la lucha contra la corrupción en Bolivia debe medirse por la identificación de los responsables, la recuperación de los bienes obtenidos ilícitamente y la corrección de las fallas institucionales que facilitaron estos hechos, planteó el jurista boliviano Ciro Añez Núñez durante el Tercer Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal, Delitos Económicos e Inteligencia Artificial.
Pérdida
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
A nivel internacional, la corrupción provoca una pérdida económica global superior al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, lo que equivale a billones de dólares anuales.
Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Foro Económico Mundial, los datos clave sobre este impacto económico son los siguientes: malversación de fondos públicos, hasta 25% del gasto público en el mundo se pierdes a causa de las prácticas corruptas, que afectan a la inversión en desarrollo y bienestar social.
También están los pagos de sobornos, de acuerdo con el Banco Mundial se calcula que éstos a nivel global superan 1 billón de dólares cada año.
Las consecuencias de esas prácticas son el aumento de la desigualdad, debido a que la corrupción reduce los ingresos fiscales de los gobiernos y encarece las obras o servicios públicos.
Asimismo, hay una menor inversión privada por la falta de seguridad jurídica y transparencia, además ahuyenta a los inversionistas, lo que frena la creación de empleos y debilita las instituciones.
El desvío de fondos destinados a la salud, la educación y la infraestructura pública impide cerrar brechas sociales esenciales para el desarrollo de los países, revelan medios internacionales.
Lucha
La verdadera eficacia de la lucha contra la corrupción se alcanza cuando el delito deja de ser rentable, cuando el patrimonio ilícitamente obtenido puede ser recuperado y cuando las condiciones institucionales que hicieron posible la conducta son corregidas, resalta Añez.
Por ello sostiene que no se debe preguntar solamente cuántas personas fueron investigadas, procesadas o condenadas, sino también cuánto patrimonio ilícito fue identificado, cuánto pudo recuperarse y qué mecanismos fueron corregidos para evitar que el hecho vuelva a ocurrir.
La propuesta plantea que la lucha anticorrupción debe combinar integridad, profesionalización, meritocracia, transparencia, digitalización y controles efectivos, junto con mecanismos destinados a recuperar el patrimonio afectado.
En Bolivia, existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas para delitos de corrupción y vinculados con corrupción; sin embargo, adolece de una grave distorsión, pues los programas de cumplimiento normativo o compliance, en vez de ser atenuantes o eximente de responsabilidad, resulta que es una sanción. Por consecuencia, no existe incentivos formales para la prevención.
A pesar de ello, una vez iniciado el proceso penal, el compliance penal tiene utilidad en el ámbito probatorio, a manera de prueba preconstituida, por cuanto permite ordenar y documentar hechos en la fase investigativa, que adquiere valor probatorio al incorporarse posteriormente al juicio.
Por otro lado, amerita un nuevo enfoque, que además de la lucha anticorrupción centrada únicamente en castigar al responsable, es menester avanzar hacia un modelo basado en prevención, trazabilidad patrimonial, recuperación de activos y reparación del daño.
La lucha contra la corrupción no debe terminar con una sentencia. Debería continuar hasta saber dónde está el dinero, quién se benefició de él, qué bienes adquirió y cómo puede ser recuperado. Esta es una de las principales propuestas planteadas, hacia un Modelo Integral de Prevención y Trazabilidad Patrimonial.
El planteamiento propone cambiar el centro de gravedad de la política anticorrupción: prevenir el delito, detectarlo, investigarlo, reconstruir la ruta del patrimonio ilícito, recuperar los activos y reparar el daño ocasionado, recuerda el especialista.
“No basta con castigar: hay que recuperar”. Uno de los principales cuestionamientos es conformarse en apuntar a una visión exclusivamente punitiva de la lucha contra la corrupción pues una condena puede identificar y sancionar al responsable, pero no necesariamente significa que el patrimonio obtenido ilícitamente haya sido recuperado. La persecución penal debe estar acompañada de una estrategia patrimonial capaz de localizar, asegurar y recuperar los recursos, sostuvo.
“La corrupción no debe ser económicamente rentable”, esta frase sintetiza uno de los ejes centrales de la propuesta: impedir que quien comete un hecho de corrupción conserve, directa o indirectamente, los beneficios económicos derivados del delito, apuntó.
“La pregunta clave debe ser: ¿dónde terminó el dinero?, por lo tanto, la trazabilidad patrimonial debiera ser la herramienta estratégica para conectar la investigación penal con la recuperación de activos”, dijo.
Preguntas
Entonces, la metodología debiera buscar reconstruir el recorrido de los recursos desde su origen hasta el beneficiario final y plantea cinco preguntas esenciales: ¿De dónde salió el dinero?, ¿Quién autorizó la operación y por qué? ¿Quién recibió los recursos?, ¿En qué activo se transformaron? y ¿Quién terminó controlándolos o disfrutándolos?, recuerda el experto tras el foro llevado a cabo del 23 al 25 de septiembre de 2026, en la Caja de los Trebejos (Potrero de los Funes, San Luis, Argentina) el III Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal, Delitos Económicos e Inteligencia Artificial.
El evento fue organizado por el Foro Latinoamericano de Delitos Económicos (Flade), con el respaldo del Gobierno provincial, la Universidad Católica de Cuyo y Adace. La convocatoria reunió a más de 750 asistentes, entre juristas, magistrados, fiscales, defensores y académicos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Honduras y Perú.
Durante las jornadas, se debatieron los retos actuales del sistema de justicia ante los delitos económicos, la corrupción, Compliance y la irrupción de la inteligencia artificial en la investigación criminal y el proceso penal.
Investigación
La investigación patrimonial debe considerar que los recursos pueden ser transferidos a terceros, entregados a familiares o testaferros, convertidos en inmuebles o vehículos, utilizados para adquirir empresas, ocultados mediante estructuras societarias o transferidos al extranjero, explicó.
En ese sentido, “lo que no puede reconstruirse difícilmente puede recuperarse”; por lo tanto, la trazabilidad se convierte así en el puente entre investigación penal y recuperación patrimonial.
Es por ello, que Añez sugiere pasara del “compliance de papel” al compliance que funciona en la recuperación de activos y la reparación del daño.
La diferencia está en que el compliance sea capaz de demostrar que los controles funcionan frente a riesgos reales. El documento identifica elementos como la evaluación de riesgos penales, controles efectivos, autonomía de la función de compliance, debida diligencia de terceros, monitoreo, investigación, actualización permanente, trazabilidad y capacidad de reacción.
La cuestión central no es determinar si la empresa “tiene compliance”, sino establecer si el sistema funciona cuando se produce una operación ilícita.
Desde esta perspectiva, el compliance debería ser capaz de demostrar no solamente qué controles fueron implementados, sino también qué ocurrió con el dinero y quién fue el beneficiario final.
La propuesta plantea una nueva arquitectura para enfrentar la corrupción mediante una cadena de actuación de seis pasos: Prevenir – Detectar – Investigar – Trazar – Recuperar – Reparar.
La prevención debe reducir las oportunidades para que ocurra la corrupción. La detección debe activar alertas frente a operaciones irregulares. La investigación debe reconstruir decisiones y responsabilidades. La trazabilidad debe seguir el patrimonio. La recuperación debe impedir que los activos ilícitos desaparezcan o sean transferidos. La reparación debe procurar restituir, indemnizar o compensar el daño ocasionado.
El modelo propuesto busca, en definitiva, que la lucha contra la corrupción no termine cuando se identifica al autor, sino cuando el beneficio ilícito deja de producir beneficios, los activos pueden ser recuperados y el daño ocasionado encuentra una respuesta efectiva.
Comportamiento
Ciro Añez señaló que la raíz del comportamiento corrupto es el egoísmo extremo y la exclusión. El corrupto actúa bajo el dogma de “Yo y los míos”. Su prioridad absoluta es su propio beneficio y el de su círculo cercano, excluyendo al resto de la sociedad.
La mentira y el engaño son las semillas de la corrupción. La verdad es evidente por sí misma, mientras que la mentira requiere ser pregonada reiteradamente con esfuerzo constante.
Fuente: El Diario
