Los analistas plantean preservar la producción de los campos existentes y desarrollar reservas ya identificadas. Foto: Economy.
El país enfrenta una doble presión energética: recuperar una producción de gas natural que se ha reducido tras años de menor exploración e inversión y, al mismo tiempo, resolver el creciente desafío del abastecimiento de combustibles. La reciente eliminación de la subvención al diésel modifica el esquema de precios, pero también abre el debate sobre cómo utilizar los recursos y qué medidas permitirán reducir la vulnerabilidad energética del país.
El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció la eliminación de la subvención al diésel y señaló que su costo representaba unos $us 55 millones semanales, más de $us 2.600 millones al año, según fuentes gubernamentales. El nuevo esquema vinculará el precio del combustible con el mercado internacional, con una transición prevista hasta enero de 2027.
Para Iver von Borries, director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), el problema del gas no puede resolverse de manera inmediata. En el corto plazo, plantea preservar la producción de los campos existentes y desarrollar reservas ya identificadas; en el mediano plazo, considera indispensable recuperar la exploración y atraer capital, tecnología y riesgo privado.
La clave, sostiene, pasa por generar condiciones competitivas mediante una nueva Ley de Hidrocarburos, seguridad jurídica, incentivos a la exploración y una reducción de la burocracia. “Sin inversión no hay exploración; sin exploración no hay nuevas reservas”, resume.
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El físico y analista energético Francesco Zaratti coincide en la necesidad de cambios estructurales, aunque advierte que los recursos liberados por la eliminación de la subvención serían insuficientes para financiar por sí solos una recuperación significativa de la exploración. En su visión, una alternativa de corto plazo es importar petróleo crudo para procesarlo en las refinerías nacionales, que actualmente operarían por debajo de la mitad de su capacidad instalada.
A la vez, plantea acelerar la generación eléctrica con fuentes renovables y avanzar hacia una transición energética de largo plazo, sin abandonar la búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos.
El desafío, por tanto, no se limita al precio del diésel. Bolivia necesita resolver cómo garantizar el abastecimiento mientras reconstruye su capacidad de producción propia. Para Zaratti, esto requiere una política de Estado para la transición energética, atraer inversiones de riesgo y una reestructuración profunda de YPFB.
Von Borries también plantea una transformación del modelo sectorial: un Estado con reglas claras y capacidad regulatoria, un YPFB con funciones empresariales definidas y empresas privadas que puedan invertir bajo condiciones transparentes y previsibles.
La eliminación de la subvención puede modificar las cuentas fiscales y el mercado de combustibles, pero la seguridad energética dependerá de decisiones cuyos resultados tomarán más tiempo. Explorar, reponer reservas, mejorar el abastecimiento y diversificar la matriz energética son procesos que deben comenzar ahora para responder a las necesidades de los próximos años.
