El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a cuestionamientos por la presencia de miembros del cuerpo diplomático en la sesión legislativa del 2 de octubre. Señaló que cualquier acusación de injerencia debe estar respaldada por “elementos objetivos y verificables”.
Por Ernesto Estremadoiro Flores
Fuente: El Deber
El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó este sábado que la sola presencia de representantes diplomáticos durante la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional del 2 de octubre pueda ser considerada un acto de injerencia y sostuvo que cualquier denuncia de interferencia extranjera debe sustentarse en hechos verificables.
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La Cancillería emitió un comunicado después de que surgieran versiones y cuestionamientos sobre la presencia de miembros del cuerpo diplomático acreditado en Bolivia durante la sesión legislativa.
“La presencia de representantes diplomáticos en espacios institucionales y actividades de carácter público no constituye, por sí misma, un acto de injerencia”, señala el documento difundido el 3 de octubre.
El Ministerio agregó que atribuir a los diplomáticos un propósito de interferencia o influencia indebida requiere pruebas y consideró que no corresponde cuestionar su actuación a partir de “interpretaciones o presunciones”.
El pronunciamiento también remarcó que las decisiones de la ALP corresponden exclusivamente a sus integrantes y que no puede establecerse una relación entre la presencia de diplomáticos y las determinaciones adoptadas por el Legislativo sin evidencia que demuestre esa vinculación.
“Bolivia es un Estado soberano y sus Órganos ejercen sus competencias con independencia”, sostiene el comunicado.
La Cancillería recordó además que las relaciones diplomáticas se rigen por los principios de soberanía, respeto mutuo y no intervención establecidos en el derecho internacional y en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
El Gobierno aseguró que mantendrá una relación “respetuosa y constructiva” con las representaciones extranjeras acreditadas en Bolivia, al mismo tiempo que preservará la independencia de las instituciones estatales.
Fuente: El Deber
