El ex dirigente del MIR y ex ministro de Educación regresó al país tras permanecer 17 años fuera. En Influyentes, de EL DEBER, habló del deterioro de las instituciones y planteó una nueva articulación entre partidos, gobiernos subnacionales y sociedad organizada.
Fuente: El Deber
Por César del Castillo
Hugo Carvajal Donoso regresó a Bolivia después de 17 años fuera del país. Ex dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ex presidente de la Cámara de Diputados y ex ministro de Educación del último gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, pasó buena parte de ese tiempo en España.
Carvajal salió del país después de ser incluido, junto con otros integrantes del gabinete de Sánchez de Lozada, en el juicio de responsabilidades por los hechos de octubre de 2003. Durante su permanencia en España tuvo la condición de refugiado político.
Ahora decidió radicar en Santa Cruz de la Sierra. Cuatro meses después de su retorno, estuvo en Influyentes, de EL DEBER, donde habló menos del país que dejó que del que encontró a su regreso. Su diagnóstico pone el foco en el deterioro institucional, pero también en una dinámica ciudadana y económica que, particularmente en Santa Cruz, considera que comienza a caminar por un carril diferente al de la política.
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—Después de tantos años fuera y cuatro meses nuevamente en Bolivia, ¿qué país encontró?
Encuentro un país bastante cambiado. Por primera vez tengo la percepción, especialmente en esta región, de que existe una dinámica ciudadana y económica diferente de la dinámica política. Y eso es positivo, porque la política está en crisis a escala mundial. Siempre se menciona el caso de Bélgica, que estuvo 16 meses sin ponerse de acuerdo para formar gobierno, pero tenía un sistema judicial, económico y una institucionalidad estructurados que permitían que las cosas siguieran funcionando.
Tenemos también un ejemplo más cercano. Perú cambió varios presidentes en un periodo relativamente corto, pero tiene unas Fuerzas Armadas, una Policía y estructuras judiciales y económicas que mantienen su funcionamiento. Ahí aparece la diferencia con Bolivia: la debilidad más grande que noto es el tema institucional. Se ha desvalorizado la institucionalidad y también lo ético. Se instaló una lógica en la que parecía importar enriquecerse rápido o tener éxito inmediatamente.
Destruir institucionalidad y querer borrar el pasado puede servir para establecer un régimen autoritario. Desde mi perspectiva, ese proyecto fue derrotado política y electoralmente en 2025, aunque eso no significa que esas tendencias hayan desaparecido totalmente.
Pero también encuentro una oportunidad. Una democracia necesita partidos políticos, pero está demostrado que los partidos ya no son suficientes. Son necesarios, pero no suficientes. Hay que incorporar todo el eje subnacional que tenemos en el país. Municipios y gobernaciones pueden actuar directamente sobre problemas cotidianos: negociar tarifas de transporte, vigilar precios o controlar el abastecimiento de alimentos. Eso permite amortiguar impactos que siente el ciudadano.
Y hay un tercer componente: instituciones y organizaciones de la sociedad, desde comités cívicos hasta organizaciones sociales que actúen dentro de una lógica democrática. Creo que esos tres ejes —partidos políticos, gobiernos subnacionales y sociedad organizada— deben articularse de una manera virtuosa. Ahí veo una posibilidad para construir gobernabilidad y una mejor gobernanza pública.
—Si la institucionalidad es la principal debilidad que encontró, ¿cómo se llegó a ese deterioro?
Creo que hubo una involución institucional. Podemos verlo en educación. Se quiso cambiar prácticamente todo, incluso el nombre de las normales, y terminamos con retrocesos en calidad educativa, cobertura y con el intento de imponer una educación ideologizada. Pero el problema va mucho más allá de la educación.
La Central Obrera Boliviana, por ejemplo, ya no es lo que era. Lo mismo ocurre con algunas organizaciones universitarias. De por medio aparecieron la prebenda y las dádivas. Hay personas que buscan llegar a un espacio sindical, estudiantil o institucional porque desde allí pueden conseguir becas, viáticos, poder o determinadas ventajas. Entonces, cambia la naturaleza de la representación.
El problema no es que un dirigente consiga beneficios para el sector que representa; esa es parte de su tarea. El problema aparece cuando un grupo captura una institución para obtener beneficios particulares. Ahí la institución deja de ser un instrumento de representación colectiva y se transforma en un espacio del cual se intenta sacar ventaja.
Esa misma lógica puede penetrar empresas públicas y también la Justicia. Se instala la percepción de que todo tiene precio. Por eso la reconstrucción institucional no puede limitarse a cambiar autoridades: hay que modificar una cultura en la que ocupar una institución termina siendo visto como una oportunidad para obtener poder, dinero o privilegios.
—¿Qué papel deberían tener la Justicia y el Ministerio Público en esa reconstrucción?
Creo que un nuevo Ministerio Público y una resignificación de su papel dentro de la Justicia boliviana pueden ayudar mucho. Necesitamos que la gente vuelva a tomar conciencia de que las instituciones tienen normas, procedimientos y límites, y que quien llega a ejercer poder debe desenvolverse dentro de ellos.
En los últimos años se llegó a construir, desde mi lectura, un sistema que buscaba acumular cada vez más información y datos provenientes de municipios, Tránsito, Policía y estrados judiciales. El riesgo de una estructura de esas características es que termine convertida en una máquina de vigilancia, extorsión y chantaje. Creo que muchos bolivianos se sintieron agobiados por esa forma de ejercer el poder.
Cuando ocurre algo así no solamente se deteriora una institución: se rompe la confianza del ciudadano en el Estado. Por eso la Justicia es fundamental. Tiene que volver a existir la certeza de que una persona no depende de cuánto poder tiene, cuánto dinero posee o qué relación mantiene con determinada autoridad.
La reconstrucción, entonces, no consiste únicamente en reemplazar nombres. Significa recuperar la noción de Estado y comprender que una institución está por encima de quien circunstancialmente la dirige. Las personas pasan; las normas, los procedimientos y los límites institucionales deben permanecer.
—¿Ese deterioro también se manifiesta en la forma en que actualmente se ejerce el poder político?
Sí. Un ejemplo es lo ocurrido con el vicepresidente Edmand Lara frente al resultado de una votación parlamentaria. Estamos hablando de una decisión producida en el propio espacio institucional donde desempeña sus funciones. Él puede protestar, cuestionar el resultado o expresar su desacuerdo. Eso forma parte de la política. Pero otra cosa es decir que va a impedir un procedimiento o que no cumplirá determinado acto institucional.
Ese tipo de comportamiento muestra parte del deterioro que arrastra el país. Se pierde la noción de Estado y también la noción de cómo debe desempeñarse una autoridad dentro de las normas y valores de una institución.
Por eso creo que el desafío va mucho más allá de tener partidos o celebrar elecciones. Necesitamos recuperar instituciones y una cultura democrática que reconozca límites. Los partidos siguen siendo necesarios, pero ya no pueden sostener solos la gobernabilidad. Necesitamos gobiernos subnacionales capaces de responder a los problemas concretos de la gente y organizaciones de la sociedad que participen dentro de reglas democráticas.
Si esos tres espacios pueden articularse, Bolivia tendrá mejores condiciones para reconstruir gobernabilidad. Pero para hacerlo hay una condición previa: volver a entender que ejercer poder no significa estar por encima de las instituciones, sino actuar dentro de ellas.
