Ante la querella por presuntas irregularidades en la compra e implementación de un sistema de 13 radares, el exministro de Defensa del gobierno de Jeanine Añez fue el primero en responder públicamente
Actualmente, López se encuentra fuera de Bolivia
El exministro de Defensa, Luis Fernando López, manifestó su disposición a presentarse ante las autoridades que correspondan ante la querella penal en la que se encuentra incluido por presuntas irregularidades en la compra e implementación de un sistema de 13 radares en Bolivia, generando un supuesto daño económico que ronda los Bs 1.478 millones.
“Señor Ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quedo a su disposición para presentarme ante quien corresponda. Mantengo mi posición de llegar a defenderme en libertad, como corresponde”, expresó López en respuesta a la denuncia presentada este jueves ante el Ministerio Público.
La querella fue anunciada por el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien informó que la acción penal alcanza a 19 personas, entre ellas cuatro exministros de esa cartera de Estado, es decir, además de López, el tema alcanza a Reymi Ferreira y Javier Zabaleta (exministros de Evo Morales) y Edmundo Novillo (gobierno de Luis Arce).
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Según la autoridad, la denuncia se basa en una auditoría que identificó observaciones en la contratación, la ejecución y el funcionamiento del sistema de 13 radares civiles y militares y, en relación con López, el ministro Justiniano indicó que el exministro suscribió el quinto contrato
Por su parte, la Procuraduría General del Estado reflejó los tipos penales por los que se está acusando a las exautoridades son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
El pasado mes de septiembre, en una carta publicada en sus redes sociales, el exministro López pidió a las autoridades ejercer su “derecho a regresar” al país, para defenderse en libertad,
“Muchos bolivianos pudieron volver porque la Constitución y la ley así lo permitieron, pido ese mismo derecho para mí y para todos quienes hemos sido perseguidos por razones políticas: el derecho a regresar, a defendernos en libertad, ante jueces independientes y mediante procesos transparentes y con pleno respeto al debido proceso”, señaló en su carta.
