El progresivo empoderamiento de autoridades judiciales desde tiempos del MAS derivó en una crisis y disputa abierta por el poder.
La crisis del Órgano Judicial boliviano ya no se explica como un tropiezo institucional, sino como un conflicto más grande por el poder. La justicia que durante años fue brazo operativo del gobierno hegemónico del MAS se convirtió, cuando ese entonces oficialismo se debilitó, en un actor político con recursos, ambiciones y blindaje propios, sin mecanismos de control ni castigo que lo contuvieran. El choque entre el fiscal Roger Mariaca y el Ejecutivo es su expresión más visible y la presión de Estados Unidos terminó por inclinar la balanza. Lo que queda es un gobierno que depende de un respaldo externo que no controla y un sistema político entero que se cae a pedazos ante la mirada de la ciudadanía.
Fuente: La Razón
Carlos Saavedra, comunicador y especialista en comunicación política, lo resume sin rodeos en conversación exclusiva con Animal Político, de La Razón. «Estamos en medio de una guerra descarnada de poderes», dice. La debilidad institucional del país abrió el espacio, la presión de Washington decantó la correlación de fuerzas y lo que queda es, según su diagnóstico, un sistema político «en estado de coma».
De brazo operativo a poder paralelo
Para Saavedra, el origen está en una promesa incumplida. El ciclo del MAS ofrecía «independencia de poderes» y una justicia «al servicio de la gente». Lo que se construyó, anota, fue otra cosa. «Un esquema paralelo de poder que, mientras existía un gobierno hegemónico muy fuerte, respondía, se le cuadraba y le daba forma a los caprichos del poder», explica.
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El ejemplo que considera más icónico es el rol de los magistrados del Tribunal Constitucional que habilitaron a Evo Morales para la elección de 2019. Ese fue el mecanismo para burlar el resultado del referéndum del 21F de 2016. «Al final, la justicia, en este caso el Tribunal Constitucional, termina dándole forma a un capricho del poder porque estaba subsumida».
A esa subordinación se sumó, a su juicio, un mecanismo que terminó produciendo el efecto contrario al buscado. La elección de autoridades judiciales por voto popular «termina construyendo, lamentablemente, una esfera de impunidad para las autoridades electas, que se creían protegidas por el voto de la gente». Eran, recuerda, «elecciones con muy poca legitimidad y con poca votación; la gente no conocía a los candidatos, y se les da autonomía».
Un monstruo con sed de poder
Mientras el poder político fue fuerte, esa autonomía permaneció latente. Cuando el gobierno del MAS perdió hegemonía, afloró. Las autoridades judiciales, dice Saavedra, «empiezan a desmarcarse de sus decisiones y a jugar un rol de paralelismo del poder político».
El salto cualitativo llega cuando la justicia deja de limitarse a ejercer su autonomía y pasa a disputar espacio. «Una de las hipótesis es que la justicia empieza a disputarle a la política su espacio, su poder, y además empieza a confrontarla», sostiene.
A esa disputa política se suma un componente económico que Saavedra vincula con el accionar ilícito de numerosos operadores de justicia, con el narcotráfico como expresión más icónica. El resultado es un cuerpo que se asume con autonomía política, pero no para ejercer a plenitud sus competencias. «Es otro actor político que quiere disputar el poder», explica, con una ventaja adicional en el caso del Ministerio Público: el poder de la acusación. «Se termina haciendo de la justicia una especie de monstruo poderoso con una sed insaciable de poder».
Sin control y sin castigo
Si el empoderamiento tiene una causa técnica, Saavedra la identifica sin rodeos. «El factor crítico de la fractura es la falta de un régimen de control disciplinario al Poder Judicial». La independencia de poderes, aclara, es un principio del Estado de derecho, pero no equivale a un «ejercicio libertino de sus competencias». Los mecanismos de regulación fallan, y el órgano llamado a vigilar es una figura decorativa. «El Consejo de la Magistratura termina siendo una especie de adorno», observa.
A su criterio, a esa falta de control se añadió la falta de castigo ejemplar. De los magistrados que habilitaron a Morales, resume, «nunca pasó nada con ellos». Y la última etapa de esa impunidad fue, para él, escandalosa. Menciona la liberación del juez cómplice y de la exdiputada dentro de lo que se conoce popularmente como el caso narcomaletas. «Nunca se va a saber a ciencia cierta qué tenían», dice. Menciona también la liberación del único detenido en el caso del oro exportado de manera ilegal. Para remate, la imagen «ya grotesca de los millones de bolivianos escondidos en la ambulancia» saliendo de una residencia del fiscal Mariaca.
La mecánica, según Saavedra, era conocida. «Había un escándalo y después los liberaban; los tenían ahí un mes, dos meses, para que el tema saliera del centro de la opinión pública, y ya estaba». De ahí, concluye, que los operadores judiciales se hayan «autopercibido como un suprapoder impune».
El caso del fiscal Roger Mariaca
Ese poder sin contrapesos tiene hoy un rostro. En los últimos días, el fiscal Roger Mariaca cuestionó públicamente el decreto sobre la suplencia de la presidencia en caso de ausencia del primer mandatario y desafió al Ejecutivo con declaraciones directas. Para Saavedra, el episodio es la expresión más nítida de la fractura.
Describe a Mariaca como «un hombre que acumula mucho poder»: fiscal departamental de Santa Cruz durante al menos cinco años, en una de las fiscalías más complejas del país, donde pasa la mayor cantidad de casos de narcotráfico. Recuerda que obtuvo los dos tercios para llegar al cargo cuando la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional «no se ponía de acuerdo en nada». En una votación «sui géneris» rodeada de rumores sobre intereses movilizados.
Su crítica al papel que asumió es institucional. Admite que existe «una total duda razonable» sobre la constitucionalidad del decreto de sucesión, pero subraya que un fiscal no puede interpretar ni negar decretos. «No es competencia del fiscal interpretarlo, y el hombre lo interpreta». puntualiza.
La relación, añade, tenía además ambigüedades. Según Saavedra, la Fiscalía había rechazado las denuncias presentadas por un ciudadano de Santa Cruz y por el propio vicepresidente Edmand Lara contra la esposa del presidente.
Una guerra declarada
El quiebre definitivo, sostiene, llegó con el comunicado del Departamento de Estado. A partir de la conferencia de prensa posterior, Mariaca «asume el rol de un actor político y empieza a plantear temas que son complejos, que son duros, en contra del gobierno y del presidente». Para entonces, concluye, «ya estaba totalmente declarada la guerra». Y tras el comunicado, el fiscal «pasa del desafío a la amenaza».
La lectura de Saavedra incluye otros hechos. Cuenta que uno de los hijos de Arce «estaba a punto de obtener su revocatoria, su libertad, su detención domiciliaria, hasta que sale el comunicado del Departamento de Estado y empiezan a revertir». La imagen final es la de un fiscal acorralado. «Ves cómo un hombre tan poderoso, o que se sentía tan poderoso, termina acorralado, no por un poder local», señala.
Para Saavedra, ese choque no es una anomalía. «Siempre va a haber tensiones entre dos actores que disputan poder, y aquí lo que había era una disputa de poder», dice sobre Mariaca. Y lo mismo vale para el cuadro general: lo que está de fondo, insiste, es una guerra de poder en la que «los amigos de la justicia no son ningunos tontitos».
En esa guerra, el factor decisivo no fue interno.
El factor Estados Unidos
«Sudamérica pasa a ser nuevamente un objeto de deseo de fuerzas geopolíticas internacionales», afirma Saavedra. Contrasta el momento actual con el de hace una década, cuando la región tenía liderazgos del socialismo del siglo XXI afines a Rusia o Cuba. Hoy, dice, el mapa «ha cambiado drásticamente», y eso abrió «una oportunidad para una política decidida, fuerte» de Washington. Como antecedente, la estrategia de seguridad estadounidense de noviembre de 2025 formaliza la llamada doctrina Donroe. Tras la misma se dio intervención en Venezuela y el derrocamiento de Nicolás Maduro.
Su evidencia más reciente es un mensaje del jefe del Departamento de Estado norteamericano. «El tuit de Marco Rubio es la admisión más clara de que a Estados Unidos le interesa tener presencia y poder en Bolivia. Y obviamente está desarrollando una estrategia en toda la región». El respaldo a Rodrigo Paz, agrega, «es clarísimo», y el factor internacional «ha sido clave para decantar la correlación de fuerzas locales».
Otros poderes fácticos
Saavedra no reduce el fenómeno a la política internacional entre Estados. Recuerda que «un poder fáctico en Bolivia había terminado siendo el narcotráfico», con estructuras organizacionales internacionales que hicieron del país un centro de operación. Por eso resume la coyuntura así: «Bolivia ha sido el teatro de operaciones de una pelea de fuerzas transnacionales».
La paradoja, advierte, es que parte de la opinión pública acepta lo que antes habría rechazado. «La gente está hastiada de un sistema político institucional profundamente corrupto. Hasta el punto de que valores como la soberanía quedan en segundo plano y la gente prefiere exigir seguridad». A muchos, dice, «no les interesa la injerencia de factores externos con tal de que se pueda generar cierta certeza». Con todo, advierte que “es realmente penoso lo que está pasando».
En qué queda el gobierno
El gobierno de Paz sale de este episodio con un respaldo que no controla. Saavedra lo plantea sin eufemismos. «El gobierno ha necesitado fácticamente de alianzas internacionales para poder ejercer poder, porque obviamente también se ha terminado enfrentando a otras estructuras transnacionales».
El Ejecutivo se esfuerza en presentar lo ocurrido como un logro de su gestión. Para Saavedra, el mismo hecho expone otra cosa. «Hay debilidad estatal, hay debilidad gubernamental, porque esa es la situación política real». Lo que se termina develando, agrega, es «una precariedad muy fuerte en la institucionalidad boliviana, que genera las condiciones de posibilidad para el accionar de otro tipo de fuerzas externas».
Un sistema en estado de coma
Pero el golpe no se detiene en el gobierno. «Yo veo un sistema político, no solo un gobierno, en estado de coma, absolutamente debilitado, con una crisis sistémica de confianza y de credibilidad. Creo que trasciende al gobierno».
Ni siquiera el evismo, que según el planteamiento de la conversación buscaba capitalizar la debilidad oficial con una movilización en octubre, escapa a ese diagnóstico. Saavedra no ve ganadores. «La gente hoy no cree en el Legislativo, en el Ejecutivo, en el Judicial, en los partidos, en los liderazgos». Hay, dice, «una desconfianza total, un descrédito total». Y añade una frase que resume el vacío: «no hay nada del actual sistema que pueda mínimamente enamorar a la gente con un proyecto de futuro».
El riesgo que viene
El cierre de su análisis es una advertencia. Saavedra cree que el sistema político tiene que entender la magnitud de los hechos que tiene enfrente. Y aun así, ve «realmente difícil» una recomposición y un nuevo pacto de convivencia con la sociedad. Lo que observa es «un divorcio muy profundo, yo diría que casi irreversible», que puede terminar generando las condiciones para la irrupción de outsiders polarizantes.
La conclusión es una proyección electoral. «Esta situación puede decantar una futura elección donde liderazgos extremistas, ante la crisis multidimensional y moral del sistema, puedan tener una opción seria de disputar el poder».
Fuente: La Razón
