Mientras cientos de balsas remueven el oro del río Madre de Dios, el mercurio amenaza la salud de las comunidades que viven de sus aguas. Ante la minería ilegal y la insuficiente respuesta del Estado, los pueblos indígenas han decidido actuar por su cuenta. No defienden solamente un río: defienden el agua que beben, los alimentos que llevan a sus mesas y el futuro de sus familias.
Las evidencias son preocupantes. Informes y pruebas presentadas ante la justicia, señalan que habitantes del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) presentan niveles de mercurio y otros metales pesados por encima de los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud. Estudios realizados entre 2023 y 2025 encontraron presencia de mercurio en hombres, mujeres y niños de las comunidades ribereñas del río Madre de Dios. El problema ya no es una amenaza futura: está entrando en los cuerpos de quienes viven junto al río.
Y, sin embargo, hay una señal que debería marcar un antes y un después. El Tribunal Agroambiental emitió un fallo histórico que ordena suspender actividades mineras no autorizadas y reconoce al río Madre de Dios como sujeto colectivo de derechos. Es decir, la justicia ha reconocido que el río no puede ser tratado simplemente como un lugar del que se extrae oro hasta agotarlo. El río tiene derechos y quienes dependen de él tienen derecho a defenderlo.
Ante la ausencia de una respuesta estatal suficiente, son las propias organizaciones indígenas las que están asumiendo el control territorial. Establecieron el 30 de septiembre como plazo para el retiro de las actividades mineras del tramo del río que atraviesa el TIM II y, comenzaron a desalojar las balsas utilizadas para la extracción de oro. No es una acción menor. Es una decisión que implica riesgos y que puede provocar enfrentamientos con quienes consideran el río una fuente de riqueza antes que un espacio de vida.
Las cifras ayudan a dimensionar lo que está ocurriendo: se ha documentado la deforestación de unas 8.000 hectáreas y la presencia de cientos de balsas extractoras, cerca de 300 durante la época seca y más de 480 en temporada húmeda. Muchas operan fuera de las cuadrículas autorizadas por la AJAM y sin consulta previa, libre e informada. Frente a semejante magnitud, resulta inevitable preguntar: ¿Qué hace el Estado?
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Cuando se trata de defender la salud de sus hijos, de sus familias y de su territorio, las personas están dispuestas a llegar hasta donde sea necesario. Eso explica la decisión de los pueblos indígenas de Pando, que han asumido la defensa del río Madre de Dios ante el avance de la minería ilegal. Pero lo que está ocurriendo debería ser una señal de alarma para el Estado, en todos sus niveles, y también para la sociedad boliviana.
No debería ser necesario que una comunidad indígena se exponga a enfrentamientos, agresiones o represalias para conseguir que se cumpla la ley. Mucho menos que sus habitantes tengan que arriesgar su integridad física para proteger un recurso del que dependen su alimentación, su salud y su futuro. La defensa del río no puede recaer únicamente sobre los hombros de quienes viven en sus orillas. Es responsabilidad del Estado y de sus instituciones dejar atrás la inercia de los escritorios, hacer cumplir las normas y actuar antes de que el daño sea irreversible.
Pero tampoco basta con exigir respuestas a las autoridades. Como sociedad, no podemos mirar hacia otro lado mientras la contaminación avanza sobre los territorios indígenas, como si se tratara de un problema lejano que no nos concierne. La defensa del agua, de los bosques y de la biodiversidad es una tarea colectiva. Exige instituciones que actúen, autoridades que rindan cuentas y ciudadanos dispuestos a informarse, denunciar y exigir soluciones.
El río Madre de Dios no puede convertirse en una sucesión de pozas contaminadas, mientras quienes extraen su riqueza se marchan y las comunidades se quedan con las consecuencias. No podemos esperar a que los pueblos indígenas arriesguen su vida para recién reaccionar. Defender el río es defender la vida, y esa responsabilidad nos corresponde a todos. La pregunta no es solamente qué hará el Estado, sino también qué estamos dispuestos a hacer nosotros para que el agua siga siendo fuente de vida y no una amenaza para quienes dependen de ella.
Jorge Tejada Mozo
Comunicador Social
