No queremos que nuestros enfermos mueran conectados a máquinas que ya no pueden salvarlos.

No queremos que mueran con un dolor que la medicina puede aliviar.

Y no queremos que el Estado les ofrezca la muerte porque no supo ofrecerles ni garantizarles los cuidados necesarios.

La Cámara de Diputados analiza en estos días el proyecto de Ley de Cuidados Paliativos, Muerte Digna y Eutanasia, y el país entero ha escuchado el pedido de Aldrin, un joven con cáncer óseo avanzado que teme morir con dolor. Ese temor merece respeto y una respuesta seria del Estado. Pero la respuesta correcta no es la eutanasia.

Escribo desde cuarenta y seis años de ejercicio de la neurocirugía en Santa Cruz. He conocido las dos caras de este drama: la del paciente al que se le prolonga la agonía con medidas extraordinarias que menoscaban su dignidad, y la del paciente que muere sin el alivio que un analgésico barato podía darle. Ambas son formas de abandono. Ambas tienen solución sin necesidad de provocar la muerte.

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Cuando fui senador presenté el proyecto de Ley de Voluntad Anticipada del Paciente en el Proceso de la Muerte, que hoy he actualizado a la luz de la legislación de la región. Su idea central es sencilla. Toda persona tiene derecho a rechazar tratamientos desproporcionados cuando su enfermedad es terminal e irreversible. Tiene derecho a dejar esa decisión por escrito, para cuando ya no pueda expresarla. Y tiene derecho a recibir cuidados paliativos hasta su último día, con soporte integral para ella y para su familia. Nunca he planteado la eutanasia, y me he opuesto a ella.

Dejar morir no es matar

La diferencia no es de matiz; es de fondo. Retirar un respirador que solo alarga la agonía, no reanimar a un enfermo terminal o sedar a quien padece un síntoma refractario son decisiones aceptadas por la ética médica. Ninguna busca la muerte: buscan aliviar. La eutanasia, en cambio, tiene por objeto causar la muerte, y convierte al médico, formado para curar y acompañar, en quien pone fin a la vida de su paciente.

Reconozco la sensibilidad con que se ha impulsado el proyecto en discusión y comparto su preocupación por el sufrimiento de los enfermos. Pero considero que reunir bajo un mismo título los cuidados paliativos y la eutanasia lleva a tratarlos como si fueran lo mismo. No lo son. Los cuidados paliativos son la respuesta médica al sufrimiento; la eutanasia es la renuncia a esa respuesta.

Coincido con la Conferencia Episcopal Boliviana, que el 15 de octubre rechazó la eutanasia y pidió que los cuidados paliativos lleguen a quienes más los necesitan. Pero mi argumento no descansa solo en la fe: es médico, sanitario y jurídico.

Primero, el cuidado

La razón sanitaria es la más urgente. En 2020 Bolivia contaba con alrededor de 20 equipos de cuidados paliativos, menos de dos por cada millón de habitantes, casi todos en las ciudades capitales. El país figura históricamente con el consumo de opioides más bajo de América Latina, y la morfina, medicamento esencial para el alivio del dolor, falta con frecuencia en farmacias y en los hospitales del SUS.

En esas condiciones, legalizar la eutanasia antes de garantizar el alivio es poner la carreta delante de los bueyes. Muchos pedirían morir no porque su vida haya perdido valor, sino porque nadie les quitó el dolor. Una decisión tomada bajo un dolor que pudo tratarse no es una decisión libre: es la consecuencia de un sistema que llegó tarde.

Lo que la ley debe decir

La razón jurídica es igual de clara. La Constitución garantiza el derecho a la vida y prohíbe los tratos crueles; el Código Penal sanciona el homicidio piadoso. Bolivia no necesita derogar esas normas. Necesita llenar un vacío: la Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico, en sus artículos 12 y 13, que regulan los deberes del médico y los derechos del paciente, no reconoce el derecho a rechazar el encarnizamiento terapéutico ni a expresar anticipadamente la voluntad. Y la Ley del SUS no establece los cuidados paliativos como prestación exigible.

La experiencia regional muestra que hay otro camino. Argentina, Chile y México regularon la voluntad anticipada y los cuidados paliativos sin legalizar la eutanasia. Uruguay muestra el riesgo contrario: su ley de voluntad anticipada de 2009 terminó siendo, dieciséis años después, el antecedente de la eutanasia aprobada en 2025. Por eso mi proyecto actualizado excluye la eutanasia de forma expresa y no deja esa puerta entreabierta.

Santa Cruz puede mostrar el camino

Los pacientes en fase avanzada de todo el departamento llegan a los hospitales de tercer nivel de la capital: el Oncológico, el Japonés, el San Juan de Dios y el Hospital de Niños. Con la ley que propongo, cada uno de ellos tendría una unidad de cuidados paliativos, y las redes de salud contarían con atención domiciliaria para que una persona de Camiri, de San Ignacio de Velasco o de Vallegrande pueda pasar sus últimos días en su casa, junto a los suyos y sin dolor. Las redes macrorregionales que ordenan nuestro sistema son la estructura natural para llevar ese cuidado al territorio.

Propongo a la Asamblea Legislativa tres pasos concretos. Primero, separar el capítulo de cuidados paliativos del proyecto en curso y aprobarlo sin demora. Segundo, incorporar la voluntad anticipada y la prohibición expresa del encarnizamiento terapéutico. Tercero, dejar fuera la eutanasia.

Autonomía bien entendida

Se invoca la autonomía para defender la eutanasia. Yo la invoco para defender otra cosa: la libertad de cada persona de decidir sobre los tratamientos que acepta o rechaza, sin que nadie la someta a una agonía artificial y sin que nadie le ofrezca la muerte como salida. Es la misma autonomía que defendemos para nuestro departamento: la capacidad de hacernos cargo de nuestra propia gente, con nuestros hospitales, nuestras redes y nuestras decisiones. Una sociedad autónoma no es la que se desentiende de sus enfermos; es la que se organiza para cuidarlos hasta el final.

Por Germán Antelo Vaca, médico neurocirujano. secretario de Salud y Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, exsenador de la República.