Oscar Ortiz Antelo
La detención, suspensión y reemplazo del fiscal general del Estado, mediante un operativo policial instruido por el Ejecutivo tras la publicación de medidas de suspensión de visas de ingreso a los Estados Unidos de América para varios ciudadanos bolivianos, muestran la gravedad de la crisis estatal que sufre la nación boliviana después de varias décadas de abuso autoritario del poder y de desinstitucionalización de la función pública.
Mal harían las actuales autoridades de los poderes públicos en circunscribir este problema a un caso puntual. Bolivia enfrenta un problema de corrupción generalizada en las estructuras de la administración estatal, con los distintos órganos del Estado bajo sospecha de cooptación por parte de la economía ilícita, la cual ha llegado incluso a controlar espacios territoriales importantes en los que la autoridad formal no logra ejercer las atribuciones que le asigna la Constitución.
En los últimos meses, las autoridades del Ejecutivo han llegado a admitir la existencia de redes de corrupción al interior del mismo gobierno nacional, por ejemplo, vinculadas a la comercialización y al contrabando de combustibles subvencionados, contra las cuales poco han podido hacer, llegando a sufrir una importante pérdida de credibilidad y legitimidad frente a la ciudadanía por los escándalos que los diferentes casos han provocado.
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Para comprender la magnitud de la amenaza que significa para la sociedad y el Estado la cooptación del poder público por parte de redes vinculadas al crimen organizado internacional y a las distintas expresiones de la economía ilegal, es muy útil leer un estudio recientemente publicado por Diálogo Político, titulado La captura del Estado: crimen y economía ilícita en los gobiernos latinoamericanos, de los autores Pablo Zeballos y Douglas Farah.
En este, los autores alertan de que el crimen organizado ya no solo se limita a corromper a funcionarios públicos que le permitan realizar sus actividades de forma impune o a sustituir a la autoridad estatal en determinados espacios territoriales de las jurisdicciones nacionales, sino que también está logrando controlar directamente las estructuras estatales mediante la cooptación de funcionarios y autoridades que se convierten en servidores de estas organizaciones.
Como advierten los autores, los grandes montos de recursos que genera la economía ilícita le permiten financiar candidaturas en los distintos niveles del Estado, logrando la elección de personas que le deben su victoria y que renuncian a su condición de servidores públicos para devolver los favores que posibilitaron su elección.
Según las estimaciones de distintos organismos internacionales, la economía ilícita representa más del 20 % de la economía latinoamericana, por lo cual tiene un potencial de impacto sustancial para alterar la gobernanza de los distintos países, con el consiguiente efecto corruptor en la administración pública. Si bien el estudio solo se refiere tangencialmente a Bolivia, pues se concentra en economías de la región más grandes que la nuestra, sus hallazgos y conclusiones deberían ser analizados por nuestras autoridades y por los organismos a cargo de la seguridad del Estado.
El desafío de la institucionalización del Estado, en sus distintos órganos, niveles y entidades, es seguramente el más importante que el país enfrenta para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como para resguardar la existencia misma de la democracia y el Estado de derecho.
Esto debería llevarnos a discutir nuevamente las funciones del Estado en la sociedad y en la economía, así como a preguntarnos qué significa un Estado fuerte. No es lo mismo un Estado grande que un Estado fuerte.
Actualmente, tenemos un Estado grande, se podría decir que gigantesco, lleno de empresas estatales y de instituciones burocráticas que, en lugar de servir al ciudadano, lo oprimen con exacciones de todo tipo.
Al mismo tiempo, es un Estado débil, incapaz de cumplir con sus funciones esenciales, como garantizar la justicia y la seguridad de los habitantes del territorio nacional. Para ello, es mejor tener un Estado pequeño y fuerte, que se concentre efectivamente en cumplir aquellas funciones que los ciudadanos por sí mismos no pueden resolver y así brindar a la sociedad las condiciones de paz y prosperidad que constituyen la razón de ser de todo Estado.
