El reporte también identifica el levantamiento de la subvención al diésel como uno de los factores que incidieron en la conflictividad.
Por Boris Góngora
Varias personas bloquean una calle en La Paz en demanda de gas licuado. Foto: APG
Fuente: La Razón
Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, el Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT) registró 168 eventos a nivel nacional, de los cuales 109 fueron conflictos concretados y 59 quedaron en anuncios, según el reporte presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya
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El informe señala que las tensiones se concentraron principalmente en el eje central del país y estuvieron relacionadas con demandas económicas, laborales y de gobernabilidad. En ese periodo, la Defensoría del Pueblo intervino en el 42% de los conflictos detectados, con acciones orientadas a facilitar el diálogo y prevenir una mayor escalada de las disputas.
“Los conflictos no disminuyeron pese al Estado de Excepción, debido a las demandas estructurales y económicas que siguen latentes, como el acceso a la alimentación y el derecho al empleo. Vemos que es urgente fortalecer la democracia deliberativa y reforzar los espacios de diálogo para prevenir escaladas de violencia”, advirtió Callisaya.
De acuerdo con el documento, los conflictos económicos encabezaron los registros, con 45 casos. Les siguieron los relacionados con la gobernabilidad y los asuntos laborales y salariales, con 14 casos cada uno. También se reportaron siete conflictos vinculados a educación, siete a salud y cinco a vivienda.
En cuanto a los derechos afectados, los laborales ocuparon el primer lugar, con 16 registros relacionados con la falta de pago de salarios, la estabilidad laboral y otras demandas del sector. El derecho a la alimentación registró ocho casos, vinculados al incremento del precio del diésel, mientras que educación contabilizó seis.
El reporte también identifica el levantamiento de la subvención al diésel como uno de los factores que incidieron en la conflictividad durante el periodo. La medida tuvo repercusiones en la economía, el transporte y la alimentación, y generó rechazo de distintos sectores sociales.
La mayor cantidad de conflictos se registró en el departamento de La Paz, con el 22% del total nacional. Santa Cruz y Cochabamba ocuparon el segundo lugar, con el 20% cada uno.
El documento advierte que la persistencia de demandas económicas y sociales mantiene latentes las tensiones, por lo que plantea fortalecer los espacios de diálogo como mecanismo para atender las demandas y prevenir episodios de violencia.
Fuente: La Razón
