El alcalde paceño calificó la norma como un «boicot» que pondría en riesgo más de Bs 750 millones del presupuesto de la ciudad.
El alcalde de La Paz, César Dockweiler. FOTO: GAMLP
La aprobación de la Ley de Alivio Tributario por el Concejo de La Paz confronta una vez más a ese ente y al Ejecutivo municipal. Mientras los concejales defienden la norma, el alcalde César Dockweiler convocó a la Asamblea de la Paceñidad para “tomar acciones”.
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El alcalde paceño calificó la norma como un «boicot» inconstitucional que pondría en riesgo más de Bs 750 millones del presupuesto de la ciudad. Advirtió que su aplicación podría comprometer la capacidad financiera del municipio.
Según los datos expuestos por la autoridad, los contribuyentes mantienen una deuda tributaria aproximada de Bs 3.100 millones. Mientras que la Alcaldía recibió un déficit fiscal de Bs 450 millones y registra obligaciones superiores a Bs 1.100 millones.
Explicó que los ingresos municipales son fundamentales para sostener el funcionamiento de los hospitales y centros de salud. También para garantizar el mantenimiento de las unidades educativas, ejecutar el mejoramiento de calles, atender el alumbrado público y conservar plazas, parques y jardines.
PERJUICIO
En ese contexto, señaló que una reducción de los recursos disponibles podría afectar programas como el plan “La Paz sin baches”, además de proyectos educativos y de infraestructura que forman parte de la planificación municipal.
La autoridad municipal cuestionó que la propuesta contemple no solamente la condonación de multas e intereses, sino también del capital de las obligaciones tributarias. Sostuvo que esta medida tendría características diferentes a anteriores programas de regularización impositiva, en los que se aplicaban beneficios principalmente sobre las sanciones generadas por el incumplimiento de pago.
También observó que se invoque la pandemia del COVID-19 para justificar beneficios sobre obligaciones correspondientes a gestiones anteriores a 2020, incluso desde 2012.
Dockweiler estimó que el conjunto de medidas planteadas podría representar una afectación económica de aproximadamente Bs 2.300 millones, monto cuyo detalle y alcance serán presentados durante la Asamblea de la Paceñidad.
El alcalde anunció que el Ejecutivo municipal analizará y asumirá las acciones correspondientes en las instancias jurisdiccionales, incluidos los ámbitos penal y constitucional, al considerar que la norma tendría posibles vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad.
PROYECTOS
Asimismo, cuestionó la actuación de los concejales que respaldaron la iniciativa y afirmó que sus decisiones podrían perjudicar la ejecución de proyectos y la prestación de servicios municipales.
“Este alcalde va a defender a su ciudad. No voy a permitir que vengan unos individuos a boicotearle a la ciudad”, manifestó Dockweiler.
Señaló que el encuentro buscará generar un espacio de información y participación ciudadana para definir acciones frente a una norma que, según la posición del Ejecutivo municipal, podría comprometer los recursos necesarios para construir una La Paz con mejores servicios y condiciones de vida para sus habitantes.
