El Órgano Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en septiembre de 2026, el proyecto de ley para la aprobación del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) 2026–2035 y del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2026–2030. Sin embargo, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados no la trató en la sesión de hoy (30 de octubre) por falta de quórum. La demora en su aprobación pone en riesgo la articulación de la planificación estatal.
Fuente: Prensa Ministerio de la Presidencia
El PDES constituye el marco nacional de planificación de mediano plazo con el que deben articularse los planes sectoriales, institucionales y territoriales. Su aprobación es necesaria para que las entidades públicas y las Entidades Territoriales Autónomas concluyan sus respectivos procesos de formulación, articulación y aprobación de sus instrumentos de planificación.
El PGDES establece la planificación estratégica de largo plazo para el periodo 2026–2035, mientras que el PDES define el marco de desarrollo nacional para 2026–2030. Ambos instrumentos fueron formulados durante 2026 mediante un proceso de consulta con actores públicos, sectoriales y territoriales, en el que participaron más de 11.000 personas de aproximadamente 1.600 instituciones.
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El 16 de septiembre de 2026, el Ejecutivo remitió a la ALP el proyecto de Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), destinado a actualizar el marco normativo que regula el sistema de planificación estatal y sus mecanismos de articulación. Esta propuesta también quedó pendiente de tratamiento legislativo.
En cumplimiento a la ley 777, el PDES debe remitirse a la Asamblea para su aprobación con rango de ley durante el primer año de gestión gubernamental. La remisión se realizó el 18 de septiembre, dentro del plazo previsto.
La falta de aprobación del PDES no afecta únicamente la planificación del Gobierno central, sino también la articulación de los instrumentos de planificación de los distintos niveles del Estado. Las entidades territoriales y sectoriales necesitan contar con este marco nacional para completar sus procesos de planificación.